Boicot de ministros y engaños para volar el pacto del CGPJ

Varios ministros boicotearon en la sombra la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.

La reconstrucción de los hechos que han desencadenado la ruptura del acuerdo entre Gobierno y PP tiene como origen el lunes pasado, cuando una noticia sobre los planes de Pedro Sánchez con la reforma del delito de sedición, que apareció en el diario «El País», canal oficial de Moncloa para filtrar y dirigir los mensajes que más le interesan, provocó el primer intercambio de llamadas entre los dos interlocutores de la negociación, el del PP, Esteban González Pons, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este último garantizó que no era así, y también dio garantías respecto a que los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Ejecutivo no iban a tener ningún vínculo con ERC.

Para este pasado martes estaba prevista una reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, pero, como quedaban temas pendientes por negociar, los interlocutores decidieron aplazar esa entrevista, que finalmente quedó convocada para el miércoles de la semana próxima. El punto de fricción que marcó la recta final de la negociación fue el que afectaba a la decisión, exigida por el PP, de que los jueces que dejan la política queden obligados a estar dos años sin ejercer. La discusión giró sobre si debían estar en excedencia o en servicios especiales, y si esta nueva norma debía aplicarse ya a los ministros en ejercicio: las ministras de Justicia y Defensa, Pilar Llop y Margarita Robles, respectivamente, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Finalmente, el martes cerraron el acuerdo para que los jueces que entren en política queden en situación de excedencia, salvo para los tres actuales, a los que se les respetaría el estatus de servicios especiales, pero sí se les aplicaría la condición de los dos años fuera del ejercicio de la carrera judicial. Esta decisión sentó mal en el grupo de ministros afectados, hasta el punto de que en la negociación, sobre la que las dos partes se habían comprometido a mantener una discreción absoluta, intuyeron la mano de la ministra de Justicia en una filtración periodística intencionada, porque contaba el acuerdo al revés, es decir, diciendo que no contenía la obligación de los dos años de suspensión de sus funciones.

En paralelo, el debate de la sedición siguió abierto, y el Gobierno no solo no lo frenó, sino que se perdió en declaraciones contradictorias: está en el programa electoral, no hay mayoría o sí se negociará al margen de los Presupuestos... Hasta tal punto que los propios barones socialistas empezaron a removerse por el miedo a que este tema les dañe aún más en sus expectativas en las unas de mayo.

Y en medio del circo se coló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmando en la sede de la soberanía nacional lo que Bolaños negaba al PP en privado. Montero aseguró desde la tribuna que la reforma del delito de sedición, para favorecer a los cargos de ERC pendientes de procesos judiciales, sí está sobre la mesa, lo que provocó otro cruce inmediato de llamadas entre los interlocutores designados y, de nuevo, Bolaños volvió a negar que la reforma fuera a concretarse. De hecho, hasta obligaron a la ministra a hacer una declaraciones rectificándose a sí misma.

Ante ese gesto, hay otra comparecencia de Feijóo, en la que, conforme a la información transmitida por Moncloa, hizo también un movimiento para salvar la negociación y aseguró que los dos temas, renovación judicial y reforma del delito de sedición no estaban ligados. Tanto las declaraciones de Feijóo como las que había hecho el martes la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en Espejo Público, fueron consecuencia de que en la dirección popular creyeron la palabra de Bolaños.

Pero la explosión final, sin marcha atrás, la provocan las declaraciones del presidente del Gobierno en el avión que le traslada en su gira por África. Sánchez insiste en incidir en la oportunidad de la reforma del delito de sedición, cesión a ERC, y cuando ya hablan Sánchez y Feijóo, horas después, no hay vuelta en la ruptura. El líder popular le pidió que se comprometiera a pactar juntos la reforma de este delito, también a sabiendas de que es un punto en el que no hay espacio de encuentro entre la posición del PP, que quiere agravar las penas porque entiende que es un delito que amenaza a la Constitución, y la del PSOE, que defiende rebajarlas para homologarlas a las de otros países europeos.

Por cierto, cuando el presidente dijo el jueves que el acuerdo estaba listo para la firma le faltó añadir una precisión no menor: la entrevista que Sánchez y Feijóo iban a celebrar este miércoles próximo, la última, no era únicamente para firmar el pacto, sino para resolver juntos el único punto que iba a quedar pendiente, la concreción del nuevo modelo de elección de los jueces. Sobre este punto nunca llegó a haber un acuerdo cerrado, a pesar de lo que dijo el presidente.