Las víctimas quieren llevar ante el juez al interlocutor del Gobierno sobre la situación de los presos de ETA

Las víctimas quieren que el ex consejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga aclare ante el juez su papel de interlocutor con el Gobierno en la aplicación de la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, tal y como pone de relieve un informe de la Guardia Civil que constata, además, cómo el actual portavoz de SARE (la plataforma de apoyo a los reclusos de la banda terrorista) daba cuenta de esas conversaciones al ex miembro de ETA José Antonio López Ruiz, «Kubati».

Tras tener conocimiento del informe policial que evidencia esos contactos con el Gobierno del entorno de los presos de ETA a través del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclamó en julio del pasado año al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que investiga quién está detrás de un centenar de homenajes a presos de ETA– que llamase a declarar como testigo a Azkarraga, una petición que puede respaldar también en los próximos días Dignidad y Justicia (DyJ), que está estudiando la posibilidad de solicitar su comparecencia en sede judicial.

Una diligencia que apoya igualmente Covite, el colectivo de víctimas del País Vasco, que como AVT y la asociación que preside Daniel Portero ejerce la acusación popular en el procedimiento.

Aunque el instructor no ha tomado una decisión al respecto, la Fiscalía no parece dispuesta a secundar esa petición. Fuentes fiscales recalcan que lo que se está investigando en la causa es la posible existencia de «una organización dedicada a organizar ongi etorris». Y recuerdan que aunque el informe de la Guardia Civil ha trascendido ahora, se remitió a la Audiencia Nacional en marzo del pasado año. «No todo lo que es de interés periodístico es de interés judicial», subrayan.

Piden la imputación de la mano derecha de “Kubati”

Sin embargo, fuentes de la AVT argumentan que aunque esas conversaciones sobre política penitenciaria no tienen relevancia penal, sí consideran que la declaración de Azkarraga es relevante para intentar acreditar el funcionamiento de «una estructura estable que asume las funciones de organizaciones ya ilegalizadas como Herrira, Gestoras o Askatasuna y que controla a los presos de ETA y, también, los homenajes».

En el escrito del pasado 22 de julio –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– en el que la AVT pedía la comparecencia como testigo de Azkarraga, la asociación que preside Maite Araluce reclamaba también la imputación de Carlos Saez de Egilaz, ex tesorero del «aparato internacional» de ETA.

La AVT justificaba su imputación «por tratarse de la persona que auxilia y sustituye» a «Kubati» en sus «funciones de responsabilidad» en la denominada «Comisión a favor de los presos» de Sortu, a la que también pertenece López Ruiz.

Del mismo modo, y también en base a la información recogida en ese informe de la Guardia Civil, la asociación de víctimas instó al juez a llamar a declarar como testigos al diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco Julen Arzuaga, abogado de presos de ETA; al también letrado Txema Matanzas, ex integrante de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna; al que fuera responsable del «comando Barcelona» Felipe San Epifanio, «Pipe»; al secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez; a Agustín Hernan Manso, portavoz de Foro Social Permanente, y a la ex presa de ETA María Begoña Uzkudun.

“Las traiciones del Gobierno son continuas”

Para la Guardia Civil, las conversaciones intervenidas en los chats de «Kubati» y otros investigados dejan al descubierto «la estrategia adoptada por la izquierda abertzale de camuflar los actos de homenaje a presos de ETA, organizándolos como manifestaciones y otro tipo de actos de apoyo».

Además del responsable de Instituciones Penitenciarias –a quien se refieren como «el de Madrid», «Ángel Luis» u «Ortiz»–, en esas conversaciones de 2019 se hace alusión a una «gestión con Loza» (el ex delegado del Gobierno en el País Vasco Jesús Loza) respecto al traslado del etarra Zigor Orbe.

«Las traiciones de este Gobierno son continuas. Nos miente. No podemos esperar otra cosa –lamenta la presidenta de la AVT–. Están trabajando mucho en la política penitenciaria, pero para favorecer a los terroristas, en lugar de actuar para impedir los ongi etorris».

Maite Araluce asegura a LA RAZÓN que desde Instituciones Penitenciarias se les ha trasladado que «se reúnen con ellos igual que se reúnen con las asociaciones de víctimas; pero que nos pongan en un mismo plano...». «Con Interior la relación que tenemos es prácticamente inexistente –señala–. La última reunión con Marlaska fue en mayo». «Se limitan a informarnos de los traslados de presos cinco minutos antes», se queja. Y, además, añade, «desde el Gobierno vasco (que ha asumido las competencias de prisiones) ya nos han informado que tienen sobre la mesa varios terceros grados (de presos etarras), por lo que irán saliendo todos a la calle, pero sin colaborar con la Justicia, que es una de las exigencias para concederlo».

«Y los que dicen que están arrepentidos y que están dispuestos a colaborar con la Justicia –subraya–, cuando van a declarar a un juicio sufren amnesia».

Por su parte, el presidente de Dignidad y Justicia cree que los protagonistas de esas conversaciones «deberían dar explicaciones, en sede parlamentaria o judicial». Pero puntualiza que estudiarán a fondo la pertinencia de posibles comparecencias ante el juez. Eso sí, Daniel Portero denuncia que Grande-Marlaska «se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Fue el perseguidor de un chivatazo a ETA y, 16 años después de luchar por la dignidad de las víctimas, ahora se ha convertido en lo contrario».