Fronteras
La Policía desarticula una red de inmigración ilegal de pakistaníes
Cobraban hasta 20.000 euros por persona hasta hacerles llegar a España tras pasar por la Ruta de los Balcanes
La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que facilitaba la entrada irregular de inmigrantes pakistaníes. La red organizaba los viajes clandestinos desde Bosnia-Herzegovina hasta España por vía terrestre a través de la Ruta de los Balcanes, por lo que cobraban entre 12.000 y 20.000 euros a cada uno de ellos. Su trayecto terminaba en Barcelona, donde les buscaba alojamiento y transporte hasta La Coruña y Huesca para trabajar irregularmente como empleados de restaurantes y supermercados.
Los agentes han llevado a cabo dos entradas y registros y tres inspecciones de trabajo, procediéndose a la detención de ocho personas en A Coruña (3), Alicante (2), Barcelona (2) y Huesca (1) e interviniendo ocho teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento informático y diversa documentación. La investigación ha sido coordinada por EUROPOL y ha contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El grupo criminal desarticulado aprovechaba la conocida como Ruta de los Balcanes para organizar viajes migratorios clandestinos para los ciudadanos pakistaníes. Esta ruta es conocida por migrantes que huyen de países como Pakistán e Irán hasta Turquía ya que, muchos de ellos, consiguen llegar hasta Bosnia-Herzegovina donde se amontonan en la frontera con Croacia a la espera de poder cruzar hacia Europa.
Miembros de la organización conocidos como “pasadores” les guiaban a pie a través de los montes que separan Bosnia y Croacia para, a continuación, ser trasladados a Italia para terminar en Barcelona. Este último trayecto lo realizaban en vehículos de miembros de la organización asentados en España, llegando a pagar hasta 20.000 euros por todo el trayecto.
Una vez que llegaban a Barcelona, otros miembros de la organización se encargaban de su alojamiento y transporte hacia Huesca y La Coruña para trabajar de forma irregular en supermercados y restaurantes, mientras les gestionaban su situación administrativa, solicitando falsamente protección internacional o arraigo social. Para ello el grupo criminal les facilitaba contratos de trabajo y empadronamientos simulados.
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