Griñán logra evadir la cárcel el día que el resto de exaltos cargos andaluces ingresan en prisión

El expresidente de la Junta de Andalucía lo ha intentado todo con tal de no tener que pisar la celda y, por el momento, José Antonio Griñán ha conseguido evadirla más tiempo que sus compañeros de banquillo. El lunes se saldó con seis de los ocho condenados a prisión por malversación y/o prevaricación en el «caso de los ERE» entrando a prisión. El plazo se acababa y todos fueron ingresando en distintos centros penitenciarios de Andalucía, con la excepción de Griñán que está a la espera de un informe médico que desgrane su estado de salud y lo mismo del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

La Audiencia Provincial de Sevilla impuso el pasado 23 de diciembre el plazo de diez días para que los exaltos cargos socialistas que formaron parte de un sistema fraudulento para distribuir ayudas durante casi una década cumplieran con la sentencia. Todos ellos habían ido enredando entre recurso y recurso desde que conocieron el fallo en firme del Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. Los magistrados del Alto Tribunal dieron por acreditado que existió una red de ayudas que, en realidad, terminaron por desviar dinero público a empresas y empresarios favorables a la Junta de Andalucía de entonces. Así que hasta ayer podían elegir «voluntariamente» en qué cárcel entrar.

Sin embargo, había dos excepciones. La primera, la de Barberá, se conocía de antemano porque alegó tener una enfermedad grave y los jueces lo dejaron en suspenso para evaluar su situación. La segunda excepción, la de Griñán, llegó más por sorpresa cuando un día antes de Navidad su defensa presentó un escrito alegando que ocho días antes le habían diagnosticado un cáncer de páncreas. Lo cierto es que tanto sus abogados como su familia no han dejado de buscar la vía para que el expresidente andaluz evada la cárcel y, de momento, lo está logrando.

El Instituto de Medicina Legal, dependiente de la Consejería de Justicia de Andalucía está evaluando la gravedad del Estado de Griñán, según indican fuentes jurídicas. Una vez el forense presente el informe médico serán los jueces los que tengan la última palabra. El artículo 80.4 del Código Penal indica precisamente que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

Hasta ahora, el Tribunal ha reconocido la «carencia de antecedentes penales de los condenados», pero ha señalado que «la gravedad y la extensión de las penas [la mayoría entre seis y siete años]» «impide la suspensión de la ejecución», según redactaron en respuesta de los recursos de súplica. Pero este nuevo motivo, un cáncer de «alto riesgo» que requiere tratamiento hospitalario urgente, en palabras de su defensa, pone más elementos sobre la mesa que los magistrados tendrán que analizar.

Igualmente a Griñán le quedan otras vías que dependen del Gobierno. Por un lado, el Ministerio de Justicia todavía debe resolver sobre su solicitud de indulto. La responsable de la cartera, Pilar Llop, no ha avanzado cuál será el posicionamiento, pero sí ha dejado caer en una entrevista en EFE en septiembre que «no sería la primera vez que una cosa así sucediera en la historia de nuestro país». Por otro lado y si Griñán llegara a pisar la cárcel, su destino quedaría en manos del Ministerio del Interior que es quien, en última instancia, concede los terceros grados o la libertad condicional. La sentencia no impone un año mínimo que deban pasar los condenados entre rejas, por lo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska podría aplicar algún resquicio del Reglamento Penitenciario. El artículo 91 del Código Penal, por ejemplo, explica que los «penados que hubieran cumplido la edad de setenta años» podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Griñán tiene 76.

Mientras él evita por el momento la fotografía, maleta en mano, para pasar los próximos meses privado de libertad, todos los exaltos cargos que debían ingresar lo hicieron entre ayer y la pasada semana. La primera fue la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez-Aguayo que entró el pasado miércoles en la prisión de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el domingo lo hacía el exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el centro penitenciario Puerto III (Cádiz). El lunes por la mañana entraba el exconsejero de Desarrollo José Antonio Viera a la prisión de Huelva y ya pasadas las seis de la tarde Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación), Jesús María Rodríguez (exviceconsejero de Innovación) y Miguel Ángel Serrano (exdirector de la empresa que daba las ayudas) entraban en el centro penitenciario Sevilla I. Todos, castigados a entre seis y siete años de cárcel.