Álvaro García Ortiz: "No encuentro razones objetivas para dimitir"

Acostumbrado a su pesar a convivir con peticiones de dimisión y al ruidoso escrutinio de su controvertida gestión al frente del Ministerio Público, el fiscal general del Estado –que lo mismo se ha negado a informar al Senado sobre la amnistía que ha asumido la responsabilidad última respecto a la nota pública sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ya investiga un juez– defiende que quiere la «máxima autonomía» para el Ministerio Público. Pero, al mismo tiempo, Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) ve necesaria una «sintonía» del fiscal general con el Gobierno para llevar adelante una determinada política criminal. El sucesor de Dolores Delgado –cuyos dos nombramientos ha visto anulados sucesivamente por el Tribunal Supremo, que incluso apreció «desviación de poder»– recibe a LA RAZÓN, brazo en ristre por un accidente doméstico, en la sede de la Fiscalía General del Estado, en el madrileño Palacio de Fontalba.

Su segundo mandato está siendo bastante convulso. Además de la oposición, dos asociaciones de fiscales y también el Senado han pedido su dimisión. ¿Se ha planteado dimitir?

No. La pregunta es ¿por qué iba a dimitir? No encuentro razones objetivas, más allá a veces del ruido, para que el fiscal general del Estado de este país tenga que dimitir o presentar su renuncia.

El Tribunal Supremo apreció «desviación de poder» en su propuesta de ascenso de Dolores Delgado. Pocas cosas pueden doler más a un servidor público que una sentencia en esos términos de la más alta magistratura del país.

Es una sentencia dictada por la Sala Tercera en la que yo no figuraba como codemandado. La expresión «desviación de poder» es de derecho administrativo. A veces parece que puesta sobre un papel significa o quiere decir otra cosa. En absoluto. La desviación de poder es que la Sala ha interpretado que los motivos para realizar un determinado acto eran diferentes a los que en ese caso exigía la norma. Creo que puede tener varias interpretaciones, pero por supuesto acato la sentencia y se deberá llevar a su cumplimiento. Nada más.

Autonomía

Parece que le ha soliviantado especialmente que el Tribunal Supremo dijera que nombró como fiscal togada a la misma persona que, como fiscal general, le designó a usted para un puesto clave de la Fiscalía General. Hasta el punto de que ha recusado a cuatro magistrados.

La explicación es bastante sencilla. La base de la demanda por la que se pretende revisar mi nombramiento es esa sentencia precisamente. Si las mismas personas que van a revisar si el fiscal general está bien nombrado o no son las que han dictado esa sentencia, evidentemente no están en la misma situación que estarían otros magistrados. No podemos pedirles que vean con otros ojos algo que ellos mismos han dictado. Nada que ver con un enfrentamiento. La única apreciación subjetiva que hay en la recusación es que uno de los magistrados, en uno de sus escritos, el mismo día en que se publica la sentencia llamó apesebrados a la Fiscalía General y a los magistrados del Tribunal Constitucional, algo que he hecho notar en la recusación para garantizar la imparcialidad y la limpieza del sistema.

Hace solo unos días, el Supremo ha anulado un segundo nombramiento de Dolores Delgado, este como fiscal de Memoria Democrática. Usted se negó a debatir en el Consejo Fiscal una posible incompatibilidad para el cargo ¿Cree que puede existir por su relación con Baltasar Garzón?

En el momento en el que se plantea este asunto en el Consejo Fiscal veo claro que es una maniobra dilatoria. Incluso uno de los propios vocales dijo que era mejor esperar porque como iba a haber elecciones pronto seguramente el siguiente Gobierno, presumiendo que iba a haber un Gobierno de otro color, no iba a tener en cuenta esta Fiscalía de Memoria Democrática. Como vi tan claro en su momento que no había esa causa, ahora mismo no tengo ninguna idea de pensar lo contrario, pero no quiero prejuzgar nada. Tendrá que abrirse un expediente y examinarse si puede existir o no. Hay que ser prudentes y esperar a ver qué dice la sentencia. Lo que tenemos que discutir es si esto es una causa de incompatibilidad y si existe o no en este caso.

No idóneo

Usted asumió la responsabilidad última de la nota pública de la Fiscalía de Madrid que desveló las negociaciones con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para un posible acuerdo de conformidad. El juez que investiga una posible revelación de secretos quiere que la Fiscalía identifique al responsable máximo de la difusión de ese comunicado. ¿Asumirá ahora esa responsabilidad ante el requerimiento judicial?

Es un tema que hay que tratar con cierta cautela porque está en los tribunales. Yo me hice y me hago responsable de una nota que trataba de contrarrestar un bulo contra la Fiscalía. Los ciudadanos, los periodistas, la opinión pública, tienen derecho a que haya una información veraz y a que las instituciones demos informaciones veraces sobre lo que ocurre. Mi responsabilidad es garantizar ese derecho.

¿Ordenó usted a la Fiscalía de Madrid que se hiciera pública esa nota o presionó para que el informe del Ministerio Fiscal se pronunciara en contra de la admisión de la querella contra dos fiscales por revelación de secretos?

Respecto a la primera pregunta, ya le he dicho, está en un procedimiento judicial. Es momento de ser prudente. Yo me he hecho responsable de esa nota y eso es lo que tengo que decir. Evidentemente, como fiscal general no puedo consentir que un fiscal, especialmente un fiscal que lleva un caso, sea acusado por quienes son perseguidos por ese fiscal. No lo puedo tolerar y me hago responsable. Y como saben me he apartado del asunto.

Y en cuanto a si yo he participado en la Junta de Fiscales de Sala en esa toma de decisión, en absoluto. Yo me aparto del asunto y la Junta de Fiscales de Sala toma su decisión.

No era esa la pregunta, sino si presionó a la Fiscalía de Madrid para que se opusiera a la admisión a trámite de la querella.

En absoluto. Me aparté de ese procedimiento. No participé en la toma de decisiones de la Fiscalía de Madrid ni de la Junta de Fiscales de Sala.

Ataques

Pese a la oposición de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya está investigando los hechos. ¿Le preocupa que la imagen de imparcialidad de la Fiscalía salga malparada?

Siempre preocupa que la imagen de la Fiscalía salga mal parada. La explicación de por qué ha abierto diligencias el Tribunal Superior de Justicia para mí es relativamente sencilla: para averiguar los hechos hay que contrastarlos. Las informaciones que tiene el tribunal son solo las que le proporciona el querellante. Desde la Fiscalía conocemos la totalidad de los hechos. Por eso es normal que, analizándolos todos, tengamos otra versión diferente.

Entonces usted no quería que se investigara porque tenían más datos sobre el asunto.

No es que no quisiera...

Me refiero a que la Fiscalía se opuso a que se abrieran diligencias para esclarecer los hechos.

No digo que sean necesarias, sino que entiendo que el Tribunal Superior de Justicia deba esclarecer los hechos puesto que sus datos son los parciales que le ha dado el querellante.

Todos recordamos el lapsus de Pedro Sánchez hace unos años dando a entender que la Fiscalía depende del Gobierno, ¿erosionan palabras como esas la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público?

Creo que esas palabras no corresponden a la realidad. Es todo lo que tengo que decir. Examinando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, las garantías de autonomía que tienen todos los fiscales en el ejercicio de sus funciones no se corresponden con las palabras del presidente del Gobierno.

La imparcialidad del fiscal general siempre está bajo sospecha. Desligar su mandato del del Ejecutivo, ¿ayudaría a reforzar la independencia de la Fiscalía?

A mí el modelo que me gusta es el de la máxima autonomía del Ministerio Fiscal. Y en cuanto a plazos, mi impresión es que no sería positivo. En esta polarización que tenemos, en la que se sitúa al fiscal general del Estado como una especie de agente político, no añadiría nada. Al revés, pondría en peligro o desprestigiaría al Ejecutivo o al Ministerio Fiscal. El modelo constitucional, y eso es lo importante, entiende que debe haber una sintonía entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. Una sintonía en la ejecución de una política criminal, como sucede con la violencia de género, el cambio climático o los delitos de odio. Si ahora viniera un Gobierno de la extrema derecha de este país sería prácticamente imposible que yo permaneciera como fiscal general. La prueba de fuego sería que en un hipotético gobierno del Partido Popular me mantuvieran. No creo que alargar el mandato resuelva el problema.

Enfrentamiento

La reforma de la Lecrim dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales. Con la actual estructura orgánica de la Fiscalía, el fiscal general se convertiría en una de las personas con más poder de este país.

Si se le da la instrucción al Ministerio Fiscal hay que cambiar el sistema de contrapesos dentro de la carrera. Pero no estamos tan mal como la gente cree. Pensar que el fiscal general del Estado con un dedo puede modificar o intervenir en cualquier asunto a su antojo es no entender el funcionamiento de la carrera fiscal.

Se ha negado por dos veces a que el Consejo Fiscal informe sobre la amnistía. ¿No le parece relevante que se pronuncie sobre una ley de este calado?

No entiendo por qué el Senado le pide al Consejo Fiscal algo que no le ha pedido nunca y que ni siquiera está dentro de las competencias del Consejo Fiscal. No entiendo por qué se dirige a un órgano de la Fiscalía sin proyección exterior, sino de asesoramiento del fiscal general. Hay muchas razones por las que la Fiscalía no debe emitir este dictamen. Y una de ellas es fundamental. El CGPJ no tiene acción jurisdiccional, no va a los tribunales, pero la Fiscalía sí. ¿Por qué queremos situar en medio del debate político lo que puede decir una parte de la Fiscalía si luego tenemos que ir a los tribunales, que es para lo que estamos los fiscales? Sin competencias, sin precedentes, sin que lo avale ni el Reglamento del Congreso ni el Reglamento del Senado ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Porqué nos lo pide? Para colocarnos en una situación incómoda. Y no debe ser así. Igual que respetamos las competencias del Senado, el Senado debe respetar las de la Fiscalía.

El CGPJ, en una decisión sin precedentes, le consideró inidóneo para el cargo. ¿Qué es lo que más le dolió de ese dictamen?

Me dolió que fuera un dictamen poco o nada riguroso, que contenía falsedades y que no había sido contrastado. Y lo dije donde tenía que hacerlo, en la Comisión de Justicia del Congreso.

¿Cómo explica que después de que la cúpula de fiscales del Tribunal Supremo viese un «liderazgo absoluto» de Carles Puigdemont en Tsunami Democrátic, la Fiscalía no apreciase indicios suficientes para investigarlo?

No fue la cúpula de la Fiscalía, sino una de las secciones de lo Penal del Tribunal Supremo. No es lo mismo. Lo que se produjo fue una discrepancia entre dos jefes que resolvió quien debe hacerlo. Porque la Fiscalía no tiene un comportamiento asambleario; funciona de una manera vertical. Yo no participé en esa toma de decisiones.

Injerencias

¿Cree que ha defendido como debiera a los fiscales del «procés» de las acusaciones de «lawfare»?

He defendido siempre a los fiscales del «procés» y a todos los fiscales que en España son inquietados. La crítica es si no lo hago en el lugar y de la forma que a algunos les parece conveniente. Pero también se ataca a los fiscales anticorrupción y a los que persiguen delitos fiscales. Y tengo que ampararlos. Los fiscales del «procés» han sido defendidos en cinco ocasiones. Pero si me admite el desahogo, la pregunta también es: ¿quién defiende al fiscal general? ¿quién garantiza que no sea inquietado, perturbado o se le intente manipular en el ejercicio de sus funciones?

¿Y la respuesta cuál es?

No hay respuesta para eso. Es evidente que nadie.

¿Tiene a alguno de sus antecesores como modelo?

¿Como modelo de trabajo? Cogería un poquito de cada uno de ellos. A mí me gusta mucho el modelo transformador de Cándido Conde Pumpido. Modificó lo que había sido la Fiscalía española hasta ese momento. Ese impulso es el que nos ha traído hasta aquí.

¿Qué es lo que más le duele de lo que se ha dicho de usted desde que está en el cargo?

Me duele que no se entienda la figura del fiscal general. Lo que más me duele es que se use mi figura para denostar a toda la Fiscalía. Creo que hay un interés oculto o espurio para difundir la idea de que toda la Fiscalía depende de una persona ¿Qué orden va a dar el fiscal general del Estado? Aquí todo se razona, todo se discute y se utiliza la ley para resolver la discrepancia.

¿Se refiere solo a las críticas desde el ámbito político o también desde el judicial?

Me duelen en todos los sentidos. Hay quien tiene interés en que los fiscales no tengamos la instrucción o en denostar las acusaciones que hacemos contra determinadas personas. Y hay quien tiene otro interés, que es desgastar políticamente al Gobierno a través de la figura del fiscal general del Estado.