Carles Puigdemont: El desafío se vuelve en contra

Un nuevo grano político en las relaciones de Madrid con Cataluña, horas antes de que Pedro Sánchez recibiera en La Moncloa al presidente de La Generalitat, Pere Aragonés. El largo pulso que mantienen en Europa la Justicia española y Carles Puigdemont ha dado un nuevo giro con la publicación de las conclusiones del abogado general del Tribunal de la Justicia Europea, un informe previo a la sentencia final del TJUE que se alinea claramente con las tesis del juez español Pablo Llarena sobre la ejecución de las euroórdenes que pesan sobre varios políticos catalanes imputados por el «procés». El fugitivo expresidente, que recibió la noticia en Bruselas con su abogado Gonzalo Boyé, y otros antiguos consejeros del Govern como Lluis Puig, Toni Comín o Clara Ponsatí, reaccionó con virulencia: «Lucharemos hasta el final por el ataque a nuestros derechos fundamentales», asegura. Aunque el informe del abogado general no es vinculante, sus tesis pueden inclinar la balanza del veredicto final. De momento, el órdago que mantiene el prófugo desde su huida de España le sale mal y se vuelve en su contra.

Pero según fuentes de su entorno «El Puchi» no se rinde y piensa dar la batalla. En primer lugar porque el informe del abogado sienta bases pero no es concluyente, y en segundo porque Puigdemont goza todavía de la protección del Parlamento Europeo, dónde es eurodiputado, una cuestión que también está en los tribunales. Y una vez terminado el proceso sería de nuevo la justicia belga quien tendría la última palabra. A pesar de este duro revés, el ex presidente no se achanta: «Sabemos la intencionalidad política de este asunto y denunciaremos las contradicciones del informe del abogado con la propia jurisprudencia del TJUE», aseguran sus defensores, instalados una vez más en el victimismo. Hasta el próximo septiembre no se espera una nueva reunión de la sala del tribunal europeo, lo que permitirá al ex presidente toda una campaña política y mediática contra «el estado español opresor», en línea con la imputación de su mano derecha, Laura Borrás, que tampoco piensa dejar su cargo como presidenta del Parlament de Cataluña. «Hemos perdido una pequeña batalla, pero no la guerra», advierte el fugitivo desde su refugio en Waterloo.

Fuentes de su defensa aseguran que la última baza no está cerrada y recuerdan el caso del exconsejero Lluis Puig, a quien la justicia belga mantuvo la inmunidad parlamentaria por estimar que en España no tenía garantías de un juicio imparcial, aunque ahora el abogado general europeo da toda la razón a Llarena. Un dardo que los abogados de Puigdemont quieren utilizar bajo la premisa de que los tribunales españoles no son legítimos ni neutrales. Para el expresidente todo ello es la prueba del «fascismo español» y acrecienta su faceta victimista. Si finalmente prospera la extradición solicitada por el juez del Supremo, Pablo Llarena, Puigdemont debería regresar a España y ser detenido para posteriormente someterse a juicio. Un grano envenenado para ERC en plena batalla interna dentro del Govern con sus socios de JuntsxCat, así como para Pedro Sánchez en sus pactos con ERC en el Congreso. En el entorno de Puigdemont lo tienen claro: no se rinde y recurrirá con todas las opciones jurídicas en su mano. Nadie duda de que su regreso a España complicaría mucho el escenario político y aviva con fuerza el independentismo radical. Si triunfa el voto a favor, la decisión final queda en manos de la justicia belga y El Puchi volvería a España como el auténtico mártir del «procés».

Han pasado casi cinco años desde aquel mes de octubre de 2017 en que Carles Puigdemont despistó a todos, huyó a Bélgica e instaló su corte en Waterloo. Como acusan en ERC desde entonces «ha vivido como un rey», mientras su líder, Oriol Junqueras, permanecía en la cárcel. En todo este tiempo el fugitivo pisó temporalmente una prisión alemana, ha seguido incesante en su reivindicación de la república catalana, logró ser eurodiputado, utilizó como un títere a su sucesor, Quím Torra, observó satisfecho la ruptura de su antiguo partido, el PDECaT con la derrota de su antecesor, Artur Mas, articuló la coalición JuntsxCat y batutó los hilos del separatismo. Rodeado de un núcleo duro en el que figuran su íntimo amigo el empresario Josep María Matamala, los ex consejeros Comín y Ponsatí, y con un «lobby» en Barcelona manejado por los antiguos cargos de la Generalitat, detenidos y luego puestos en libertad, David Madí y Xavier Vendrell, el fugitivo afirma que sigue siendo Mesías.

Con una discreta escolta que le acompaña día y noche, lleva una vida lujosa que, según su entorno, costea con su sueldo de eurodiputado y aportaciones de amigos o empresarios. Una elevada suma que pasa por los casi cinco mil euros de alquiler de la mansión en Waterloo, varios coches con conductor y un reducido personal de servicio. En estos años de «exilio político», teledirige la línea dura de confrontación con el Estado, mantiene el contacto con su familia en Girona, acude a la ópera, lee prensa extranjera y ha aprendido el idioma flamenco que une a su dominio del inglés, francés y rumano. Sus leales aseguran que jamás dará un paso atrás en la vía unilateral hacia la independencia y en los próximos días tiene previsto convocar la Asamblea de Representantes del Consell por la República, lo que él denomina su «gobierno en el exilio», para hacer frente a este revés judicial.

«El Puchi» vive como «un sibarita», acusan en ERC. Para su entorno, sin embargo, una vida discreta marcada por sus aficiones, la música, lecturas y buena comida. Acompañado de sus leales, entre los que figura el diputado flamenco Lorin Parys, suele acudir a cenar al restaurante Pronto Tapas, ubicado en la vecina Lovaina, en cuyo escaparate lucen una gran estelada y fotos de los dos Jordis, Sánchez y Cuixart, en su día encarcelados. En su entorno admiten que se conecta casi a diario por videoconferencia con su esposa, la rumana Marcela Topor, y niegan una separación de la pareja. Puigdemont prosigue con su «dolce vita» y piensa dar la lata.