Moncloa amenaza con llevar a los tribunales a Castilla y León si hay “retrocesos en derechos”

El discurso del Gobierno y el PSOE en cuanto a Vox está plagado de contradicciones. Desde Moncloa y Ferraz se ha alimentado el discurso del “miedo a la ultraderecha” para intentar movilizar a sus bases electorales en campaña y, tras escrutarse los votos, se ha ido más allá asegurando que el partido de Santiago Abascal es un peligro para los derechos, porque amenaza con “pisotearlos”. Ante este panorama que dibujan los socialistas, cabría preguntarse: ¿Qué están dispuestos a hace para evitarlo? El PSOE fue la segunda fuerza más votada en Castilla y León y podría prestar sus votos a Alfonso Fernández Mañueco para que no dependiera de Vox.

Sin embargo, esta opción está descartada por la dirección del partido, tal como informa hoy este diario, y los socialistas adoptan una posición pasiva y subalterna desde la que se mantienen en alerta y “vigilantes”. Así lo ha confirmado hoy también la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, desde la mesa del Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior a la reunión y tras hacer la tradicional prevención de que “no le corresponde a este gobierno pronunciarse sobre la conformación de un gobierno autonómico”, desde Moncloa garantizan que “estarán muy atentos a que no se produzca ningún retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos”. “En especial los de las mujeres. Los derechos y las libertades no pueden ser nunca una monedad de cambio en la conformación de ningún gobierno”, ha dicho Rodríguez.

De este modo, el Gobierno se pone la tirita antes de la herida y ya da por hecha la entrada de Vox en el ejecutivo de Castilla y León antes de que se llegue a un pacto para ello. Responden así a las peticiones de la formación de Abascal en esta región, donde han pedido la derogación de las leyes en materia de memoria democrática y violencia de género. En concreto, fuentes gubernamentales advierten de que recurrirán a los tribunales para frenar cualquier ofensiva que se intente en este sentido y recuerdan cómo se llevó ante el Tribunal Superior de Justicia el intento de establecer un “pin parental” en materia educativa en Murcia.