El Gobierno rechaza promover cambios en la inviolabilidad del Rey

El archivo de las causas judiciales de Don Juan Carlos ha vuelto a reavivar un viejo debate, el de la posibilidad de limitar la inviolabilidad del Rey y circunscribirla estrictamente a su ejercicio como jefe del Estado. Una eventualidad que se valora positivamente por parte del Gobierno, pero que se descarta sistemáticamente por la complejidad que entraña. A pesar de que el propio Pedro Sánchez se ha mostrado partidario de abordar esta cuestión: «Lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época; una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», afirmó el jefe del Ejecutivo en una reciente entrevista en la cadena Ser; lo cierto es que en Moncloa no están dispuestos a abrir ahora este melón.

Por un lado, por una cuestión de mera matemática parlamentaria. Por otro, por la trascendencia que lleva aparejada la reforma constitucional y que podría evolucionar del pretendido cambio quirúrgico a una suerte de referéndum entre Monarquía o República. Fuentes gubernamentales alejan este escenario al no encontrar el respaldo suficiente en la Cámara Baja, ya que anticipan que no contaría con el aval del principal partido de la oposición. «Ahora mismo no se dan las mayorías para una reforma que afecte a la inviolabilidad», descartó públicamente desde la mesa del Consejo de Ministros la titular de Justicia, Pilar Llop.

Más taxativas se muestran en privado otras fuentes que resuelven que en el contexto actual, de incipiente crisis económica por el conflicto bélico en Ucrania, no quieren introducir más elementos de inestabilidad en el debate público. «La reforma constitucional no está sobre la mesa», señalan. Esto, a pesar de que el propio Sánchez ha llegado a reconocer que incluso Felipe VI estaría de acuerdo en que el aforamiento del que disfruta se circunscribiera exclusivamente a su ámbito de actuación y funciones como jefe del Estado. Pero la complejidad de la reforma va mucho más allá de la debilidad del Ejecutivo para impulsarla.

Para cambiar el artículo 56.3 de la Carta Magna, en el que se regula la inviolabilidad del Rey, es preciso una reforma agravada de la Constitución. Este mecanismo de modificación implica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, así como de un referéndum de ratificación posterior. Por lo que Sánchez, que reitera insistentemente que su legislatura va a durar cuatro años, se vería obligado a acudir a las urnas para acometer tamaño cambio en el Título II de la Carta Magna, el que rige todo lo referente a la Corona. Un riesgo político –por no calificarlo de sacrificio– no menor y que no casa con los planes inmediatos de Moncloa, centrados en consolidar la recuperación económica.