Dolores Delgado, bajo un permanente conflicto

De nuevo por sorpresa y aduciendo razones personales de salud. Dolores Delgado parece haber seguido los pasos de Adriana Lastra y presenta su renuncia como fiscal general del Estado, dado que el cese en el Ministerio Público solo tiene cabida si se ajusta a las causas establecidas en los Estatutos Orgánicos de la Institución. Con todo, fuentes de la Fiscalía aducen que desde hace meses su situación era insostenible. Una vez más estaba en el centro de la polémica, algo habitual desde su nombramiento. La fiscal Delgado había recibido un duro varapalo del Tribunal Supremo por designar a Eduardo Esteban Rico como Fiscal Jefe de la Unidad Coordinadora Menores. En un auto muy duro, la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulaba ese nombramiento del que alegó «falta de motivación sin cumplimiento de las exigencias mínimas». Todo un revolcón a la decisión de Lola Delgado sobre su amigo Esteban Rico, perteneciente como ella a la Asociación Progresista de Fiscales (APF), amparada en dos recursos presentados por la otra Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera. Además, la AF elevó una misiva a Europa en la que denunciaba el intento de Pedro Sánchez de premiar a Delgado como Fiscal de Sala, máximo rango en el Ministerio Público, iniciativa a la que después el Gobierno renunció.

En los últimos meses, Delgado no controlaba el Consejo Fiscal ni la Junta de Fiscales de Sala, máximos órganos asesores de la Fiscal General, a quien acusaban de «partidismo y dedazo». En concreto, la AF remitió una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Deynders, y a la vicepresidenta para los valores de transparencia, Vera Jourova, en la que mostraba su preocupación por la imagen y falta de imparcialidad de Lola Delgado, con críticas al intento del Gobierno de encubrir su ascenso bajo una enmienda a la ley Concursal, en trámite en el Congreso, para buscar su blindaje como Fiscal de Sala y un mayor control de la Institución. El revuelo dentro del Ministerio Público fue de campeonato y le pilló a Lola Delgado mientras convalecía de una intervención quirúrgica. Hace meses fue operada en una conocida clínica madrileña de un quiste sinovial y lesión facetaria en la columna vertebral. Tras dos horas de cirugía con anestesia general todo fue perfectamente y Delgado se recuperaba sin problemas mientras los fiscales seguían en ebullición. Ahora, ella invoca problemas en su rehabilitación, aunque la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Esteban Rico como Fiscal de Menores, uno de los departamentos más importantes del Ministerio Público, y las protestas de la AF ante Europa fueron dos escándalos sin precedentes que la colocaban en la cuerda floja.

La gestión de Dolores Delgado en estos casi tres años ha estado siempre bajo el conflicto y la polémica. Sectores jurídicos coinciden en que ha llevado a la Institución a un gran desprestigio y escasa imparcialidad. Hasta el punto de que la Fiscalía General del Estado fue condenada en costas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por mala fe procesal en la anómala instrucción sobre el fiscal Ignacio Stampa. Algo inédito que se añade a la denuncia de la Asociación de Fiscales (AF) por irregularidades en la causa contra Stampa, dado que su instructor, el fiscal Carlos Ruiz Alegría, quiso archivar el asunto pero desde la Secretaría General Técnica que depende directamente de Delgado, y cuyo titular ahora la sucede, se le indicó alargar las diligencias, lo que impidió a Stampa optar a una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción. Un turbio entramado que arranca con el llamado «caso Tándem», origen de la detención y entrada en prisión del excomisario José Manuel Jiménez Villarejo por presuntos delitos de blanqueo y organización criminal. Y todo ello, en medio de explosivas grabaciones que revelan la estrecha relación entre Lola Delgado y su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, con Villarejo, así como la vinculación del despacho de abogados del propio Garzón con implicados en el «caso Tándem», con sospechas de tráfico de influencias. Las peticiones para que Delgado dimitiera eran desde hace tiempo un clamor en el desierto.

La exministra de Justicia y ya anterior Fiscal General ha navegado este tiempo entre la polémica, escasa neutralidad y descrédito. Desde su llegada al Gobierno de Pedro Sánchez estuvo en el ojo del huracán político, judicial y el PP exigió su dimisión para sentarse a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «No me des tormento Lola», ironizaban algunos diputados socialistas en el Congreso cuando la entonces ministra de Justicia era la más reprobada por la oposición en la Cámara Baja. El escándalo de sus grabaciones con el excomisario Jiménez Villarejo, en las que se reveló una estrecha relación con su pareja, Baltasar Garzón, cayeron como una bomba en el seno del gobierno y el grupo parlamentario. Lejos de amilanarse Delgado se mantuvo en el puesto, gozaba de la confianza de Pedro Sánchez, pivotó la exhumación de los restos de Franco como Notaria Mayor del Reino e hizo pública su relación con Garzón durante un viaje a Roma. Desde entonces, la pareja nunca se ha escondido y de hecho, ambos ya separados de sus anteriores matrimonios, conviven en una finca a las afueras de Madrid rodeados de naturaleza, huerto ecológico y animales varios. «Una pareja bucólica y con suculentos ingresos», comentan en sectores judiciales.

Al margen de su vida privada, Lola Delgado fue siempre una mujer osada, en el ojo del huracán, sobre todo desde su llegada a la Fiscalía General del Estado, nombramiento que desató una tormenta en el seno del Consejo General del Poder Judicial con los votos en contra de los vocales conservadores por estimar que su paso por el Ministerio de Justicia era un signo de evidente falta de neutralidad. Sus enfrentamientos con los organismos mayoritarios del Ministerio Público han sido constantes y sus favoritismos hacia sus leales, con acusaciones de «dedazos», constantes. Ahora, amparada en los problemas de recuperación de su espalda abandona el cargo y lo deja en manos de su segundo, Álvaro García Ortiz, perteneciente como ella a la Unión Progresista de Fiscales y también muy criticado entre las asociaciones mayoritarias de la Carrera.