Griñán: Bajo el yugo implacable de la Justicia

Abatido y arropado como una piña por su familia, confiado en que sus abogados defensores agotarán hasta las últimas vías para evitar su ingreso en prisión. Así vive estos días el ex presidente de la Junta de Andalucía,José Antonio Griñán, ante la demoledora sentencia del Tribunal Supremo que le condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en el escándalo de corrupción de los ERES. La mayor trama de clientelismo político que se conoce, nada que ver con otros casos como la Gürtel que afectaron al PP, y que revela la doble vara de medir cuando a juzgar se trata entre la izquierda y la derecha. El tema de Griñán genera todo un laberinto político dentro del PSOE, entre los «pesos pesados» como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra o Susana Díaz que apoyan su indulto, la dirección actual del socialismo andaluz encabezada por Juan Espadas que se opone, la rabia de los socios de coalición y el bloque «Frankenstein» Podemos y Esquerra Republicana, también en contra, y un Pedro Sánchez que se mueve en la ambigüedad y maneja los tiempos hasta calcular el elevado coste con las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo a la vista.

Tras el duro varapalo del Supremo, que confirma la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Sevilla, la defensa de José Antonio Griñán tiene ya clara su hoja de ruta: petición ante el TS de un incidente de nulidad de la sentencia, amparo al Tribunal Constitucional y, en última instancia, solicitud de indulto al gobierno de Pedro Sánchez. La consigna es ganar tiempo y evitar el ingreso en prisión del ex presidente, a tenor de su edad y la aseveración continua de que él no se apropió de un solo duro de la trama. Su hijo mayor Manuel, quien junto a su madre María Teresa Caravaca ha suscrito la petición de indulto al Ejecutivo, afirma que todo esto «Es una pesadilla». Fue él quien en septiembre de 2016, cuando afloró el escándalo de más de seiscientos millones de dinero público en subvenciones ilegales, difundió una rotunda carta en defensa de la dignidad de su padre. «Honestidad en una vida austera, nadie podrá probar jamás que mi padre se apropió de un solo céntimo de los ERES», aseguraba Manuel Griñán. Insistía en que fueron otros quienes «metieron el cazo», unos funcionarios sobre los que él no tenía potestad directa, contaba cómo su padre vivió toda su vida de un escaso sueldo, con un único coche cada diez años y concluía: «Todo es mentira, todo es injusto, el que calla sufre».

Pero ni la Audiencia de Sevilla, ni el Tribunal Supremo, aún con dos votos particulares que rechazan el delito de malversación, han aceptado tales argumentos. La sentencia contra el ex presidente andaluz es de una dureza extrema y confirma que Griñán «permitió y consintió un sistema ilegal de ayudas discrecionales». El escándalo de los ERES en Andalucía fue una red de corrupción política de enorme calado, una compra de voluntades y votos a través de ingentes cantidades de dinero público, que arranca en la empresa sevillana de Mercasevilla dónde comenzaron a detectarse prejubilaciones fraudulentas. El proceso y la investigación judicial se han llevado por delante a los dos ex presidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a cinco consejeros y varios altos cargos del gobierno andaluz. Pero la pena más dura recae en este hombre que fue dos veces ministro del gobierno de

España, de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Seguridad Social, a la par que consejero de Empleo, Economía y Hacienda de la Junta Andaluza. Un «pata negra» del PSOE, de quien sus allegados insisten en que nunca recibió un solo duro de la trama, mientras el Supremo sentencia que permitió «el despilfarro» de los ERES.

José Antonio Griñán Martínez nació en Madrid, hijo de Octavio Griñán, oficial del Cuarto Militar del General Franco y María Teresa Martínez, ambos sevillanos. Estudió en los Agustinos madrileños y pronto la familia se trasladó a Sevilla dónde Pepe, como se le conoce en el partido, estudió Derecho y opositó a inspector técnico de Trabajo. Ingresó en el PSOE a primeros de los ochenta y tras el triunfo en las elecciones andaluzas del ochenta y dos trabajó con los gobiernos de Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves. Diputado en el Congreso durante tres legislaturas y ministro en dos ocasiones con Felipe González, fue la mano derecha de Chaves y responsable de Empleo, Economía y Hacienda. Presidente de la Junta andaluza, hubo de dimitir tras estallar el escándalo de los ERES y fue sustituido por Susana Díaz. Desde entonces, según su propia familia, su vida ha sido «un auténtico calvario», afectado por problemas de salud y algunas pérdidas de seres queridos.

«Maldecir» la política

En su entorno defienden su inocencia a capa y espada, aseguran que jamás se apropió de nada y que «los golfos fueron otros». Pero la sentencia del Supremo echa por tierra tales argumentos.

Su familia mantiene ahora un núcleo de pétrea defensa. Casado con María Teresa Caravaca, una aristócrata descendiente del marqués de Nevares conocida como Mariaté, son padres de tres hijos, Manuel, Ana y Miguel, y abuelos de cuatro nietos. El primogénito, quien ha redactado junto a su madre el indulto al gobierno, proclama por toda Sevilla la inocencia y honradez de su padre. Maldice el día que entró en política y opina que podría haber vivido mucho mejor con su plaza de funcionario o en el sector privado. «La nómina de mi padre era de risa», comenta a sus íntimos como prueba de su austero tren de vida.

La sentencia del Supremo es ahora un durísimo golpe y está por ver si, finalmente, podrá a sus setenta y siete años evitar la cárcel.

De momento, Pepe Griñán, antaño todopoderoso ministro y presidente en la Junta de Andalucía, comprueba en sus propias carnes que la Justicia es lenta, pero segura, bajo un yugo implacable que algún día llega sin remedio.