Tribunales
Los jueces que revisarán el recurso de La Manada deciden no rebajar penas con la Ley del “solo sí es sí”
La Audiencia de Navarra sigue el criterio de la Fiscalía y no bajará las penas a violadores, mientras otras nueve audiencias provinciales ya revisan condenas a la baja
La Audiencia Provincial de Navarra ha acordado este lunes que no rebajará las condenas al aplicar la Ley del “solo sí es sí” si la pena entra dentro de la nueva horquilla, criterio igual al que se está siguiendo desde la Fiscalía General del Estado. Esto, en la práctica, quiere decir que los jueces a los que le toca revisar el recurso interpuesto por uno de los violadores de La Manada no revisarán a la baja la sentencia. Pero las discrepancias en la lectura de la norma del Ministerio de Igualdad son patentes entre los juristas porque ya hay al menos nueve audiencias provinciales que sí están reduciendo penas a agresores sexuales.
En una nota remitida desde la Audiencia de Navarra se explica que las dos secciones de lo penal por norma general “no rebajará las condenas cuando las penas que fueron impuestas puedan ser también imponibles con arreglo al nuevo marco legal”. Creen los magistrados que hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie estableciendo doctrina no deben restar años en las sentencias porque con la nueva configuración de los tipos penales (el abuso sexual se ha fusionado con la agresión sexual) “no existe una auténtica correlación con los preceptos derogados que permitan una comparación objetiva de delitos idénticos”. Así que solo bajarán los tipos si afectan a los límites máximos.
Hasta este momento se han presentado en Navarra más de una veintena de solicitudes de rebajas, entre ellas la de Ángel Boza uno de los miembros de La Manada. La aplicación de la Ley que, precisamente, nació al calor de la ola feminista de repulsa por la condena en primera instancia de estos violadores a abuso y no a agresión sexual podía haber dado la paradoja de una revisión beneficiosa para este condenado. Pero la decisión de los magistrados navarros parece alejar esta posibilidad porque la pena de Boza de 15 años está dentro del margen de penas que contempla la modificación del Código Penal y, por tanto, no se tocaría.
Como la Comunidad Foral hay otras dos audiencias que no están bajando condenas como la de La Rioja o la de Las Palmas. No así otras muchas que se han estado reuniendo estas semanas para ubicar una posición común y echar la vista atrás sobre todo lo sentenciado hasta el momento. Son ya al menos ocho las que han acordado que sí reducirán penas: Cantabria, Madrid, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza, Alicante, Granada, Córdoba y Málaga.
En ese caso, los togados creen que se debe aplicar la norma más favorable al reo (como indica el artículo 2.2 del Código Penal) y no ven claro el camino que está siguiendo la Fiscalía que avala el uso de una disposición transitoria del texto penal que limita las revisiones. En un decreto emitido la semana pasada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se expone que si la condena está contenida en el abanico de penas de la nueva redacción (si el agresor fue condenado a seis años y ahora la mínima está en cuatro pero la máxima está en 12, seis años sigue estando dentro del margen) se debe dejar como está.
La Audiencia provincial de Alicante ha sido la última en desmarcarse de esta senda del Ministerio Público. Los magistrados de sus seis secciones penales han decidido que emplearán “la disposición legal más favorable al reo en cada caso, sin hacer una nueva individualización de la pena”, como publica una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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