El juez interrogará en Argentina a cuatro testigos de los “sobornos” a los Kirchner

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz viajará a Argentina para interrogar a cuatro testigos clave de los supuestos sobornos pagados entre 2008 y 2015 por la empresa Isolux a altos cargos de la Administración Kirchner a cambio de una millonaria adjudicación, un procedimiento en el que el magistrado mantiene imputada a la ex cúpula de la empresa española -incluido el que fuera su presidente, Luis Delso- por haber autorizado presuntamente el pago de esas mordidas.

Según confirmaron fuentes jurídicas a LA RAZÓN, el instructor estaba únicamente a la espera de que las autoridades argentinas autorizaran definitivamente la comisión rogatoria acordada hace casi tres años, en junio de 2020, por su antecesor, el magistrado José de la Mata, en el auto en el que decidió abrir diligencias tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por la posible comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales.

Una vez desde el país suramericano se ha otorgado el plácet, la comitiva judicial se trasladará a Buenos Aires el próximo 18 de abril para practicar esas testificales, según las mismas fuentes.

En la resolución en la que acordó la comisión rogatoria, De la Mata dio también el visto bueno a la declaración como testigos a Juan Carlos y César Arturo de Goycoechea, responsables del Grupo Isolux Corsan en la fecha de los hechos investigados, así como a Mario José Maxit, entonces gerente de la empresa española en el país suramericano. Asimismo, el instructor acordó la testifical de Óscar Bernardo Centeno, quien “se encargaba de transportar a los funcionarios recaudadores a los lugares donde se realizaban las entregas de dinero”. En el procedimiento abierto en Argentina por los supuestos sobornos a altos cargos de la Administración Kirchner, en el conocido como “caso cuadernos de la corrupción”, entre el más de medio centenar de procesados figura la ex presidenta -y actual vicepresidenta- Cristina Fernández de Kirchner (la Justicia de aquel país ha confirmado su procesamiento el pasado febrero, aunque aún puede recurrir).

Los Kirchner, “beneficiarios últimos de la trama”

Según la investigación judicial argentina, altos cargos de la Administración “constituyeron una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015 a través de la cual organizaron un sistema de recaudación de fondos con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de los mismos en la comisión de otros delitos”.

La instrucción puso de relieve que esa supuesta red fue dirigida por Néstor Kirchner (presidente entre mayo de 2003 y diciembre de 2007), ya fallecido, y Cristina Fernández, que le sustituyó en la más alta autoridad de la nación hasta diciembre de 2015, siendo ambos “los beneficiarios últimos de la trama” (así consta en la resolución judicial con la que se cerró la instrucción el 20 de septiembre de 2019. Según se expone en ese auto, las entregas se hacían “en la residencia presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno y en el domicilio particular del matrimonio Kirchner”.

Entre los 31 empresarios que habrían pagado sobornos figura la sucursal argentina de Isolux. Y dado que quienes estaban al frente de la filial suramericana han declarado que esos pagos “fueron autorizados por los responsables de la empresa en España”, la Audiencia Nacional acordó la imputación de la ex cúpula de Isolux. Según puso se relieve la investigación, fue el entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación (quien fue procesado en Argentina por asociación ilícita y 103 delitos de cohecho pasivo), Roberto Baratta, el que solicitó esos pagos después de que en diciembre de 2007 se adjudicase a la empresa española la construcción de una central térmica en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.

19 entregas de 270.000 euros cada una

Con esos pagos, Isolux se garantizaba ese contrato y “la posterior recepción de los abonos debidos por la ejecución de la obra”. No era una cuestión menor, pues el contrato inicial de la central térmica de carbón más austral del mundo (que desde su fallida inauguración en septiembre de 2015 -tuvo que cerrarse 48 horas después- ha estado envuelta en la polémica) se modificó después en once ocasiones por “obras complementarias”. Según la propia información de Isolux en su página web, el proyecto contaba con un presupuesto de 650 millones de dólares (unos 445 millones de euros).

El juez Pedraz quiere ratificar que la filial de Isolux efectuó 19 pagos de unos 300.000 dólares cada uno (270.000 euros al cambio actual). Y es que en sus dos declaraciones judiciales en agosto de 2018, Juan Carlos de Goycoechea admitió 17 entregas por ese importe a funcionarios de la Administración Kirchner entre 2008 y 2014.

Según su declaración, aunque ese dinero se le reclamó como “aportaciones para las campañas electorales, comprendió que se trataba de un eufemismo para pedirle sobornos directamente vinculados a la obra de Río Turbio”, a lo que Isolux accedió porque “tenían miedo de que el Gobierno pudiera rescindir el contrato de la obra”. A lo largo de la investigación, sin embargo, afloraron otros tres pagos en 215, dos años antes de que la empresa española se declarase en concurso de acreedores.

“Un tema delicado”

El ex gerente de Isolux en Argentina negó su participación en los hechos aunque dijo al instructor argentino que era “un tema delicado que manejaba exclusivamente” Goycoechea “con la matriz en Madrid”. Además, desde nuestro país se “transferían periódicamente los fondos a Argentina para cumplir con las exigencias de los funcionarios procesados”. Según los fiscales de Anticorrupcion Ana Cuenca y Juan Pavía, “es obvio que Isolux tuvo conocimiento de las gravísimas irregularidades investigadas”.

Otro de los testigos cuyo interrogatorio autorizó De la Mata, Óscar Bernardo Centeno, quien se encargaba de trasladar a los funcionarios que recaudaban las supuestas mordidas anotó en ocho cuadernos “esas visitas, recogidas y entregas indicando fechas, horas, lugares, cantidades y personas”, aunque las destruyó en mayo de 2018. No obstante, esa información había llegado a manos de la Fiscalía Federal un mes antes a través de un abogado y periodista argentino. En esas anotaciones figuran las 19 entregas de Isolux investigadas por la Audiencia Nacional.