Cristina Dexeus: "El Gobierno ha comprado el relato del independentismo"

Su diagnóstico sobre la situación actual del Estado de derecho en España es inequívoca. «De quiebra». En guardia ante las denuncias de «lawfare», Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la más representativa de la carrera, considera que obligar a jueces y fiscales a declarar en comisiones de investigación parlamentarias supondría una «invasión intolerable» del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Y advierte: la imagen de Pedro Sánchez reunido con Carles Puigdemont será «demoledora» para la Justicia.

Con la tramitación de la ley de amnistía en marcha, las acusaciones de «lawfare» y las primeras comisiones de investigación para revisar la actuación judicial, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación del Estado de derecho en España en estos momentos?

De quiebra. Se trata de una situación potenciada no solo por los socios de Gobierno en la actual legislatura, sino por el propio Gobierno de España, que ha comprado el relato del independentismo.

Los fiscales del «procés» reclamaron al fiscal general una defensa expresa frente a las acusaciones de «lawfare». Su asociación llevó al Consejo Fiscal este asunto, consiguiendo un amparo unánime de la institución. ¿Considera que García Ortiz no les ha defendido como debiera?

Desde la Asociación de Fiscales hemos solicitado al fiscal general que no adoptase una actitud de pasividad en la defensa del Estado de derecho, de la separación de poderes y de la independencia judicial y en la defensa y amparo de todos los compañeros que han estado vinculados a procedimientos relativos al «procés». Esa inactividad es la que nos llevó a pedir su dimisión.

Tras el último Consejo Fiscal, García Ortiz reiteró que los defenderá si son «perturbados» en sus funciones. ¿Le parece insuficiente?

Sí, se trata de una declaración muy genérica, que no rechaza de plano el relato del «lawfare». Evita, como viene siendo habitual, cualquier alusión a los pactos sobre la creación de comisiones parlamentarias de investigación de la actuación judicial, y a lo que implica de afectación a los principios de separación de poderes y de independencia judicial, que son básicos para el mantenimiento del Estado de derecho.

¿Qué supone para la Fiscalía que se extiendan sombras de sospecha sobre su actuación en el «procés»?

Es de las peores cosas que podrían sucedernos, no solo como fiscales, sino como ciudadanos de un Estado de derecho, puesto que la Fiscalía es la encargada de la defensa de la legalidad y, también, de la independencia de los tribunales. Si se extiende la duda sobre su actuación se está ensombreciendo la imagen de España como Estado de derecho sometida a los principios de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica y separación de poderes.

"Lawfare"

Si algún fiscal es citado en una comisión de investigación. ¿Estaría obligado a ir a declarar?

No. Se trataría de una invasión intolerable en un Estado de derecho del Poder Legislativo en el funcionamiento del Poder Judicial. Sería tanto como someter a «juicio popular» a quienes tienen como función aplicar la ley y enjuiciar los delitos.

¿El daño sería irreparable?

Sería, efectivamente, la voladura del Estado de derecho.

¿Confía es que eso no suceda?

La confianza que empiezo a tener es mínima. Debemos de defender la visión de España como Estado de derecho y no ceder ante estos ataques, que proceden esencialmente de políticos que han cometido hechos delictivos y han sido juzgados o procesados por ellos, y que ahora lo que pretenden es arrogarse funciones de jueces para someter a juicio la actuación de jueces y fiscales. Es el «lawfare». Esto es lo que conllevan los pactos suscritos entre PSOE y Junts. Hay que recordar la frase de Junqueras, cuando finalizó el juicio ante el Tribunal Supremo, cuando dijo que «convocar un referéndum no es delictivo, lo delictivo es prohibirlo». Esa frase hoy tiene su reflejo en esas comisiones y en los pactos entre Junts y PSOE: crear comisiones para dar la vuelta a la actuación judicial.

El Gobierno defiende que la ley de amnistía es imprescindible para recuperar la concordia en Cataluña. ¿Está de acuerdo?

En absoluto. La ley de amnistía tiene una finalidad por completo distinta de la que se nos pretende hacer creer, y es la obtención de siete votos para la consecución de la investidura de Pedro Sánchez. La convivencia en Cataluña se estaba recuperando en los últimos años. El movimiento independentista estaba en retroceso, como lo demuestran los resultados electorales, y la sociedad civil estaba recuperándose del golpe que supuso el «procés». No hacía falta ninguna medida política para fomentar la convivencia de los ciudadanos catalanes.

Pactos

Más allá de que la amnistía despliegue la impunidad sobre los delitos cometidos, ¿debilita la actuación de la Fiscalía en el futuro ante escenarios similares?

Por supuesto. Pero realmente esto es un camino que se empezó a andar hace ya un tiempo. Primero fueron los indultos. Después las reformas legislativas, haciendo desaparecer el delito de sedición por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo políticos que habían cometido delitos. Después, el abaratamiento del delito de malversación, o sea, la corrupción política. Y ahora, la amnistía. Ya llevamos un buen trecho recorrido.

¿El siguiente paso es el referéndum?

No lo sé, eso lo sabrán los que están pactando con Junts y Esquerra.

Que el presidente del Gobierno se reúna con Puigdemont, ¿daña la imagen de la Justicia?

La imagen es demoledora. Se está asumiendo el relato independentista. El preámbulo de la proposición de ley de amnistía lo acredita, pero la imagen de la reunión del presidente del Gobierno con un prófugo de la Justicia es la representación máxima de la entrega del Estado de derecho a un político sometido a un proceso judicial por haber cometido hechos por los que otros políticos ya han sido condenados.

¿Qué espera de la Justicia europea respecto a la amnistía?

Es necesario que tengamos claro que la amnistía y el «lawfare» no es una cuestión estrictamente interna de España, sino que afecta a la Unión Europea, porque atenta contra los principios democráticos y afecta los principios básicos de la Unión Europea de separación de poderes, independencia judicial, igualdad y, sobre todo, de lucha contra la corrupción política –y la malversación no es más que eso, un delito de corrupción– y el terrorismo, donde hay unas directivas claras de la Unión que nos obligan. Por tanto, espero que la Unión Europea intervenga en el caso de que la situación en España no se encauce.

La independencia del fiscal general de turno siempre está en entredicho. ¿Esa sombra de sospecha se ha acentuado en los últimos años?

Sí. Las recomendaciones de GRECO siempre nos dirigen hacia la potenciación de la imagen de neutralidad y de imparcialidad de la institución. Sin embargo, en los últimos años la dirección adoptada por el Gobierno parece la contraria. Debiera reformarse el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para modificar el sistema de nombramiento del fiscal general, de forma que su mandato no coincidiese con el del Gobierno que lo propone ni cesase con él, y que se establecieran trabas para el acceso al cargo de quienes, sin solución de continuidad, hayan ejercido cargos políticos de responsabilidad, al menos en un plazo no inferior a cinco años. Además, tendría que atribuirse al Consejo Fiscal una mayor relevancia en materia de nombramientos, especialmente respecto a los que suponen un ascenso a la primera categoría de la carrera fiscal, sobre todo desde el nombramiento de Dolores Delgado.

Vía europea

No parece que el Gobierno esté por la labor. ¿Es imprescindible que el mandato del fiscal general y el del Gobierno no coincidan?

En absoluto está por la labor. Sí considero que es imprescindible. Tras todo lo sucedido hasta el momento sería necesario adoptar las medidas que indicaba anteriormente a fin de sanear la imagen de nuestra institución y cumplir con los mandatos europeos.

Esa política de nombramientos ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo.

Los nombramientos efectuados tanto por Dolores Delgado como por García Ortiz están tremendamente decantados hacia miembros de su anterior asociación, la Unión Progresista de Fiscales. Ejemplo claro de ese afán por copar la carrera es el nombramiento, por dos veces anulado por el Tribunal Supremo, de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. Pero esto supone, además, que el órgano de asesoramiento del fiscal general, que es la Junta de Fiscales de Sala, esté mayoritariamente constituido por compañeros pertenecientes a una asociación que es minoritaria.

El CGPJ ha considerado inidóneo el nombramiento de García Ortiz. ¿Qué supone para la imagen del Ministerio Público?

La reprobación no viene solo del CGPJ, sino también de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, en la que se refiere a la actuación de García Ortiz como una desviación de poder. Eso es inédito en España y el daño reputacional a la institución es gravísimo, porque no hay que olvidar que el Ministerio público tiene encomendada la defensa de la legalidad.

¿Cuál es a día de hoy la principal carencia de la carrera fiscal?

Ahora mismo, la principal carencia es el posicionamiento del fiscal general del Estado al frente de la carrera en la defensa del Estado de derecho. Después, resulta importantísimo mejorar potenciar la imagen de imparcialidad, porque si no es imposible avanzar en el modelo de investigación penal atribuyendo la investigación a los fiscales. Evidentemente, la ausencia de medios materiales y personales sigue siendo otra de las prioridades para la carrera.