El Gobierno se abre a convertir el impuesto a las eléctricas en permanente tras un acuerdo con Bildu

Una de las medidas con mayor impacto mediático del Gobierno para afrontar los problemas económicos desatados por la pandemia y la guerra de Ucrania ha sido la creación de tres impuestos para gravar a bancos, energéticas y grandes fortunas. Los tres tributos se han articulado a través de una proposición de ley llena de polémica por cómo se ha tramitado, y también por su aplicación: está planteada inicialmente con una duración de dos años, pero eso puede cambiar después de que el Gobierno haya acordado con Bildu la posibilidad de convertir el impuesto en permanente.

Así, según una enmienda pactada entre los partidos del Gobierno y Bildu, tanto en el último trimestre de 2023 como en el último de 2024 se realizarán estudios para evaluar los resultados del gravamen y, en función de ello, alargarlo en el tiempo indefinidamente. En este sentido, cabe recordar que Pedro Sánchez, en las últimas semanas, ha rechazado negar con rotundidad que este impuesto se pueda limitar en el tiempo a 2023 y 2024. Esquerra ha apoyado esta enmienda de Bildu.

Pero esos pactos con Bildu tampoco han hecho demasiada gracia en el PNV. La diputada Idoia Sagastizabal ha exhibido el descontento con el PSOE porque ha pactado una segunda enmienda con los independentistas vascos, relativa a traspasar la gestión del impuesto a las haciendas forales (el traspaso se acordará en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del impuesto). Sagastizabal se ha quejado de que los socialistas no hayan permitido a los nacionalistas vascos entrar en ese acuerdo y han echado en cara a Bildu haberse apropiado de su enmienda, ya que los independentistas apostaban por “adaptar” el impuesto al País Vasco y Navarra, pero el PNV apostaba por la “participación” de ambas autonomías para evitar problemas jurídicos. Finalmente, en el redactado se ha impuesto la palabra “participación”.

En cualquier caso, las quejas del PNV tampoco se han limitado a esas críticas por el acuerdo entre Gobierno y Bildu, sino que han ido también dirigidas a la tramitación del impuesto con un “anuncio precipitado” saltándose los informes preceptivos de los órganos consultivos. En la misma línea han ido los reproches de Ciudadanos, quien ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por “cercenar los derechos” de la oposición al introducir el impuesto a las grandes fortunas a través de una enmienda, lo que impide que el resto de grupos presenten enmiendas. Esta circunstancia también ha sido muy criticada por el PDeCat, que lo ha considerado una “perversión del sistema” porque limita el debate sobre la creación de este tributo.

Por parte del PP, han intervenido Guillermo Mariscal y Gabriel Elorriaga. Mariscal ha recriminado que el Gobierno no apoye las deducciones que planteaban en el impuesto a las eléctricas para incentivar la transición energética: “¿Quién va a financiar la transición energética? ¿Quién va a invertir en España después de este texto?”, se ha preguntado Mariscal, quien ha reprochado que la política energética actual del Gobierno ha conducido a más consumo de gas ruso y mayor aportación de gas para la generación eléctrica, en contra del rumbo marcado por Europa. Elorriaga ha desmentido que este impuesto sea un “gesto europeísta” porque la política económica de la UE habla de “libre competencia, libre circulación y economía de mercado”. “Contra esos principios atentan estos impuestos”, ha afirmado, antes de recordar que el BCE ha advertido que el impuesto “perjudica la solvencia de las entidades financieras” y “distorsiona la competencia” porque grava de forma diferenciada según el tamaño o dónde esté ubicada la sede de la compañía.

Finalmente, el diputado del PSOE, Pedro Casares, ha defendido la tramitación del impuesto, ya que, según ha dicho, ha permitido dos debates en el Pleno, y ha sostenido que los grupos parlamentarios también pueden impulsar leyes (como argumento para sacudirse las críticas de que la ley no haya sido impulsada por el Gobierno para sortear los informes de los órganos consultivos). También ha reivindicado la política económica del PSOE basada en la “justicia social” y que este impuesto “no es una ocurrencia de este Gobierno”, sino una “recomendación de los organismos internacionales”.

Otras enmiendas

Asimismo, el Congreso ha aprobado otras dos enmiendas de PNV y PDeCat que han recibido el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Económicos: que se excluya del importe neto de la cifra de negocio las actividades reguladas y que el impuesto solo se aplique sobre la actividad desarrollada en España.