El Tribunal Supremo cierra el caso de los ERE once años después

Once años después de que en 2011 la jueza Mercedes Alaya diera los primeros pasos del “caso ERE” –el fraude de 680 millones en la adjudicación de ayudas en expedientes de regulación de empleo en la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas–, el Tribunal Supremo (TS) tiene previsto notificar hoy, según fuentes del alto tribunal, la sentencia que resolverá los recursos de los condenados, 19 exaltos cargos de la Administración autonómica, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Griñán es el que, de los dos expresidentes andaluces, más se juega en el envite. Condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, su posible ingreso en prisión depende en gran medida de la decisión que adopte el Tribunal Supremo.

Si ratifica esos seis años de cárcel, Griñán estará a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional respecto al más que seguro recurso de amparo que interpondrá su defensa. El TC puede suspender cautelarmente la pena, hasta que resuelva ese recurso, para evitar un perjuicio irreparable en caso de que finalmente apreciara una posible vulneración de derechos fundamentales. Pero habitualmente no acuerda esa medida, aunque ha habido excepciones, cuando las penas de prisión son superiores a cinco años.

Descontrol “absoluto” en el reparto de fondos

En cuanto a Chaves, la Audiencia de Sevilla le condenó en noviembre de 2019 a nueve años de inhabilitación por prevaricación, la misma pena que impuso a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

La sentencia, que la Fiscalía pidió que se confirmara íntegramente, consideró acreditado que durante dos décadas los gobiernos autonómicos socialistas fueron responsables de un despilfarro de más de 680 millones de euros por el descontrol «absoluto» en el reparto de los fondos destinados a los Expedientes de Regulación de Empleo.

El tribunal dio por probado que siendo consejero de Economía y Hacienda, Griñán «era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó», asumiendo «la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados».

“Una decisión del Gobierno en su conjunto”

Respecto a Chaves, la sentencia incidió en que «la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto». Por ello, el tribunal consideraba «lógico» que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, «habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía».

En la vista de los recursos, el abogado de Griñán defendió que en la sentencia no consta «ni una sola irregularidad» que se pueda atribuir al expresidente.