«¿Y si ahora cualquiera pinta la tumba de la Pasionaria o Largo Caballero?»

El 31 de octubre de 2018, un año antes de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Enrique Tenreiro pintó sobre su tumba una paloma de la paz con pintura roja y escribió «por la libertad». Como dijo a continuación, lo hizo «por la reconciliación de los españoles». En una sentencia hecha pública ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución del escultor gallego, al no encontrar indicios de que su intención fuese atentar contra la libertad de conciencia o los sentimientos religiosos.

«Al no resultar desvirtuados los fundamentos de la sentencia impugnada», el tribunal ha desestimado el recurso que interpuso la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) contra el fallo en el que la Audiencia Provincial de Madrid determinó que la acción de Tenreiro no merecía castigo penal y le absolvió de actos de profanación y daños. Una sentencia que, en opinión del TSJM, contenía una «libre, racional y motivada valoración» de la prueba que practicó la Sala y cuyos hechos probados acepta íntegramente.

La Audiencia de Madrid no apreció que existiese «una profanación o violación de la tumba de Franco con un ánimo de faltar al respeto debido a los muertos» y destacó que el artista no entró en una iglesia cualquiera, sino en la basílica donde se encontraba la sepultura del dictador, y «está claro que iba contra su presencia en el lugar y no contra los sentimientos religiosos de los allí asistentes». En contra de la opinión de la asociación que recurrió la sentencia, que pedía para el acusado dos años y cinco meses de prisión, el TSJM concluye que la acción «no estuvo motivada por un doloso propósito de impedir la celebración de la misa, que ni siquiera había comenzado y que, en todo caso, se vio retrasada unos momentos».

Recuerda que el acusado afirmó que no tenía ninguna intención de interrumpir la ceremonia, y que, al ver que iba a comenzar, se dio prisa en realizar la pintada en la lápida para evitar interrumpirla, y añade que no se produjo una irrupción violenta, intimidatoria o tumultuaria del culto, necesaria para apreciar delito. En su sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el alto tribunal no ve tampoco acreditado que «concurra un ánimo de ultraje» y considera que la asociación recurrente no ha justificado que exista falta de racionalidad o de motivación de la resolución que absolvió al escultor.

La Fiscalía de Madrid, que en el juicio solicitó para él un año de cárcel y que indemnizara a Patrimonio Nacional con 833,41 euros por daños y perjuicios, también decidió en un principio recurrir la sentencia al considerar que la actuación era constitutiva de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, si bien acabó desistiendo.

Pablo Linares, presidente de la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, asegura a LA RAZÓN que el doble fallo sienta «un grave precedente, cualquiera que lo lea puede pensar que sale gratis». «Como no puede ser de otra manera, respetamos la decisión judicial pero tenemos nuestra opinión. Nos parece que es una auténtica aberración y es muy peligroso, porque según eso cualquier enajenado puede ir a la tumba de la Pasionaria a hacer lo mismo», señala. «No queremos dar ideas a nadie pero ahí está el cementerio civil, con Largo Caballero, Pablo Iglesias yun montón de gente susceptible de que alguien, con el mismo nivel, sin ánimo de ultraje, copie la idea», asegura Linares.

«No descartamos», dice, «que haya algún tinte político» y «si por desgracia se ve lo mismo en una sepultura que pertenezca a alguien del signo contrario, a ver qué dice la Justicia y si hay un doble rasero», advierte. «Quede claro que la ADVC estaría igualmente en contra, puesto que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de los vivos y dejar en paz a los difuntos, sean estos quienes sean».

La asociación, que «por supuesto recurrirá» ante el Supremo, lamenta que ni siquiera «han obligado a Tenreiro a pagar el lucro cesante por las entradas que Patrimonio tuvo que devolver al tener que cerrarse la basílica». Y denuncia además que la misa «sí se vio afectada», porque «empezó cuarenta minutos tarde por culpa del incidente».

Pablo Linares asegura también que van a mandar «una nota de queja» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ por la forma en que se desarrolló el juicio. Consideran que «el papel de la magistrada fue cuando menos no acorde a la respetabilidad que se merecía nuestra parte en la sala». Como ejemplo, recuerda que «en el momento en que estaba declarando el prior [Santiago Cantera], ella consultaba el móvil, y cuando fue el turno de nuestro letrado no le prestó atención hasta que se quedó callado...». El abogado «no ha visto una cosa igual en la vida», concluye Linares.