“Caso mascarillas”: El Gobierno pacta con Malasia información a pesar de las penas de flagelación

En el «caso mascarillas» falta una declaración clave, particularmente, para apuntalar el delito de falsificación documental que se le imputa a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Se trata de San Chin Choon, el empresario dueño de la empresa de Malasia que vendió el material sanitario al Ayuntamiento y que hizo «exclusiva» la representación en España de estos dos empresarios. La embajada española en Malasia contestó que para practicarla necesitaba el compromiso español de que si ellos en el futuro pedían «asistencia judicial» en un delito similar -castigado allí con penas de flagelación- la tendrían. El Ministerio de Justicia contestó el pasado mes de enero que sí, aunque fuentes de este departamento puntualizan ahora que en ningún caso practicarán extradiciones en estos términos.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al Ministerio -por el que deben pasar estos trámites- que enviara de «urgencia» la petición para que las autoridades malasias tomaran declaración al CEO de la empresa de las mascarillas (Leno SDN BHD). Así se hizo en mayo de 2021 cuando el fiscal Luis Rodríguez Sol redactó 19 preguntas que hacerle a este hombre y saber si verdaderamente Medina y Luceño falsificaron los documentos que luego presentaron al banco para justificar el pago de las millonarias comisiones. Según consta en el sumario,la embajada de España en Kuala Lumpur contestó a esta comisión rogatoriaque el Gobierno debía tener en cuenta que no existe ningún tratado bilateral entre Malasia y España en materia penal, así que se pedían dos cuestiones.

Por un lado, saber si la Fiscalía intentó de forma extraoficial contactar con las autoridades allí. Algo que sí pasó, según consta en unos correos del fiscal, pero que es bastante común como trámite previo para saber si la comisión rogatoria terminará en la basura. Anticorrupción no obtuvo respuesta en este intento, pero decidió hacer la petición de todas formas. Por otro lado, Malasia dijo: “solicitamos respetuosamente la confirmación del Gobierno de España en si podría cumplir o no con una futura solicitud del Gobierno de Malasia para la asistencia mutua” de este delito teniendo en cuenta que allí la estafa conlleva una pena “no menor de un año ni mayor de diez y flagelación”.

El pasado 31 de enero Justicia informa al Ministerio Público de que le ha dado el visto bueno a Malasia. “Le comunico que ha sido enviada la confirmación por parte del Gobierno de España solicitada por las autoridades de Malasia”. Preguntados en el departamento de dirige Llop si esto no viola los convenios de derechos humanos que rigen en nuestro territorio aclaran que lo que el Ministerio hará será solo dar “trámite a las comisiones rogatorias” que vengan del país asiático y que la decisión final de lo solicitado es siempre de los jueces y jamás del Ejecutivo. Especifican que en materia internacional de cooperación tiene que haber reciprocidad y en base a eso y al convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 se ha suscrito este compromiso.

No obstante, expertos en Derechos Humanos consultados por este periódico señalan el “mal ejemplo” que da España con este escrito. “En el Convenio Europeo de Derechos Humanos el artículo 3 prohíbe las torturas. Si España en algún momento tuviera una persona aquí, si luego da información o envía a esa persona a Malasia donde se practican ese tipo de pena sería nuestra responsabilidad”, dice David Bondía García, profesor de derecho Internacional en la Universidad de Barcelona. “Lo que yo no puedo hacer en mi territorio no puedo permitir que se aplique fuera”.