El Gobierno se vuelca con la factura de la luz para frenar su desgaste por la economía

La economía se está convirtiendo en una cargada losa para el Gobierno que puede acabar arrollando a Pedro Sánchez en las próximas elecciones, tal y como ahora apuntan las encuestas. De hecho, el PP es consciente del momento y está centrando ahí buena parte de sus esfuerzos en la oposición (Alberto Núñez Feijóo presentó un plan fiscal para pactar con el PSOE nada más acceder a la presidencia de los populares) mientras Moncloa sigue sin dar con la tecla que permita atemperar los efectos de la crisis del coronavirus y de la guerra en Ucrania y el desgaste de Sánchez y su ejecutivo va a más.

Sobre todo, porque los efectos de la inflación son muy tangibles: tanto en la cesta de la compra como en la factura de la luz, prácticamente cualquier español ha notado cómo se ha ido encareciendo todo en los últimos meses. En este sentido, una de las causas que más ha presionado sobre la inflación es el precio de la energía eléctrica, y la luz lleva ya más de doce meses de subida continua y en cifras desorbitadas (el megavatio hora estaba en 74 euros en mayo de 2021 y en diciembre llegó a los 251 euros). Y las causas continúan siendo prácticamente las mismas que hace justo un año: el encarecimiento del gas y de los precios de los derechos de CO2 (son permisos -uno por cada tonelada emitida de CO2- que obtienen las empresas para poder desarrollar actividades contaminantes).

El Gobierno ya adoptó medidas fiscales (como la reducción del IVA o la suspensión del impuesto de la generación), pero han resultado nada efectivas para controlar el precio de la luz. Después, Moncloa activó un proyecto de Ley para actuar sobre los derechos de CO2: en concreto, tenía como objetivo detraer los “ingresos extra” (o conocidos como “beneficios caídos del cielo”) que percibían las centrales nucleares e hidroeléctricas por el impacto que tienen esos derechos de emisión en el mercado mayorista. No obstante, las compañías eléctricas niegan que eso sea así y se han mostrado desde el primer momento en contra de esta norma. La Ley ha quedado congelada desde hace meses (se aprobó en el Consejo de Ministros en agosto) y ahora se ha convocado para este martes la ponencia para darle un empujón a su tramitación parlamentaria y hay quien cree que se tramitará con rapidez para que quede aprobada antes del verano (cuando el Gobierno la aprobó, tenía intención de que tuviera efectos inmediatos).

Esta Ley superó en octubre el debate de totalidad con una enmienda del PP, apoyada por Vox y que contó con la abstención del PDeCat. En las filas populares también se interpreta que la activación de esta medida trata de conseguir “ingresos” para cubrir costes del sistema eléctrico (compensar el beneficio en la factura de los consumidores). La cuantía que se estimó es que, con el precio de la tonelada de CO2 en 50 euros, el recorte sería de unos 1.000 millones (si bien, ahora la tonelada ha superado ya los 80 euros). En el PP aseguran que el Gobierno no se ha puesto en contacto con el partido mientras que en Ciudadanos sí afirman que ha habido conversaciones con el PSOE.

En todo caso, la ponencia de esta Ley tendrá lugar este martes, 48 horas antes de que también se vote otra medida “estrella” del Gobierno para tratar de abaratar el precio de la luz: el decreto para topar el gas, donde el Gobierno tampoco tiene todos los apoyos garantizados. La medida también llega con retraso (aunque de semanas, en este caso) y la aspiración es que abarate el precio del megavatio hora y pase del entorno de los 200 euros a los 130, una bajada sustancial.

En cualquier caso, ambas medidas coinciden en el tiempo y adquieren mucha relevancia para el resto de legislatura porque, de su efectividad, dependerá también buena parte de las opciones de Pedro Sánchez de vencer en las propias elecciones. La cuestión de la energía es capital porque está influyendo directamente sobre el IPC y es muy tangible para cualquier ciudadano de a pie.