Sanidad intenta recuperar 9,4 millones de los contratos de emergencia de Illa por fallos en la entrega de material

El Ministerio de Sanidad intenta recuperar 9,4 millones de euros que pagó en 2020 a empresas de material sanitario que suministraron mascarillas, guantes o test Covid defectuosos o fuera del plazo de entrega acordado. Así consta en el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia suscritos por el ministerio que entonces dirigía Salvador Illa para hacer frente a la Covid-19 en los primeros meses de la pandemia.

Un informe en el que el organismo fiscalizador señala que en ocasiones se recurrió a empresas de insuficiente solvencia que no tenían la capacidad de suministro pactada o eran incapaces de servir el material en los plazos acordados.

En ese informe, cuyas conclusiones se avanzaron hace unos días y del que se conoce ahora su contenido íntegro, el organismo fiscalizador cifra en un 22,44 por ciento el porcentaje de expedientes fiscalizados en los que se produjeron “incidencias”, como retrasos en los plazos de entrega de los suministros (10,20 %), modificaciones (4,08 %) o incluso el incumplimiento del contrato dando lugar a su resolución anticipada (8,16 %). Debido, apunta al tribunal, a posibles “insuficiencias en la capacidad de producción y de suministro de algunas de las empresas adjudicatarias” a las que recurrió Sanidad o a “una falta de verificación suficiente” por el Ingesa de la solvencia de las mismas.

Eso sí, el organismo apunta en descargo de Sanidad que esas adjudicaciones coincidieron con el inicio de la pandemia, “en una situación de emergencia excepcional y en un contexto de desabastecimiento mundial de determinados productos sanitarios, en los meses de marzo, abril y mayo del año 2020″.

Sanidad optó por resolver cuatro contratos de forma anticipada por incumplimientos de las empresas adjudicatarias. Y el dinero desembolsado es precisamente lo que ahora reclama junto a los intereses y daños y perjuicios. En total, al menos 9.427.641,46 euros.

“Seguimiento” de la recuperación de los fondos

El Tribunal de Cuentas deja claro que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) aún no ha podido recuperar las cantidades reclamadas, por lo que el organismo “hará el oportuno seguimiento de la recuperación de estos fondos”, para lo que Sanidad deberá remitir toda la información al respecto.

En el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se investiga al director del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, y a otros dos altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por la compra de material sanitario en los primeros meses de la expansión del virus.

En el primer expediente resuelto por Sanidad, se reclama a la empresa adjudicataria 779.301,75 euros, cantidad que fue abonada el 26 de marzo de 2020 por 55.080 envases de 500 ml de gel desinfectante de manos. El ministerio de Illa tomó la decisión tras comprobar que la empresa entregó un gel que no tenía la consideración de producto sanitario.

52 millones de guantes

En el caso de la compra de 52 millones de guantes de nitrilo, por los que se adelantó el 30% del precio (casi 1,7 millones) como señal del “bloqueo” del producto, y el 70% restante (3.894.800 euros) tras la presentación del certificado de “producto en fábrica para salir”, el contratiempo fue el incumplimiento de los diez días de plazo de entrega (ni en los diez más que fijó el Ingesa de ultimátum). Ese incumplimiento de una obligación “esencial” llevó a Sanidad -que ahora reclama a la empresa 5.564.000 euros, a expensas de determinar daños y perjuicios- a resolver el contrato el 16 de octubre de 2020.

También por la demora en la entrega del material el Ingesa canceló de forma unilateral otro contrato un día antes, el 15 de octubre, para reclamar en marzo de 2021 un total de 477.826,38 euros.

Por último, el Tribunal de Cuentas hacer referencia a la adquisición de mascarillas FFP2 y KN95 (igualmente en octubre de 2020) por parte del Ingesa, que detectó que uno de los lotes, de 999.600 unidades, “no era apto para su distribución” al no ofrecer “las garantías de protección requeridas”. Por este expediente Sanidad intenta recuperar 2.444.939,61 euros.

La premura con la que Sanidad se vio obligada a hacer acopio de material sanitario en esas primeras semanas de la pandemia -en un contexto generalizado de desabastecimiento- queda de manifiesto, por ejemplo, en otro de los expedientes analizados por el Tribunal de Cuentas, en este caso de test Covid. Sucedió que la empresa suministró unos kits distintos a los contratados. Y aunque resultaban igualmente eficaces, el precio final se disparó en 136.953,38 euros (dentro del límite máximo del 50% que contempla la ley).

“Insuficiente capacidad de producción y suministro”

La justificación del proveedor fue la “rotura de stock” y las “necesidades de suministro urgente durante la pandemia” -recuerda el tribunal, para el que si bien esas razones “pueden resultar comprensibles teniendo en cuenta el contexto de desabastecimiento mundial” derivado de la crisis sanitaria, “reflejan la insuficiente capacidad de producción y suministro por parte de la empresa” elegida por Sanidad “y ponen en cuestión, en definitiva, su solvencia para cumplir adecuadamente el objeto del contrato en aquél momento”.

Además de la entrega de material de peor calidad o de un precio más elevado, otro de los problemas con los que se topó el Ingesa fue el retraso en las entregas. Así sucedió con uno de los contratos para la adquisición de 137.000 test Covid, que se firmó el 31 de marzo de 2020 y que se debían suministrar antes de diez semanas. Pero 104.072 se entregaron fuera de plazo entre el 29 de junio y el 23 de septiembre.

Lo mismo sucedió el 8 de abril de 2020 con la compra de dos millones y medio de mascarillas FFP3, que no llegaron a manos de Sanidad hasta el 26 de febrero de 2021, diez meses después.

El ministerio que dirigía Illa recurrió, por ejemplo, a una empresa que afirmó tener la capacidad para fabricar diariamente diez millones de mascarillas IIR, pero lo cierto es que ningún mes se suministró esa cantidad. Hubo que esperar hasta diciembre para conseguir los 32,4 millones acordados.

135 contratos de emergencia en 2020: 561 millones

En otro expediente, la empresa tardó seis meses en poner en manos de Sanidad las mascarillas FFP2 firmadas, cuando el plazo estipulado era de dos meses. Algo similar sucedió con el suministro de 700.000 hisopos para detectar la Covid-19, que debían servirse en dos semanas desde el 17 de abril, aunque la entrega no se completó hasta el 10 de junio.

Al margen de esos cuatro contratos que Sanidad se vio obligada a resolver por los incumplimientos reseñados, el Tribunal de Cuentas sostiene que en los 27 expedientes (55,10 % del total fiscalizado) en los que el pago se realizó mediante el sistema de fondos librados a justificar “se han rendido las correspondientes cuentas justificativas en los plazos establecidos en la normativa” y se ha procedido al reintegro de los fondos no invertidos.

El Ingesa adjudicó 135 contratos de emergencia en 2020, por una cuantía total de 561.129.334,36 de euros, de los cuales el Tribunal de Cuentas ha analizados 49 expedientes por importe de 538.440.926,87 euros, lo que supone el 95,96 % del importe total contratado con carácter de urgencia por ese organismo.

Aunque en esta situación de emergencia no es obligatorio recabar varias ofertas antes de la adjudicación, el tribunal constata que en los expedientes examinados “no existía constancia documental acerca de los criterios de adjudicación aplicados”, por lo que se solicitó información al Ingesa sobre “cuáles fueron los criterios seguidos para seleccionar a las empresas que resultaron adjudicatarias”.

Según explico Sanidad, el Ingesa consulto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las Secretarías de Estado de Hacienda y Comercio, al Instituto Carlos III, a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, al Ministerio de Hacienda, al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y a la oficina comercial de la Embajada de España en Pekín (que por ejemplo fue la encargada de facilitar a Sanidad un listado de 19 posibles proveedores de material sanitario el 22 de marzo de 2020).