La Constitución vence a los socios de Sánchez: su reforma se queda fuera del discurso político

La Constitución celebra este lunes su 43 aniversario sin que el debate sobre su reforma ocupe hoy ningún espacio relevante en el discurso político. Pero sí tiene sobre ella la presión de los socios del Gobierno para buscar vías indirectas que les permitan avanzar en su programa de «construcción nacional». O, al menos, volver a darle un empujón en el rifirrafe de la lucha entre los partidos.

En principio, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le quedan dos años de mandato. Y en el ecuador de esta Legislatura los socios catalanes, y también ya los vascos, empiezan a valorar cuándo será el momento más propicio para apretar de nuevo al Gobierno de coalición con la cuestión territorial.

La reforma constitucional es una entelequia si quiere hacerse conforme a los mecanismos establecidos en la Ley Fundamental, y ni siquiera para aquello en lo que sí están de acuerdo socialistas y populares puede haber avances porque quedan completamente cortocircuitados por la presión nacionalista e independentista.

Ahora bien, ni ERC, bajo la presión de Junts, ni los nacionalistas vascos pueden renunciar a cobrarse nuevas contrapartidas «nacionales» de su apoyo en Madrid. La conjura de los socios de investidura para que Pedro Sánchez aguante en Moncloa está obligada a no obviar su necesidad de dar aire periódicamente a la ofensiva territorial porque en ello está su supervivencia política y, además, es su coartada para posicionarse mejor electoralmente. ERC, frente a Junts. El PNV, ante EH-Bildu.

Y Sánchez tiene que conjugar sus dos intereses, resistir en el Palacio de la Moncloa, y, al mismo tiempo, hacerlo sin que el precio que paga dinamite las posibilidades electorales del PSOE en las próximas citas en las urnas.

Ahí es donde se le puede complicar la combinación de intereses, no ya porque ceda en líneas rojas sobre las que no puede ceder, que tampoco está en la hoja de ruta de Moncloa, sino porque el ruido en sí agrave el desgaste de las siglas socialistas.

En el entorno de Sánchez dicen que confían en que los socios midan hasta dónde pueden presionar porque «no tienen alternativa» a la continuidad del «sanchismo». Pero en el ámbito autonómico socialista hay recelos: «Nuestro margen de rectificar el discurso propio, como ya hicimos en las anteriores campañas electorales, se queda sin crédito porque ese viraje choca ahora con la imagen que estamos dejando con nuestra gestión. No sería creíble otra vuelta de tuerca españolista».

ERC anda entretenida en la «mesa» de diálogo, que quieren reactivar a partir de enero, y cuentan, por ciento, que el pacto con Sánchez para someter a votación los acuerdos que se alcancen lo tienen cerrado desde que empezaron a hablar con los socialistas para activar este foro.

En el PNV, la estrategia la enfocan a la actualización, revisión, del Estatuto de Gernika. La pandemia ha ayudado a Sánchez a que sus socios relajen la presión en el ámbito territorial porque la urgencia sanitaria, y también económica, viene marcando desde marzo de 2020 las prioridades de todos los gobiernos autonómicos. Pero, a partir de la próxima primavera,si se cumplen las nuevas previsiones sobre la contención del virus, ERC y PNV coincidirán, con sus diferencias estratégicas, en volver a colocar en la agenda la cuestión territorial. Justo en un año electoral, en Andalucía habrá autonómicas, y puede que también en Castilla y León.

Ahora bien, catalanes y vascos saben que están obligados a no pasar por alto el hecho de que el «procés» y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuya viabilidad se llegó a cuestionar seriamente en 2017, dieron un giro inesperado al relato y sirvieron para recomponer la figura de la Carta Magna.

Su reforma se ha aplazado «sine día» y el PSOE ha aparcado también el debate sobre una futura ley de la Corona porque asume que no puede abrir ninguno de estas reformas contando como costaleros con los partidos de la mayoría de la investidura.

Además de que en el Gobierno ya tienen bastante con gestionar un escenario económico y sanitario que no se ajusta a sus previsiones iniciales, a lo que se suman las riñas internas que provoca el perfil de partido de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Resulta, por cierto, que, aunque sean mayoría los ministros que andan a la greña con la ministra, y critican el uso personal que hace de su puesto en el Gobierno, en medios gubernamentales dicen que la relación del presidente del Gobierno con ella es «buena», y no se ha visto afectada por su campaña para hacerse con la izquierda descolocada que dejó en herencia Pablo Iglesias.

Y es desde ese entorno próximo a Sánchez dónde también advierten de que no hay que perder de vista este análisis: «La Comisión Europea sugiere, demanda, aprieta, pero no ahoga. Sucede que aquí la derecha quiere creer que ahoga, pero se autoengañan y confunden a todos». El argumento es la coartada para justificar que habrá acuerdo de la reforma laboral, pero solo con los sindicatos, y que Bruselas lo validará. Sin que entren los empresarios.

Las Cortes Generales celebrarán este lunes el 43 aniversario de la promulgación de la Carta Magna con el tradicional acto institucional, adaptado de nuevo a las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia. Y a pesar de la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición, y de los intentos de reforma indirecta, la Constitución goza de una salud razonable.