Constitución y ciudadanía

Cuando estamos celebrando el cumpleaños de nuestra Constitución de 1978, aparece ante nuestros ojos un frenesí reformador que no se da cuenta de que el principal problema que tiene la Constitución es su aplicación y no su reforma.

No quiero con esta frase pregonar un inmovilismo petrificador al respecto, sino llamar la atención sobre un par de hechos que, a mi entender, están lastrando un desarrollo constitucional ejemplar, ambos derivados del desnortamiento en el que parece estar inmersa buena parte de nuestra clase política y, por su influencia, la misma ciudadanía.

El primero deriva del ataque político a la transición a la democracia que dio paso al texto constitucional. Aquella transición, admirada dentro y fuera de España, que nos permitió aunar voluntades y dar el paso definitivo hacia la adopción de un sistema democrático inserto en el constitucionalismo propio de las democracias occidentales, en vías de integrarnos, al mismo tiempo, en la comunidad internacional y en Europa. En España no hubo nada de Piazzale Loreto, ni condenas a militares golpistas, ni claveles en los fusiles, como había podido suceder en Italia venciendo al fascismo, o en el derrocamiento de los coroneles en Grecia o en la derrota del salazarismo en Portugal. La política de «reconciliación nacional», proclamada por el Partido Comunista de España en su Declaración de junio de 1956, en la que declaró solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco, esa política convergió con los acuerdos derivados del Contubernio de Munich, en 1962, protagonizado, entre otros, por liberales, democristianos y socialistas. El franquismo, contrariamente a lo que algunos manifiestan hoy en día, faltando a la verdad, consciente o inconsciente mente, murió con Franco. Con Franco en su cama, pero murió con Franco. Lo sabemos bien, tanto los que defendíamos la ruptura como los que pregonaban la reforma. Converger en la Platajunta, preparar los Pactos de la Moncloa, la Ley para la Reforma Política y las elecciones del 15 de junio de 1977, no fue tarea fácil para nadie, pero los resultados están ahí, haciendo honor a una ciudadanía que respaldó sabiamente el proceso en un contexto extremadamente difícil.

El segundo hace referencia al desmantelamiento que algunos pretenden realizar del sistema constitucional, mediante distintas iniciativas, pero que convergen en la pretensión de declarar periclitado el sistema que se diseñó en la Constitución de 1978, para sustituirlo vaya Vd. a saber por qué tipo de régimen. Las iniciativas son variadas, pues van desde la re-interpretación de las normas constitucionales haciéndoles decir lo que no dicen, hasta la instauración de mecanismos informales en sustitución de las previsiones legalmente establecidas para tomar decisiones, pasando por la apelación directa a un hipotético «pueblo» que tiene que ser «consultado» sin debate racional previo y sin que se pudiera hacer efectiva la previsión de Bobbio en torno a esa ciudadanía informada, crítica, deliberativa y decisoria que él reclamaba para aumentar el grado de legitimidad de las instituciones políticas.

Ciertamente, la Constitución puede (y debe) ser reformada. Para ello son precisas dos condiciones: saber qué se quiere reformar y contar con las mayorías constitucionalmente previstas para ello. Ni una cosa ni la otra están presentes en el debate político y social en forma adecuada. Mucho menos se tiene en cuenta que uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo, respecto de la configuración del Estado de las Autonomías, no puede ser resuelto sin tener en cuenta que el reparto competencial que la Constitución establece está ya superado por las atribuciones transferidas a una Unión Europea que está inmersa, ella también, en la reflexión generada por la Conferencia sobre el futuro de Europa.

La Constitución de 1978, con el elenco de derechos que reconoce y garantiza, con el despliegue que ha originado mediante los estatutos de autonomía y con el entronque que ha permitido con las organizaciones europeas, ha venido conformando una ciudadanía portadora de un sistema multinivel de derechos que nos identifica como miembros de una de las zonas del mundo a la que muchas personas de otros lugares quisieran pertenecer. Muchos pierden la vida intentando llegar. Los valores de Estado derecho, democracia, solidaridad, igualdad, libertad y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías, constituyen el frontispicio de un sistema jurídico-político único. Este sistema nos identifica y nos protege, y deberíamos estar patrióticamente orgullosos de tenerlo, como españoles y como europeos. No por sentimientos identitarios, ya que nacionalismos y populismos son los dos males a los que tanto en España como en Europa hemos tenido que enfrentarnos durante largas décadas, sino porque nos permite luchar día a día por el libre desarrollo de nuestra personalidad, en condiciones de igualdad y, porque, aún con todos sus defectos, nos hace sentir aquella tranquilidad que, según dicen que Churchill decía, que no está claro pero que «si non è vero è ben trovato», nos permite pensar que si llaman al timbre de madrugada, es que ha sido el lechero.