"Caso Tsunami": la jueza del Supremo suspende la citación de Carles Puigdemont

La magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo, instructora del "caso Tsunami Democràtic" respecto a Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, fugado a Suiza, ha suspendido temporalmente los mecanismos de cooperación judicial que puso en marcha el pasado abril para citar a declarar de forma voluntaria a ambos investigados por terrorismo por su supuesta responsabilidad en la plataforma que impulsó las acciones de protesta contra la sentencia del "procés" en 2019.

En una providencia, la instructora del procedimiento ha dejado sin efecto tanto la Orden de Investigación Europea (OEI) como la solicitud de asistencia judicial remitida a Suiza para citar en la causa al expresident y al diputado de ERC, quien ya ha remitido un escrito al Supremo solicitando el archivo de la investigación.

Polo adopta esta decisión a la espera de decidir si procede la aplicación de la ley de amnistía a este procedimiento, pues está a la espera de que las partes se pronuncien, para lo que el pasado martes -día de entrada en vigor de la normativa- les dio un plazo de diez días.

Sin embargo, mantiene la notificación a Puigdemont de las resoluciones acordadas en el seno del procedimiento, pese a que hasta ahora el líder de Junts no se ha personado en la causa.

La magistrada del Tribunal Supremo tenía intención de tomar declaración a Puigdemont por videoconferencia, por lo que les citó la próxima semana de forma voluntaria, pues al estar ambos aforados de no ser así debería solicitar el suplicatorio al Parlamento de Cataluña y al Parlamento Europeo (una vez el expresidente de la Generalitat tome posesión de su cargo como diputado en el Parlament, esa solicitud para interrogarle debería cursarse a la Cámara catalana).

En la resolución en la que decidió por unanimidad investigar por terrorismo a Puigdemont, la Sala Penal del Supremo atribuía al líder independentista el "liderazgo absoluto" de Tsunami Democràtic, cuyo objetivo era "combatir" la sentencia del "procés" e intentar trasladar a la opinión pública internacional "la injusticia palmaria de la resolución" impulsando "actos violentos para evitar su cumplimiento".

Las acusaciones que ejercen dos policías heridos en la "huelga general" convocada en Cataluña el 18 de octubre de 2019 y Sociedad Civil Catalana (SCC) se opusieron a que Puigdemont declarase por videoconferencia al entender que una declaración telemática no garantiza las condiciones de seguridad legalmente establecidas. Ni Puigdemont ni Wagensberg -insistieron los abogados de los dos agentes- "tienen un domicilio fijo en el extranjero", por lo que encontrándose además en situación de rebeldía un interrogatorio por videoconferencia podría vulnerar el derecho de defensa y los principios de oralidad, inmediación y contradicción.