Aragón pide a Fiscalía investigar por estafa las mascarillas defectuosas de Lambán

El actual Gobierno de Aragón ha pedido a la Fiscalía que investigue por presunta estafa la compra por parte del anterior Ejecutivo del socialista Javier Lambán por 41.500 euros de 10.000 mascarillas FFP2 que eran defectuosas ya que no ofrecían realmente este nivel de protección frente a la Covid.

El gobierno aragonés del popular Jorge Azcón da traslado así del expediente de la adjudicación en abril de 2020 del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la empresa Escrow Trust Europe Foundation, registrada legalmente en Ámsterdam (País Bajos).

Esta adquisición se hizo como parte de una más grande en la que el Gobierno a cuatro de PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés le entregaron a esta compañía un total de 244.570 euros para el suministro de un lote de 70.000 mascarillas quirúrgicas y un millón de guantes de látex, además de las 10.000 FFP2 que al final no eran tal.

Asimismo, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha anunciado que reclamaran en los juzgados por la compra de las mascarillas el importe -menor al del facturado- de 25.382,31 euros de dinero público al Grupo Santa Catalina al que pertenece la empresa y advierten de que se compraron a un precio más de cinco veces mayor al del mercado.

El gobierno de Lambán pago 4,15 euros por cada mascarilla, cuando deberían haber costado 0,75 céntimos al no ser en realidad de uso médico. "Puede constituir una actuación consciente y deliberada por parte de la empresa vendedora", ha advertido la consejera.

Recriminan por todo ello al Gobierno antecesor que dirigía el PSOE el haber actuado desde la "inacción", pese a existir un requerimiento de la administración aragonesa en el que advertían a la empresa proveedora del material sanitario de que emprenderían acciones legales para conseguir la restitución de los fondos públicos invertidos. Unas actuaciones que "nunca se llevaron a término", según explicó Carmen Susín.

Se demostró que el material en cuestión no cumplía con las características específicas tras su análisis en un laboratorio especializado externo. Las mascarillas siguen más de tres años después almacenados en el sótano de los antiguos juzgados zaragozanos de la plaza del Pilar y ni una unidad llegó a ser utilizada.

El resto de los elementos de protección sanitaria acabaron, según informó en su momento la dirección del IASS, en distintas residencias de ancianos tanto públicas como privadas de Zaragoza, Huesca y Teruel