Bochorno democrático

Menos mal que la campaña ya se acaba, porque estamos al borde del bochorno. «Bochorno democrático», se entiende, pero bochorno a fin de cuentas, pues no tiene otro calificativo un escenario en el que se compran y venden votos como si estuviéramos en una república bananera. Dijo la ministra portavoz, el otro día, que lo de Melilla demuestra que «el Estado de Derecho funciona». Puede ser, pero lo cierto es que hemos estado, y estamos, al borde de la indignidad. De la degradación que supone que haya una mafia que compra votos a 50 o 200 euros. La mancha que tal procedimiento supone para España. El baldón que nos va a quedar como país si en vez de aislar lo sucedido resulta que tal procedimiento caciquil se extiende a otros escenarios, como ayer sucedió con Mojácar, con siete detenidos de la órbita socialista por actuar de manera parecida a como hacían los partidarios de Aberchán en la Coalición por Melilla asociada a Yolanda Díaz en Sumar y a Errejón en Más País.

Bien, argumentan ahora algunos que se trata de hechos aislados y que no hay que generalizar. Verdaderamente nunca se debe atribuir la parte al todo, pues eso sería arbitrario amén de injusto, pero también hay que llegar a la conclusión de que los fraudes denunciados se sustentan en el hecho inaudito de que cualquier ciudadano español puede emitir su voto por correo sin necesidad de acreditar su identificación con DNI a la hora de emitir el sufragio. Cuestión incomprensible puesto que nuestro sistema de escrutinio presencial, mucho más garantista que el voto electrónico aceptado en países como Venezuela, Brasil o algunos estados USA, exige siempre que cuando llega al momento de votar también llega el de identificar a quien lo hace. Y no se ejercita el derecho si uno no lo acredita personalmente. En el sufragio por correo, empero, dado que puede haber personas enfermas a las que les es imposible desplazarse, la identificación personal se podría suplir por el apoderamiento notarial, pero en ningún caso por el hecho inexplicable de que una misma persona pueda depositar quince, veinte o treinta votos sin necesidad de mostrar identificación alguna, como en este momento sucede. No solo en Melilla, como pudiera parecer, sino en cualquier parte del país.

Un ciudadano empadronado en Madrid, pero con necesidad de votar desde Extremadura por circunstancias laborales, nos trasladaba su experiencia al contar cómo a las 10:30 de la mañana se personó en su Oficina de Correos con la intención de votar. Al encontrarse con la funcionaria, tras respetar media hora de cola, procedió a entregar el sobre y a enseñar su DNI para identificarse. La sorpresa fue mayúscula cuando la empleada le dice que la identificación no es necesaria, que el voto lo puede entregar cualquiera. En ese momento, nuestro protagonista traslada a la funcionaria su disgusto y disconformidad, calificando de fraude la situación, «pues en esas condiciones cualquier persona puede manipular mi voto». La respuesta que recibe es que se entiende que la persona que depositaría el sufragio sería previsiblemente de su confianza y, por tanto, «no hay problema». No obstante lo cual, este ciudadano sigue con la protesta y obliga al funcionario a hacer constar en el sobre que había sido identificado por su DNI, a lo que el empleado le contesta que lo hace pero que «eso puede ser un motivo de impugnación», alegando «actuar conforme a las instrucciones escritas recibidas y de acuerdo con la legislación electoral». Momentos más tarde, relata el denunciante, acude a su misma ventanilla de la Oficina de Correos otro individuo que entrega al funcionario contiguo un total de siete papeletas de voto sin que nadie le pida identificación alguna. Continúa con su protesta, saliendo el director de la oficina para manifestar que al recogerlas se actúa conforme a la legalidad. Y sí, ciertamente el procedimiento será legal, pero muy normal no parece, no.