El magistrado que instruye el "caso Villarejo" en la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha desestimado la petición del comisario jubilado de imputar al empresario Javier Pérez Dolset y a dos personas más en la causa tras conocerse que tanto él como Leire Díez, la "fontanera" del PSOE, se hicieron con audios suyos y los llevaron a Ferraz. En ese sentido, el juez -y también la Fiscalía Anticorrupción- precisan que se trata de material obtenido en "fuentes abiertas" y que no se va a investigar en esta macrocausa porque es "ajeno" a la misma.

Así se desprende de sendos escritos, que adelanta LA RAZÓN, y en los que se precisa que todos estos audios que Pérez Dolset aportó al caso en 2022 ya han sido objeto de análisis. Cabe recordar que el PSOE, personado como acusación popular, ha intentado sin éxito que el juez adhiriera todo el material a este procedimiento (incluido también un informe de Villarejo sobre las saunas gays del padre de Begoña Gómez). Sin embargo, tanto Anticorrupción como la propia Audiencia Nacional le han negado el acceso a este material porque no forma parte del procedimiento.

De hecho, Pérez Dolset y la fontanera del PSOE -a quien se le investiga en un juzgado de Madrid por sus presuntas maniobras contra la UCO, jueces y fiscales- pusieron a disposición de Ferraz todo este material. El empresario (que está personado en esta causa como víctima de Villarejo) llevó al PSOE todo el material recopilado durante años y que, según asegura, contendría principalmente audios sobre operaciones irregulares de la "policía patriótica".

El pendrive de Leire

El PSOE lo derivó a la Fiscalía General del Estado y ésta, a su vez, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual abrió causa hace unas semanas para investigar el contenido del dispositivo, tal y como desveló este medio. De hecho, encargó las diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la cual se encuentra en estos momentos analizando todo el material. El contenido de este dispositivo lo constituye los mismos audios que Pérez Dolset aportó en el "caso Villarejo" en 2022 con el fin de que se investigaran.

El entonces instructor, Manuel García Castellón, los derivó a una pieza separada (la número 34) y encargó su análisis a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, la cual determinó que muchos de ellos proceden de fuentes abiertas. Con todo, algunos de ellos (como los relativos a conversaciones entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el propio Villarejo) se derivaron a las correspondientes piezas. Los restantes se apartaron del procedimiento por no tener vinculación con los espionajes que aquí se investigan.

No obstante, Villarejo movió ficha tras estallar el "caso fontanera" y pidió que se investigara un uso indebido de su material. El comisario se hizo eco de la reunión que mantuvo Díez con un empresario imputado en la Audiencia Nacional en el marco de la cual buscaba trapos sucios contra la Guardia Civil. A esta cita se sumaron otras con empresarios, imputados en el caso Koldo y fiscales Anticorrupción. Díez y Pérez Dolset reaccionaron asegurando que los encuentros se enmarcan en un trabajo de investigación sobre las cloacas del PP.

Anticorrupción: "Se desconoce la fuente"

En ese sentido, Pérez Dolset aseguró en varias entrevistas que se había dedicado durante años a recopilar todo el material que se le intervino a Villarejo tras su detención en noviembre de 2017 y que había invertido más de cinco millones de euros para analizarlos. Sin embargo, la defensa del comisario denunció en junio que se habían organizado "como un grupo parapolicial" y que difundieron audios privados de la causa "alegando trabajar a las órdenes del Gobierno".

Por ello solicitó la imputación de este empresario, de la periodista Patricia López y de Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, dueño del digital Moncloa.com, alegando sobre este último que le facilitó audios suyos. En concreto solicitó que se investigara si los documentos "filtrados" por Pérez Dolset se habían obtenido del caso Villarejo y si se produjo una "utilización ilegal" de los mismos "para extorsionar o, cuando menos, difamar a terceros, según ellos mismos han reconocido públicamente".

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la petición de Villarejo recordando que todo este material (que posteriormente se entregó en un pendrive al PSOE) procede de fuentes abiertas y que, por lo tanto, no pesa ninguna restricción publicitaria sobre el mismo. Con todo, admite que no todos los archivos que manejan los presuntos emisarios del PSOE forman parte de lo incautado a Villarejo. Al hilo, recuerda que ya se valoró incorporar a la causa solo los audios que, "efectivamente, hicieran referencia a los hechos investigados" mientras que el resto quedó fuera, pese a que el partido socialista ha dado la batalla por acceder a ellos por la vía judicial.

El juez: "Es ajeno a la investigación"

"Desconociéndose el origen o la fuente de los archivos de audio publicados en los medios de comunicación, lo cierto es que los archivos de audio procedentes de la pieza separada 34 no están sujetos a ninguna restricción publicitaria acordada judicialmente. Cuestión diferente es que no proceda su formal incorporación a la presente causa al resultar ajenos a los hechos objeto de investigación", expuso el fiscal Anticorrupción del caso Villarejo, César de Rivas.

El magistrado, en auto firmado el pasado 22 de septiembre, adopta el criterio del Ministerio Fiscal y explica que lo solicitado por el agente encubierto no forma parte de este procedimiento, en el marco del cual se abrieron medio centenar de piezas para investigar sus encargos de espionaje. Además, indica que la denuncia "no cuenta con ningún apoyo objetivo" ni con "ningún principio de prueba" que justifique atribuir la comisión de delito a los denunciados.

Cabe recordar que Pérez Dolset (a quien la Audiencia Nacional ha procesado por la quiebra de su tecnológica) aportó en 2022 un pendrive con siete carpetas las cuales contenían, a su vez, 39 archivos de raíz. Las mismas llevaban por nombre: "Audiencia Nacional"; "Astapa" (en referencia a la causa contra el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos); "Faisán"; "J.L Pérez" (en posible alusión a José Luis Pérez, un informante de Villarejo en la investigación contra Sandro Rosell); "Olivera" (en alusión al exjefe de la UDEF con el PP, José Luis Olivera); la carpeta "PP" y una última sin título.