Los españoles exigen pactos de Estado

El año 2022 será el decisivo para la esfera política, un periodo que estará marcado por las citas electorales que se celebrarán, con el pistoletazo de salida en Castilla y León y los comicios por convocar en Andalucía, bajo la incógnita de si PSOE y Unidas Podemos agotarán la legislatura hasta 2023. Al margen de estas variantes, será el año crucial para que se consolide la recuperación económica a la vez que continúa la lucha contra la pandemia, para lo que es imprescindible la gestión de los fondos europeos para albergar ese necesario crecimiento económico y recuperación del turismo, sector clave en España. El refuerzo del sistema sanitario, las ayudas para la reconstrucción del volcán de la Palma o el indispensable pacto para renovar el CGPJ marcarán la agenda política.

Es por ello que los ciudadanos reclaman a las principales fuerzas políticas más pactos de Estado. Que PSOE y PP sean los artífices de un consenso real después de un año en el que el Parlamento ha sido protagonista de la alta crispación de la que participaban todos los partidos. Así lo respaldan dos de cada tres españoles, o lo que es lo mismo, el 64,1 por ciento frente a un 25,4% que no lo ve prioritario, según la encuesta de NC REPORT para LA RAZÓN realizada en la segunda quincena del mes de diciembre. Una buena muestra de que estos conciertos son posibles fue el acuerdo que alcanzaron Pedro Sánchez y Pablo Casado para renovar parte de los órganos constitucionales a finales de año. Sin embargo, queda pendiente el gran pacto de Estado de esta legislatura, que es la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, tras tres años con su mandato caducado. Es este uno de los deseos de los ciudadanos. El 67,5% pide la firma de un acuerdo a PSOE y PP para poner fin a esta situación de interinidad. Son los mayores de 55 años los que lo exigen con más contundencia, el 73,5%.

Hay una opinión mayoritaria pesimista en cuanto a la posibilidad de que los políticos resuelvan sus diferencias. Buena parte de ello se debe ante esta imposibilidad demostrada hasta ahora de forjarse grandes consensos, a pesar de que las urnas ya han demostrado a nuestros políticos que los ciudadanos exigen unidad y acercamiento de posturas en pro del bien común. Un Parlamento tan fragmentado como el actual es la ferviente prueba de la necesidad de poner en común puntos de vista para hacer frente a los grandes retos. El 83,6% cree que los políticos no resuelven sus problemas, frente a un 9,9.

No es este el único mandato con el que el Gobierno debe cumplir este 2022. Los españoles creen que el Ejecutivo debe proteger y garantizar el uso del castellano en Cataluña. La lengua se ha convertido en el arma perfecta a la que los sectores independentistas se han asido de manera histórica para reclamar la independencia. El caso del menor de Canet de Mar –cuyos padres denunciaron acoso en la escuela por exigir que el 25% de sus clases fueran impartidas en castellano– es uno de los principales ejemplos. Y ello lleva a pensar al 70,1% de los ciudadanos que el Gobierno no ha estado a la altura en este caso, frente al 16,8. Moncloa adoptó un perfil silencioso al limitarse a prestar ayuda al Govern catalán para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Consecuencia de ello es que un 60,1% de la ciudadanía cree que el castellano está en peligro en Cataluña.

Esta es una de las causas que lleva a pedir al Gobierno que ceda en las cesiones a sus socios independentistas. Sobre todo después de finalizar un año en el que Moncloa ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado tras obedecer a sus exigencias políticas y económicas. Un 61,9 por ciento así lo precisa, siendo una opinión mayoritaria en todas las franjas de edad, frente a un 29,6% que opina lo contrario. El Gobierno también debería ponerle freno, en opinión del 65,9 por ciento de los ciudadanos, a la política de acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Y es que Interior ha cerrado el año rozando los 300 traslados de reclusos de la banda terrorista. Según datos de la AVT, el 51% de los presos (94 de 183) están en cárceles del País Vasco y Navarra.

El último trimestre de 2021 ha estado marcado también por dos decisiones políticas, la de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y la de aprobar la nueva Ley de Memoria Democrática. Sobre la primera, el 58,6% avala las reclamaciones de los colectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han impulsado protestas para frenar la normativa por considerar que desprotege a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las manifestaciones que se salden con conflictos. En cuanto a la Ley de Memoria que prevé ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco o la nulidad de los juicios franquistas, la opinión no es unánime: el 45,1 cree que es una normativa «revanchista» frente a un 43,2% que lo rechaza.