El PSOE se pone de perfil ahora en el envío de armas

El PSOE, partido mayoritario en Moncloa se pone de perfil ahora ante la posibilidad de incrementar el envío de armas a Ucrania frente a la invasión rusa, después de que el propio Gobierno anunciara este mes la medida. El Ejecutivo tenía la oportunidad este lunes para refrendar su posición y desmarcarse de Unidas Podemos, partido minoritario en el Gobierno, quien rechaza abiertamente el envío de material ofensivo al país.

En la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el PP defendió una Proposición No de Ley con la que se instaba al Gobierno a «incrementar, en paralelo a las acciones militares pertinentes, todos los esfuerzos, tanto de envío de material defensivo como gestiones diplomáticas para el cese inmediato de las hostilidades». Una medida que sí ha sido aprobada gracias al apoyo de Vox, Ciudadanos y el PNV, pero que ha contado con la abstención de PSOE, Unidas Podemos, que han evitado romper la unidad de voto, y de ERC.

Según los socialistas, la votación fue considerada de «impropia» por presentarse en la citada comisión, mientras que en la de Exteriores ya se había debatido. «Su PNL tiene una parte de acción partidista y oportunista en la que no nos va a encontrar», defendió la portavoz socialista, María Guijarro, que reivindicó «unidad de acción» entorno a Ucrania y acusó a los populares de «irresponsabilidad» por «romper los consensos». Desde Unidas Podemos, su portavoz Pedro Antonio Honrubia, aprovechó para denunciar «el trato desigual» y el «racismo selectivo» que a su juicio hay detrás de la solidaridad con los ucranianos y «no con las personas que huyen de conflictos en otras partes del mundo». «Una guerra es una tragedia pero lo es siempre y en todos los países», también en Yemen, Siria o Palestina, denunció. Desde el partido morado se criticó que la iniciativa se refiriese a la «acción militar». El PNV se desmarcó de PSOE y Unidas Podemos al entender, como el PP, que los ucranianos «deben defenderse», según Josune Gorospe Elezcano. «Si hay algo que legitima el uso de las armas es una fuerte agresión real. Si queremos que los ucranianos combatan por nosotros, hay que darles medios. No podemos dejarlos solos», reflexionó. Por su parte, Vox, solo pidió que el PP aceptara su enmienda para cambiar la palabra «conflicto» por «invasión» y respaldó la proposición.

El PP tenía por fin «buscar una posición unánime contra Putin», en palabras de la portavoz Paloma Gázquez Collado, que creyó que su propuesta sería aprobada con «unanimidad». La propuesta del PP tenía también la intención de instar al Ejecutivo a negociar «con urgencia» en el seno de la Unión Europea, la creación de un plan para la acogida de refugiados y otro de ayuda humanitaria para la población de Ucrania que implique a todos los países miembros». El texto aprobado también reclama al Ejecutivo que inste al «Gobierno ruso al respeto del Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil y el acceso continuado a los servicios esenciales».

Por otra parte, quiere que impulse en el seno de la UE «una respuesta humanitaria rápida y eficaz» que entre otras cosas contemple la apertura de corredores humanitarios y el incremento de la financiación para la continuidad de la ayuda humanitaria, así como que se contemple «la posibilidad de la evacuación individualizada de los ucranianos vulnerables (...) ofreciéndoles apoyo a través del establecimiento de vías legales y seguras» y el acceso al asilo, protección y asistencia, informa Ep. Por último, también pide al Ejecutivo que presente un “plan coordinado con comunidades autónomas, entidades locales y ayuntamientos para la acogida de refugiados« provocados por este conflicto.

La votación en el Congreso de los Diputados llega tan solo unos días después de que PSOE y Unidas Podemos hayan logrado reconducir la crisis interna que supuso la decisión del presidente del Gobierno de enviar armas a Ucrania. Entonces, la ministra Ione Belarra llegó a calificar al PSOE como «un partido de la guerra». Ahora, los morados, que rebajan sus críticas, buscan un «escudo social» con el objetivo de desplegar medidas para bajar la factura de la luz y una subida de impuestos a las grandes empresas, dentro de la reforma fiscal.