
Tribunales
APIF alerta de irregularidades en la elección de un fiscal extremeño para el juicio a García Ortiz
Se queja ante la Inspección fiscal de que no se ha informado de la elección al Consejo Fiscal, como establece la normativa interna
- García Ortiz se sentará en el banquillo del Supremo desde el 3 de noviembre en seis sesiones de mañana y tarde
- García Ortiz defiende su inocencia y denuncia una "operación orquestada" del entorno de Ayuso contra la Fiscalía
- El Supremo avanza en el juicio a García Ortiz con la designación de los siete magistrados del tribunal

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado una queja ante la Inspección fiscal para denunciar la forma en que se ha escogido al fiscal que participará en el juicio contra Álvaro García Ortiz por la presunta revelación de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La segunda agrupación profesional del Ministerio Público, que ejerce la acusación popular en la causa, advierte que ha tenido conocimiento de que será el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, el que participará. No les consta que haya sido designado por el propio fiscal general del Estado (al que formalmente corresponde) ni que se haya dado cuenta del nombramiento al Consejo Fiscal, como estipula su normativa orgánica.
Por ello, alerta que se han incumplido las normas estatuarias y el principio de transparencia que rige a la Carrera. APIF alerta de que tampoco conoce la razón detrás de que no participe en el enjuiciamiento a García Ortiz un fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo, dado que estima que sería lo procedente.
"De la lectura del Estatuto (Orgánico del Ministerio Fiscal) se desprende que solo el fiscal general del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un tribunal ante el que su nombramiento publicado en el BOE no le habilita a intervenir", recuerda APIF en su comunicado.
El fiscal superior extremeño Montero ya fue el que, en mayo de 2024, asumió la querella que Alberto González Amador interpuso contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, (que estuvo imputada en el caso hasta julio) y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, que fue el que llevó el procedimiento contra el empresario por los dos delitos fiscales y falsedad documental que le sentarán en el banquillo.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid les acusó a ambos de la revelación de los datos (de la investigación por la defraudación a Hacienda de la que fue objeto González Amador) por la que el próximo noviembre será juzgado García Ortiz.
El fiscal jefe de Extremadura entró, entonces, en escena después de que la fiscal madrileña (María de la O Silviculturas) en la que inicialmente recayó la querella se mostrase favorable a su admisión, entrando en conflicto con el criterio de la "número dos" de la Fiscalía General, María Ángel Sánchez Conde, que reclamaba su desestimación.
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