La Audiencia Nacional obliga a Interior a pagar 8.690 euros a un guardia civil herido en acto de servicio

«Luxación glenohumeral por rotura y lesión de hill-sachs» del hombro izquierdo, que tardó 170 días en curar y que le dejó secuelas. Estas son las lesiones que sufrió un agente de laGuardia Civiltras acudir en acto de servicio a una llamada por un posible caso de violencia familiar.Los hechos ocurrieron en abril de 2016, cuando el agente, acompañado de otro compañero, acudió al domicilio de un vecino de la localidad pontevedresa de Gondomar, con antecedentes por violencia doméstica en el ámbito familiar.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda observaron que el hombre estaba destrozando el mobiliario y no paraba de empujar a su madre y su hermana “con ánimo de atentar contra su integridad física”, tal y como consta en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, que en noviembre de 2017 condenó al agresor por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Durante el forcejeo con los agentes, ambos resultaron heridos, uno de ellos de mayor gravedad, motivo por el que el tribunal también condenó al agresor y a la pareja de su hermana, que salió en su defensa, a indemnizar a los dos guardias civiles. Sin embargo, apenas un año después, la misma sala declaraba insolventes a los dos condenados.

Y aquí es donde surge el problema. Según informan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los dos penados realizaron un ingreso de 149,77 euros en dos pagos, cantidad muy alejada de los 8.840 euros de indemnización fijados para el agente que resultó peor parado. Este hecho llevó al agente a presentar en 2020 una reclamación ante el Ministerio del Interior para su correspondiente restitución, pero la Administración rechazó su pretensión alegando que era extemporánea. O lo que es lo mismo, argumentó que había caducado el plazo porque había pasado más de un año desde que los condenados fueron declarados insolventes.

Ahora, cinco años después, la Audiencia Nacional condena al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a abonar 8.690,23 euros a este guardia civil. Considera que no existe tal “caducidad”, ya que la declaración de responsabilidad del delito no prescribe y la insolvencia es provisional. Asimismo, condena a Interior al pago de las costas procesales. Los servicios jurídicos de AUGC en Pontevedra, encargados de recurrir la negativa de la Administración a abonar esta indemnización, argumentaron que los guardias civiles son funcionarios públicos ysi sufren daños durante el ejercicio de su cargo “deben recibir la consiguiente reparación”.

A su juicio, la negativa de la Secretaría del Ministerio del Interior no estaba lo suficientemente motivada para eludir la responsabilidad de indemnizar al agente. Así, recurren a un fallo del Tribunal Supremo que establece: “[…] se trata de hacer valer el principio de indemnidad, de manera que la Administración, como garante de dicho principio, se subrogue como responsable del pago ya declarado en una sentencia penal de carácter firme”.

Por ello, la resolución de la Administración ha quedado anulada por “ser contraria al ordenamiento jurídico” y deberá proceder a abonar al agente los 8.690,23 euros reclamados. Eso sí, una vez realizado el abono, ésta podrá perseguir los bienes de los condenados en calidad de acreedora.