Una rectificación tardía

Después de que 134 agresores sexuales hayan sido favorecidos con rebajas penales que suponen más de 140 años de condena, 17 de ellos excarcelados, y las decenas que aún restan por venir, el Gobierno parece decidido a modificar por fin la denominada Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como «ley del sólo sí es sí». Si bien es cierto que nunca es tarde para rectificar, también lo es que en este caso la revisión, suponiendo que finalmente se abra paso en medio de la guerra entre podemitas y socialistas, sólo va a servir para que se aplique a los delitos que se cometan a futuro, pero nunca a los anteriores ni a los actuales, en tanto que a todos los ya condenados les es de aplicación automática la legislación más favorable.

La ministra Irene Montero nos tiene acostumbrados no sólo a despreciar a los que piensan diferente, sino que además los insulta. Sobre todo si son jueces. Según ella, no hay que hacer caso a los jueces, que son todos retrógrados y fascistas, salvo su asesora áulica Victoria Rosell, que también se cree por encima del resto de la Humanidad. Montero y Rosell dicen que la ley por ellas elaborada es perfecta y que ningún violador debería beneficiarse por su aplicación. No opinan igual los magistrados, para quienes los que hacen las leyes deberían tener un mínimo de formación en la materia sobre la que legislan. Con la ley del «sólo sí es sí», Montero ha procedido sin saber, mezclando incompetencia con arrogancia, despreciando a quienes más conocen la materia por su profesión o trayectoria.

Tampoco el parcheo a la ley con la transitoria al Código Penal ha servido de nada. El Gobierno estaba a la espera de que el Tribunal Supremo dictara doctrina de unificación, pero en realidad el Tribunal Supremo ya lo hizo con el «caso Arandina», al reiterar que siempre deben aplicarse las normas más favorables para todos los reos, sean maltratadores, violadores, malversadores o separatas. La ley es igual para el común de los ciudadanos, cosa que parecen no entender en el universo podemita.

No hay una ley «solo» para los malversadores del «procés», por mucho que desde ERC y el Gobierno lo intenten presentar así. Si se rebaja la malversación, se beneficiarán todos los malversadores que incurran en el mismo caso de «no han robado para ellos». Si se rebajan las penas mínimas por delitos sexuales, se ha de aplicar la norma más favorable para cualquier delincuente sexual. Sea un violador, un acosador o lo que sea. De modo que la modificación que ahora anuncia el Gobierno llega a destiempo, y no va a evitar que se aplique la anterior norma, o sea, la que más beneficia al violador. Que por mucho que se empeñen, tiene los mismos derechos que cualquier otro delincuente, tal vez por desgracia. Pero esas son las garantías constitucionales. Somos iguales ante la ley, políticos o ciudadanos corrientes, aunque a veces parezca que se quieren establecer categorías, lo que de ninguna manera es posible. De modo que los ya condenados por violación tendrán derecho a la aminoración de sus condenas de acuerdo con la norma original del «solo si es si». A aquellos que les corresponda, se entiende. El Gobierno debería haber actuado desde un primer momento, modificando con rapidez el bodrio podemita. No lo hizo para no reconocer errores, prefiriendo dedicarse al deporte de cargar contra los jueces, que no tienen culpa de nada. El togado aplica sin más la legislación que los políticos aprueban. Y siempre la más favorable. Es algo simple que saben hasta los estudiantes de bachillerato.

A propósito de los desmanes de cierta clase política, subrayó el Papa Benedicto XVI ante el Parlamento alemán: «La motivación del político no puede ser el éxito sino la Justicia». Y añadió: «Si se elimina la Justicia, no habrá diferencia entre el Estado y una banda de forajidos».