Moncloa esperará al PP hasta julio para renovar su cuota del TC

El Gobierno lleva días emitiendo señales equívocas. Por un lado, fuentes gubernamentales señalan que quieren relevar en condiciones de «normalidad» a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato caducó el pasado domingo, lo que obliga a alcanzar un acuerdo previo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otro, y ante la negativa de los populares, varios ministros con autoridad en la materia –Justicia y Presidencia– han deslizado recientemente la «viabilidad» jurídica de nombrar en solitario los dos puestos que corresponden al Gobierno.

El relevo al frente del TC en condiciones de «normalidad» requiere el previo desbloqueo del CGPJ, ya que la designación de los nuevos magistrados del Alto Tribunal está condicionada por la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos en su actual situación de interinidad. Una situación de interinidad que se prolonga ya tres años y medio. La renovación de ese tercio de magistrados del TC corresponde a partes iguales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial –a razón de dos cada uno– y tras el enrocamiento del PP para llegar a un acuerdo para el CGPJ, Moncloa había dejado circular la opción de impulsar su cuota de manera unilateral.

Esta maniobra es arriesgada porque podría descarrilar en el Pleno del Tribunal Constitucional, que tiene que dar el visto bueno a las nuevas incorporaciones, si este decidiera tumbar la decisión. El artículo 159.3 de la Constitución deja claro que los integrantes del tribunal «se renovarán por terceras partes», por ello, aunque en Moncloa aseguran que hay sustento legal para hacerlo por su cuenta, han decidido esperar al PP y así evitar un nuevo choque entre el poder ejecutivo y el judicial. Así lo aseguran fuentes gubernamentales a este diario, que asumen que «es el PP quien bloquea y la renovación se producirá cuando ellos quieran». Las citadas fuentes señalan que no está «de momento» sobre la mesa la idea de impulsar en solitario la cuota que corresponde al Ejecutivo y que se darán de plazo hasta julio, horizonte temporal fijado por el propio Alberto Núñez Feijóo, para alcanzar un acuerdo, una vez superadas las elecciones andaluzas del próximo domingo.

En el Ejecutivo priorizan el pacto con el PP, pero se revuelven sobre la eventualidad de que recaiga en ellos la responsabilidad del «parón en la Justicia». Esto, a pesar de que fue el propio Gobierno quien impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impedir que el CGPJ pudiera realizar nombramientos en funciones. Entonces, el movimiento se percibió como una maniobra de presión para incentivar al PP a llegar a un acuerdo. Tuvo escaso éxito. Ahora, los últimos pronunciamientos de los ministros deben leerse en esta misma dinámica; mientras, desde Moncloa prefieren esperar a que pasen los comicios para avanzar con «normalidad».

Esto no es óbice para que desde el Gobierno critiquen la actitud inmovilista de los populares y señalen directamente su negligencia. «Lamentablemente, nos encontramos ante una anormalidad democrática que lleva instalada 1.288 días. Una anormalidad democrática del principal partido de la oposición, que está incumpliendo la Constitución. Desde hace ya dos meses y medio el único responsable de ello es Feijóo. Cada uno ha de cumplir con sus obligaciones, la obligación está en el PP», señaló ayer la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez.

Desde el Ejecutivo se muestran a la expectativa, una vez se supere el horizonte electoral del próximo domingo, para ver la «voluntad que encuentran en el PP». De momento, aseguran no haber percibido ninguna variación respecto a la etapa Casado, porque, aunque en un inicio se había descartado como condición la reforma en el modelo de elección, ahora parece que Feijóo ha recuperado la exigencia que mantuviera Casado como núcleo del bloqueo: que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Fuentes gubernamentales se cierran en banda en este asunto. «Hay unas normas y no se pueden condicionar la renovación actual», señalan.

En Moncloa no están dispuestos a cambiar las reglas del juego en mitad del partido y también rechazan hablar de futuribles, una vez se proceda a la renovación del CGPJ, «de lo que hay que hablar es de lo que lleva tres años y medio caducado». En esencia, desde el Gobierno argumentan que «en España los jueces ya participan de la elección de su órgano, a través de las propuestas de las Asociaciones Judiciales, igual que lo hacen los ciudadanos, a través del Parlamento». «El drama hoy en España no es el procedimiento de elección, sino que el principal partido de la oposición no cumple la Constitución. Una Constitución que cumplimos todos y que no puede cumplirse a la carta o a beneficio de inventario», se quejó la portavoz.