El TC no aceptará la renovación parcial de Sánchez

Enquistada desde hace más de tres años y medio la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno centra ahora sus esfuerzos en garantizar el relevo en el Tribunal Constitucional (TC) para devolver la mayoría progresista al garante de la Carta Magna. El Ejecutivo de Pedro Sánchez amagó el pasado junio –a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños– con acometer una renovación en solitario del tribunal de garantías ante la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos mientras se encuentra en funciones (los doce integrantes del TC se renuevan por tercios cada tres años y en esta ocasión corresponde al Ejecutivo y al Consejo del Poder Judicial cubrir esas vacantes a razón de dos cada uno). Desde entonces, algo ha cambiado: el PSOE enmendó su reforma legal del pasado año (que para que el PP diera su brazo a torcer en la renovación del órgano de gobierno de los jueces no deja al CGPJ realizar nombramientos con el mandato caducado) e impulsó una nueva modificación que ya permite el Consejo llevar a cabo la designación de los dos magistrados del TC que por turno le corresponden.

Pero pese a que la reforma fija un plazo de tres meses para que el relevo se haga efectivo (que concluye el próximo 13 de septiembre, dado que el mandato de los cuatro magistrados del TC salientes, incluido su presidente, Pedro González-Trevijano, expiró el pasado 12 de junio), el Gobierno desconfía del Consejo del Poder Judicial (un recelo abonado por las recurrentes críticas de Podemos a la falta de «legitimidad» de los vocales pendientes de un relevo que nunca llega).

El Pleno del CGPJ se reunirá el próximo 8 de septiembre para abordar por primera vez la posible designación de sus dos candidatos para el TC, pero está en el aire que de esa reunión salga ya una propuesta. De hecho, fuentes del bloque conservador insisten en que no se consideran concernidos por ese plazo de tres meses (que se computa desde una fecha en la que no estaba en vigor la reforma) y que solo se ven impelidos a debatir y consensuar sus dos nombramientos. Escaldado ante la estancada renovación del CGPJ, el propio Pedro Sánchez dejó claro hace sólo unos días que al Gobierno no le temblará el pulso y que en septiembre designará a sus dos candidatos al TC. Otra cosa bien distinta es que ese relevo pueda consumarse si el Consejo del Poder Judicial no alcanza un consenso.

Hacen falta doce votos

Y es que, tal y como informó este periódico, el Gobierno se topará previsiblemente con la negativa del Pleno del Tribunal Constitucional a una renovación parcial de la institución. El artículo 159 de la Carta Magna establece que los miembros del TC serán designados por un período de nueve años «y se renovarán por terceras partes cada tres». De ahí que, ante un posible bloqueo en el CGPJ (que debe aglutinar una mayoría de 3/5, doce votos, para sacar adelante los nombramientos), el Ejecutivo haya amagado de nuevo con una posible renovación en solitario del Constitucional que el Pleno de la institución, en todo caso, debería avalar.

Y ahí es donde el Gobierno se toparía previsiblemente con el escollo del TC, un Pleno que con la ley en la mano, apuntan las fuentes consultadas, solo puede convocarse cuando existen cuatro candidatos (el tercio que marca la ley) y no la mitad. Sin ese aval, subrayan, los candidatos del Ejecutivo no podrían tomar posesión.

En todo caso, la posibilidad de una renovación en solitario se esfumaría si el Consejo del Poder Judicial es capaz de designar a sus dos candidatos sin dilación. Para ello, el Gobierno se aferra al precedente de la votación del Pleno que avaló el pasado julio, precisamente con doce votos a favor, la idoneidad para el cargo del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El aval al fiscal general

Entonces, frente a los siete vocales conservadores que cuestionaron la imparcialidad del sucesor de Dolores Delgado (una discrepancia que plasmaron en un duro voto particular) se impuso una mayoría integrada por el bloque progresista, por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y por los también vocales conservadores Vicente Guilarte, Wenceslao Olea y Juan Martínez Moya. Si el bloque se consolida el próximo septiembre, la designación de los dos candidatos del Consejo sería un hecho antes de lo esperado, lo que evitaría al Gobierno la disyuntiva de acometer una renovación en solitario que pueda derivar en un choque institucional con el Tribunal Constitucional.

El vuelco de mayorías en el TC no es una cuestión menor. Por delante, el tribunal de garantías tiene una batería de asuntos espinosos sobre los que deberá pronunciarse en los próximos meses. En primer lugar, sus magistrados tendrán que decidir si acuerdan la suspensión cautelar de la entrada en prisión del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, que tiene previsto solicitar la medida en su recurso de amparo contra la sentencia de los ERE, confirmada por el Supremo, que le condenó a seis años de cárcel por prevaricación y malversación.

Pero no solo eso. El TC tiene que pronunciarse aún sobre la constitucionalidad de ley del aborto (más de once años lleva el asunto sobre la mesa del tribunal), la ley de eutanasia, la Ley Celaá o la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos en funciones. Cuestiones de indudable calado sobre las que tendrá que decidir, una vez consumada la renovación, un Pleno con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores (a la espera del relevo por parte del Senado de Alfredo Montoya, que renunció al cargo por motivos de salud tras un año de baja).