El PSOE salva su ley para abolir el proxenetismo con la derecha tras el rechazo de sus socios

Podemos se divide con la iniciativa parlamentaria, mientras Esquerra y Bildu se muestran críticos

El PSOE puede presumir que su ley para abolir el proxenetismo tiene un amplísimo apoyo, pero también tiene un problema por la mayoría que se ha dibujado: se ha tenido que apoyar en el bloque de la derecha para salvar la enmienda a la totalidad presentada por la CUP. Podemos se ha dividido en la votación y los diputados catalanes (de En Comú Podem), que son siete, se han posicionado en contra de la ley. El resto del grupo parlamentario se ha expresado a favor, pero con muchas críticas. ERC, Bildu o el PNV también han sido muy críticos con la ley. De las tres principales formaciones de la derecha, Ciudadanos sí se ha alineado con la izquierda y ha apoyado la enmienda de la CUP.

Lo cierto es que la prostitución es uno de los debates dentro del feminismo que más agita a los colectivos sociales y, también, al Congreso de los Diputados. Y es que la bandera del feminismo en todas sus terminaciones ha sido una de las claves durante esta legislatura entre PSOE y Unidas Podemos, donde en el Gobierno ya han aprobado tres leyes; la ley de Libertades Sexuales, la ley Trans y la ley del Aborto, todas en un clima de tensión y discusión dentro del Ejecutivo.

El texto socialista busca una reforma del artículo 187 del Código Penal y plantea penas de entre tres y seis años de prisión para quien, mediante “violencia, intimidación o engaño”, determine a una persona a ejercer la prostitución; de entre uno a tres años de cárcel para quien “promueva, favorezca o facilite” el ejercicio de la prostitución de otra persona con el consentimiento de la misma; penas de prisión de dos a cuatro años a aquellos que destinan locales para que se ejerza la prostitución (tercería locativa); y, multas para los clientes.

Este jueves se ha debatido una enmienda a la totalidad de la CUP, que pedía que se incluyera una definición para “delimitar” los conceptos, de forma que se considerará servicio sexual al “conjunto de prácticas que se dan en el marco de la prostitución consentida y sin coacción y que están sujetos a una relación mercantil”. También pedían la definición del consentimiento y diferenciar entre trata, trabajo sexual forzado y el trabajo sexual voluntario y autónomo. “La trata y la prostitución no son lo mismo y el argumento de que perseguir a la prostitución va a mejorar los problemas de la trata pensamos que no es cierto. Hoy día no es posible establecer el tanto por ciento que ejercen el trabajo sexual bajo situación de trata”, ha señalado la cupera Mireia Vehí.

La ley continúa causando mucha división en toda la izquierda. A grandes rasgos, se puede ubicar a los que son regulacionistas, que buscan regular la prostitución, y los abolicionistas. Los comunes, así como los partidos independentistas (PDeCat, ERC y CUP) están a favor de la regulación. En cambio, Podemos, Izquierda Unida y Galicia en Común han votado en contra de la enmienda a la totalidad presentada por la CUP y se alinean con el PSOE en el abolicionismo. Los morados apuestan por castigar el proxenetismo vinculado a la explotación y eliminar el artículo que multa a los clientes e, incluso, por reformar la Ley de Extranjería para regularizar la situación de mujeres víctimas de trata. Mismo planteamiento en el PNV y en ERC, que ya permitieron el avance de la ley del PSOE.

Laura Verja (PSOE) ha asegurado que el “proxenetismo es una aberración” y ha acusado a la CUP de plantear su legalización con su enmienda: “Parten de una premisa y es que la prostitución es un trabajo y no es un trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres”, ha afirmado. “El consentimiento, si se compra, no es consentimiento, es subordinación”, ha añadido.

La diputada de Podemos, Sofía Fernández, ha intentado hacer equilibrios por la división interna que hay. Así, ha asegurado que se ha fijado una “doble dicotomía falsa” cuando se trata de trabajar en “políticas públicas” en la prostitución: a su juicio, es compatible la protección de los derechos de las víctimas con la lucha contra la impunidad; y, por otro, la defensa de los “derechos de todas las mujeres” no tiene que abocar una “regulación de nada ni hace perder el horizonte abolicionista” que defienden. “Prohibir sin facilitar el acceso a condiciones materiales es tan irrealizable como cruel”, ha dicho, criticando que la ley socialista se limita a reformar el Código Penal sin ofrecer alternativas a la prostitución.

Pilar Vallugera (ERC) ha dado a entender que será muy difícil llegar a acuerdos en la ley durante la tramitación porque, a su juicio, el texto es una “base de partida durísima” para llegar a un entendimiento. La republicana ha criticado que el PSOE “no escuche” ni atienda sus peticiones y ha asegurado que la actual propuesta legislativa “machaca” la vida de quien ejerce la prostitución: “Ustedes reproducen el estigma y lo convierten en categoría”.

Finalmente, Miguel Ángel Jerez (PP) ha asegurado que “solo el consentimiento no puede ser suficiente para que la prostitución se convierta en una modalidad de empleo más”. “Todo consentimiento de una mujer que no coincida con sus verdaderos deseos en el marco de su libertad sexual nunca puede ser un consentimiento libre; será siempre vacío y viciado”, ha afirmado, tras señalar que “no son consentimientos acordes con la voluntad de las mujeres” las que ejercen la prostitución presionadas por necesidades económicas, sociales o familiares, obligadas por un tercero o engañadas por las mafias.