Jorge Vilches

Un año torcido

Para 2024, entre los deberes está el defender la Constitución de la acción del Gobierno y de sus aliados

Santos Cerdán, con Puigdemont
Santos Cerdán, con PuigdemontEUROPAPRESSEuropa Press

No ha sido un buen año para la democracia española, entendida esta como una forma honorable de resolver problemas. El «sanchismo» ha convertido en arte la mentira y el engaño, y el acuerdo secreto con rupturistas en la norma. Sánchez ha completado la fusión entre el ejecutivo y el legislativo de manera que el control parlamentario no existe y el Gobierno se dedica a legislar por decreto. A esto ha añadido un acoso inédito al poder judicial con el objetivo de ponerlo a su servicio. Por supuesto, esto se ha completado con la mayor colonización del Estado jamás presenciada en nuestra democracia. Se avanza así a la trinidad soñada siempre por el socialismo, por la cual el Estado, el Gobierno y el Partido son tres en uno.

Las malas artes del «sanchismo», además, se han destacado por el cinismo; esto es, la desvergüenza en la mentira. La verdad en el mundo sanchista es un artefacto cultural recreado por un relato, no algo basado en la razón o la ciencia. En consecuencia, mentir es razonable si el objetivo es práctico al mentiroso. Esto ha generado en 2023 dos disfunciones terribles para la democracia. Una es la polarización, porque el «sanchismo» ha jugado la carta de la crispación y el atrincheramiento como argumento para legitimar la mentira.

La segunda disfunción es la desafección general hacia el sistema constitucional. Si la Carta Magna es interpretable hasta la náusea en beneficio de parte, o se puede variar en interés del delincuente, o es posible iniciar un proceso de deconstrucción constitucional por la puerta de atrás, es que no merece respeto. De ahí el alegato del Rey en su discurso de Navidad. El riesgo es que el «sanchismo» defiende que se puede anular la separación de poderes establecida en la Constitución y faltar al respeto a las sentencias si con ello se consigue seguir en el poder. Esta actitud hace saltar todas las alarmas aquí y en la Unión Europea.

La perspectiva es que el «sanchismo» aprobará la ley de amnistía y encontrará un Tribunal Constitucional favorable. A esto le seguirá el debate sobre la forma y fecha del referéndum en Cataluña, al tiempo que se inicie el proceso para la unificación del País Vasco y Navarra, que precisa de consulta popular. Todo tendrá lugar en medio de las elecciones vascas, en junio, tras las gallegas, que serán en febrero. Más le vale al PP sacar mayoría absoluta en Galicia. En caso contrario, gobernará la izquierda y enfriará el ánimo de los electores del centroderecha en toda España.

Porque este año tampoco ha sido bueno para las derechas. El PP y Vox no llegaron a la meta el 23-J. Ambos cometieron errores graves en campaña y con los pactos locales, permitiendo que el «sanchismo» extendiera el miedo irracional al Gobierno «ultra». No existían razones para creer que un Ejecutivo de coalición entre ambos partidos supusiera el fin de los «derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI». No ha pasado nada de esto allí donde los dos partidos gobiernan, como Murcia o Castilla y León, y tampoco donde manda el PP, como Madrid y Andalucía. La mentira ganó a la razón, porque los que tenían que armar argumentos razonables no supieron defender la verdad.

La tarea por delante es enorme. Defender la Constitución de la acción del Gobierno y de sus aliados es propio de otras latitudes o de tiempos pasados, pero habrá que adaptarse. Toda batalla que no se dé será una institución que se pierda, como el Tribunal Constitucional y tantas otras. Sería lamentable que, por seguir un mal entendido sentido de Estado, el CGPJ quedara también en manos sanchistas. Por supuesto, cualquier concepto que se admita, como «lawfare», será aceptar que se juega con las reglas impuestas por los enemigos del orden constitucional. Con estos deberes para 2024 no es posible decir que se haya aprobado con nota este 2023.