La ley de amnistía de Sánchez y Puigdemont sortea el Código Penal español

La ley de amnistía verá la luz en breve. PSOE, Junts y ERC darán este jueves el visto bueno al dictamen de la ley en la Comisión de Justicia. Una ley que si bien fue tumbada por Junts hace un mes, ahora regresa al Congreso de los Diputados después de que el Ejecutivo intensificara las negociaciones en los últimos días tras conocer el borrador del informe de la Comisión de Venecia, el cuál el Gobierno ha aprovechado para adaptar los delitos de terrorismo y alta traición al derecho europeo con el objetivo de que finalmente la ley sí pueda abarcar a todos los encausados por el procés. Ahora, con la nueva redacción, Junts dará su "sí" al ver despejado el camino jurídico al expresident Carles Puigdemont.

El PSOE reanudó las conversaciones con sus socios y consiguió convencerlos tras garantizar que la ley quedará adaptada a los estándares europeos, como quería Junts y como también recomienda la comisión de Venecia, que pedía que la ley de amnistía cumpla con "los requisitos de legalidad y respeto al derecho internacional". En la Comisión de Justicia, PSOE, Junts y ERC transaccionarán tres enmiendas que ya han sido firmadas por todos los grupos y habrá otra enmienda al preámbulo de la ley -a pesar de que el PSOE se negó en un principio a tocar la exposición de motivos-. El resto de enmiendas vivas -registradas por ERC y Junts- decaerán en la comisión.

De la ley se excluirán los delitos más graves de terrorismo y traición, según fuentes de la negociación, y no se amnistiarán los delitos de corrupción, es decir, los delitos que supongan "enriquecimiento personal". Concretamente, según las enmiendas pactadas, "solo podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña". El PSOE, ERC y Junts pactan que, según las directrices de la Comisión de Venecia, se establece la diferencia entre las acciones que pueden ser amnistiadas y los actos de corrupción, a los que no es aplicable la medida. " La presente norma especifica que sólo los actos de malversación dirigidos a los fines mencionados en la ley pueden acogerse a ella, excluyendo expresamente aquellos que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial", especifican.

Las enmiendas garantizan la inclusión en la amnistía de "todas las personas involucradas en el proceso independentista- según explican fuentes de la negociación. El acuerdo al que han llegado PSOE, ERC y Junts gira en base al derecho europeo y la jurisprudencia internacional, "en línea con los criterios señalados por la Comisión de Venecia", lo que facilita que los tribunales españoles tengan que aplicar la ley de amnistía. Modificaciones que en el Ejecutivo defienden como "técnicas" y que buscan la asimilación a los "estándares europeos". Según las citadas enmiendas, la ley de amnistía "ha sido diseñada en coherencia con los compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos". Para eliminar los delitos de terrorismo según el Código Penal español, la ley incorpora exclusiones específicas para "garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y responder a la jurisprudencia relevante". Respecto a las violaciones graves de derechos humanos, se basan en las posiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para excluir del ámbito de la ley "los actos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, tomando en consideración las directrices del Consejo de Europa sobre la impunidad de violaciones graves de derechos humanos". Estos cambios están registrados en el artículo 2 de la ley con este nuevo articulado se suprime la referencia al Código Penal español y solo quedan recogidos los "actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo", según el Derecho europeo (Directiva 2017/541) y siempre y cuando "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", haciendo referencia a la tortura y la muerte.

Con el nuevo redactado, también queda retocado el delito de traición. Hasta ahora, quedaban excluidos de la amnistía "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal". Sin embargo, tras la enmienda pactada entre PSOE, ERC y Junts, el precepto añade la coletilla de que todo delito de traición quedará excluido siempre y cuando no se haya producido "tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas".

Los cambios introducidos recogen recomendaciones de la Comisión de Venecia, como incide el Gobierno, y amplían el plazo de cobertura de la ley desde el 1 de noviembre de 2011 y no desde el 1 de enero de 2012 que inicialmente se recogió en el primer texto. En la enmienda al preámbulo se refleja este cambio, destacando que es "cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista". Las enmiendas al preámbulo inciden en que el objetivo de la ley pasa por "finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista"-

La ley de amnistía ha sido avanzada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha confirmado que la ley, aunque nazca "del parlamento español", será una "ley europea". "Estamos aprobando una ley que será un referente mundial", ha garantizado el ministro. Una ley focalizada en la figura del expresident Carles Puigdemont -motivo por el que Junts la tumbó hace un mes- y que ahora el Ejecutivo asegura que será amnistiado. "La voluntad es que todas las personas implicadas en el proceso independentista queden amnistiadas", confirmó a los medios de comunicación, ante la advertencia de Junts, que todavía destilan desconfianza. "Estaremos satisfechos cuando todo el mundo pueda decir que no está encausado por ser independentista", avisó la portavoz Miriam Nogueras.