El Consejo Fiscal ampara de forma unánime a Grinda, objetivo de la "trama" de la "fontanera" del PSOE

El Consejo Fiscal ha otorgado de forma unánime amparo al fiscal Anticorrupción José Grinda -uno de los objetivos de la trama de la "fontanera" del PSOE Leire Díez- una vez que el representante del Ministerio Público instó la medida al sentirse perturbado en su desempeño profesional por las maniobras de la exmilitante socialista para desacreditar al fiscal del "caso 3%" sobre la financiación ilegal de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), la formación antecesora de Junts per Catalunya (JxCat) o del "caso Zed", en el que está imputado uno de los empresarios, Javier Pérez Dolset, que figura en los audios de la supuesta trama.

El artículo 118 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, entre los derechos profesionales de los representantes del Ministerio Público se incluye el "acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se considere inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones", tal y como ha hecho el propio Grinda.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, la propuesta ha recibido el respaldo de todos los miembros del Consejo Fiscal, además de Álvaro García Ortiz, que preside el órgano consultivo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz (ambas integrantes natas del Consejo); y de los otros nueve consejeros (seis de la mayoritaria Asociación de Fiscales, dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

Grinda: "Maniobras para desprestigiarme"

En el escrito en el que solicitaba el amparo, Grinda exponía que los hechos que han revelado esos audios de la trama de la "fontanera" del PSOE son de "especial trascendencia" y afectan al ejercicio de sus funciones. Se trata, recalca, de hecho "consecuencia del desempeño de mi trabajo" y pone de relieve que a consecuencia de los mismos está siendo "perturbado e inquietado en el ejercicio imparcial del mismo".

Grinda afirma haber tenido conocimiento por los medios de comunicación de las "maniobras" de Leire Díez para "desprestigiarme y desestabilizarme en el desempeño de mi función".

Ante ese "manifiesto ataque al imparcialidad que rige mi función", el fiscal Anticorrupción solicitó ser "amparado" por la Fiscalía General del Estado previa deliberación en el Consejo Fiscal en la sesión celebrada hoy.

"Tengo toda la documentación sobre ese señor"

Los audios adelantados por El Confidencial y a los que también ha tenido acceso este diario ponen de relieve cómo la "fontanera" del PSOE demandaba a empresarios información sobre mandos de la Guardia Civil claves en las investigaciones contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fiscal general del Estado, como es el caso del teniente coronel Antonio Balas, al frente de la unidad de Delitos Económicos de la UCO, y del propio Grinda, entre otros (el excapitán de la UCO -desde 2023 gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud- Juan Vicente Bonilla, uno de los primeros que investigó la "trama Koldo", también estaba en el punto de mira).

En esos audios, otro empresario, Alejandro Hamlyn -investigado en la Audiencia Nacional por un supuesto fraude en el sector de los hidrocarburos- sacaba a colación el nombre de Grinda, trasladando a sus interlocutores: "Yo tengo también toda la documentación sobre ese señor".

La exmilitante socialista recoge entonces el guante y tras apuntar que "cuando yo hablo de hacer ruido es que se vaya descubriendo lo que hay aquí de verdad" y dejar en el aire una enigmática pregunta -"¿tú sabes lo que pasa cuando dejas un animal malherido y hay un buitre cerca?"- avisa de que hay que ir "con cuidado" porque disponen de "disparos contados y muchos pájaros", por lo que hay que "intentar que con un disparo mates 15". "Explícame lo de Grinda", insta al empresario.

"Eso es un tema que tenemos que poner encima de la mesa con papel y boli", señala entonces su interlocutor, que deja claro que le tienen a su "entera disposición", aunque deja claro que quiere "un papel firmado". "Soy un empresario. No trabajo para el Estado".

Rechazo mayoritario a la reforma de Bolaños

Sin embargo, esa unanimidad no ha existido en la valoración de la reforma de la Fiscalía -que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas y amplía a cinco años el mandato del fiscal general para desligarlo de la legislatura-, un anteproyecto al que se ha opuesto la mayoría del Consejo Fiscal (los seis miembros de la AF y el de APIF) al considerar que refuerza las competencias del máximo representante del Ministerio Público sin los contrapesos adecuados y "debilita" al propio Consejo Fiscal.

Según las fuentes consultadas, los vocales discrepantes han cuestionado la urgencia de la reforma, que -se quejan- suprime el "contrapeso" que ejerce el Consejo Fiscal respecto al fiscal general del Estado y le priva de "todas las facultades decisorias sin justificación". También se han quejado que la reforma legal que impulsa el Gobierno "modifica el sistema de mayorías" al limitar a cinco el número de candidatos a los que se puede votar, lo que según entienden los consejeros de la Asociación de Fiscalés, beneficia a las representación minoritaria.

La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales se han posicionado en contra de este cambio legal, que consideran que aumenta las competencias del fiscal general "en nombramientos, incompatibilidades y régimen disciplinario", un cargo que -lamentan- que "como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales instructores", seguirá "nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, aumentando aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".