Moncloa asume que abre una «crisis sin precedentes» al renovar el TC en solitario

Cambio de paradigma. La etapa en la que los partidos consideraban la regeneración democrática como un activo ha quedado atrás. Los compromisos de despolitizar la justicia son ya papel mojado y ni siquiera existe la voluntad de aparentar neutralidad. El Consejo de Ministros nombró ayer al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

En el Gobierno centran ahora sus esfuerzos en defender la «absoluta idoneidad» de sus candidatos, sin intentar disimular la vinculación directa que existe entre ellos y Moncloa. Un ejercicio de contorsionismo que les ha llevado a avalar prácticas que antes censuraban. «Lo son tanto –idóneos– como los nombramientos de Enrique López y Pedro González Trevijano», llegó a señalar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pese a que, en su día, estos nombres fueron objeto de crítica feroz por parte del PSOE hacia el PP, que fue quien los propuso.

Caretas fuera. Así las cosas, el Gobierno normaliza ahora que el Tribunal Constitucional sea un órgano con vinculaciones partidistas. El TC «no es un órgano jurisdiccional», porque «le nombran órganos que tienen naturaleza política» como el Gobierno o el Senado, aseguró Bolaños. «Conviene que esto lo tengamos claro, no tiene función judicial, sino de interpretación» de la Carta Magna, dijo. Sin embargo, apenas unas semanas atrás, Moncloa y PP cerraban un acuerdo –que nunca se llegó a rubricar, por el paso atrás de Alberto Núñez Feijóo– en el que se comprometían, en el marco de la renovación del CGPJ, a desterrar las «puertas giratorias» en la justicia. En Moncloa, aseguran, que aquel pacto «no afectaba al Constitucional».

Tras meses de espera, a que el Consejo General del Poder Judicial se desbloqueara o, aunque estuviera en funciones, promoviera sus nombres, el Ejecutivo opta ahora por dar este paso porque, según reconocen fuentes gubernamentales, «no había ninguna voluntad» por parte de los ocho magistrados conservadores de avanzar en la renovación. Hacerlo en solitario tiene sus riesgos. Unos riesgos que asumen en el Ejecutivo, donde ya anticipan que se abre «una crisis institucional sin precedentes» en caso de que el Pleno del TC decidiera, tras «verificar» que los candidatos Campo y Díez cumplen los requisitos para ser elegidos, no promover su nombramiento hasta que no se complete el trámite cuando el CGPJ eleve sus nombres para que se pueda proceder a la renovación «por tercios» como marca la Constitución.

El propio Bolaños reconoció en rueda de prensa que tendrá que ser el Constitucional quien vea como «casa» esta cuestión y la obligación que tiene el Gobierno de elevar sus candidatos y expuso argumentos en forma de jurisprudencia. «Hay una sentencia del Constitucional, que es de 15 de noviembre de 2016, donde se dice que cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso, el Gobierno», señaló.

En su opinión, el Ejecutivo «tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en el CGPJ es un incumplimiento que no puede conllevar que el Gobierno incumpla sus obligaciones constitucionales». «No les oculto que hubiéramos deseado que los nombramientos hubieran sido simultáneos a los que corresponden al CGPJ y que desde julio del año pasado el CGPJ no está haciendo», reprochó, para abundar, «el incumplimiento del CGPJ no puede ser el incumplimiento del Gobierno». En el Ejecutivo muestran su convencimiento de que el Tribunal Constitucional «verificará» a los candidatos propuestos por el Gobierno, porque son «absolutamente idóneos» y explican que «si Campo se tiene que abstener»en aquellos recursos o cuestiones que incumban a normativas sobre las que fue coproponente en su etapa de ministro, «se abstendrá». «Hay doctrina suficiente» sobre la manera en la que tiene que actuar, aseguran en Moncloa.

Bolaños se mostró muy crítico y señaló abiertamente a los ocho magistrados conservadores del CGPJ que están entorpeciendo la renovación del Constitucional. En Moncloa, fuentes consultadas creen que el hecho de que el Gobierno haya elevado ya su propuesta en solitario hará que el propio Tribunal Constitucional se convierta en un elemento de presión añadido para que el CGPJ haga lo propio, ya que si retienen los nombramientos, a la espera del Poder Judicial, les obligarán a moverse. Entienden que la situación a la que se ha llegado genera una crisis institucional sin precedentes. Una crisis a la que también han contribuido en el Gobierno.