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Cuando la política de gestos no convence

Ciudadanos con diferentes problemas e inquietudes analizan las primeras medidas del «sanchismo»: «Cuando el PSOE estaba en la oposición decía una cosa, pero cuando le toca gobernar, hace otra»

  • Celia Ferrero, Sixto Cadenas, Luis Chamorro y Leopoldo Pelayo
    Celia Ferrero, Sixto Cadenas, Luis Chamorro y Leopoldo Pelayo

Tiempo de lectura 8 min.

09 de septiembre de 2018. 02:34h

Comentada
Pablo Gómez 9/9/2018

Moción de censura, estabilidad, programa social y convocatoria de elecciones cuanto antes. El esquema progresivo con el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa quedó pronto desmentido, nada más confirmar su intención de agotar el mandato hasta 2020. Con la estabilidad también amenazada por los indicadores económicos y la crisis catalana, el Gobierno socialista fía el éxito de la legislatura a la tercera etapa de esta hoja de ruta, la que se refiere a la puesta en marcha de medidas sociales, económicas y políticas que reviertan el «alertagamiento», en palabras de su portavoz, que sufría el país con Rajoy como presidente. En este terreno, estos 100 días sólo se han traducido en gestos e intenciones. Así lo reconocen pensionistas, autónomos, afectados por los problemas de vivienda así como los catalanes contrarios al «procés», que analizan para LA RAZÓN este periodo.

Uno de los colectivos que con más ilusión aguardaba la llegada del PSOE al Gobierno era el de los pensionistas. Fundamentalmente por las promesas tanto de esta formación como de su principal socio, Podemos, de impulsar una reforma para actualizar las pensiones con el IPC. Tres meses después, la iniciativa sigue sobre la mesa de las negociaciones entre el Gobierno y el partido de Pablo Iglesias para sacar adelante las cuentas del próximo año. Pero los pensionistas tienen prisa: el 34% de los hogares tiene como único ingreso una pensión; el 50% de los pensionistas, el 70% en el caso de las mujeres, percibe un ingreso por debajo del salario mínimo; 2,3 millones de mayores reciben una pensión de viudedad de 650 euros que tiene verse completada por los «complementos de la vergüenza»... «La voluntad política del PSOE era una en la oposición y es distinta en el Gobierno», asegura Leopoldo Pelayo, portavoz en Madrid de la plataforma en Defensa de los Pensionistas. A su juicio, el aterrizaje de Sánchez en La Moncloa ha hecho virar la posición que tenía sobre pensiones cuando gobernaba Rajoy. El impuesto a la banca como vía para financiar el sistema público, por ejemplo, ya ha sido descartado. «Demandábamos unas cosas con las que estaban muy de acuerdo, por ejemplo, en el copago farmacéutico o en el tema de que los presupuestos se hicieran cargo de los déficit de la Seguridad Social. Muchos aspectos que el presidente Sánchez y Magdalena Valerio, con la que nos hemos reunido cuando era una militante y no la ministra de Empleo, nos decían que sí, pero el PSOE cuando está en la oposición dice una cosa pero cuando le toca gobernar hace unas políticas que no pueden decirse sociales y a favor de una mayoría social». Desde la plataforma que ha logrado en estos años sacar a los pensionistas a la calle para defender sus derechos, creen que el Gobierno del PSOE tiene en su mano cumplir sus promesas si de verdad tiene voluntad política para ello: «Sabemos que se pueden hacer políticas sociales y, sin embargo, en las prestaciones sociales estamos en unas condiciones por debajo de la media de la Unión Europea». Para empezar, con la actualización de las pensiones no con el IPC sino con el IPC real: «Estamos frontalmente en contra de un índice que no recoja lo que sube la inflación porque, además, las pensiones en Europa se revalorizan con el IPC real». Leopoldo también anima al Gobierno a derogar los aspectos regresivos de las reformas de los años 2011 y 2013 –que, en conjunto, suponen una pérdida de poder adquisitivo por encima del 30%– y el combate contra los planes privados de pensiones.

En su reunión del jueves en Moncloa, Sánchez e Iglesias llegaron a un acuerdo para, según anunció el líder de Podemos, bajar los impuestos a los autónomos. Algo que ha provocado desconcierto y confusión en este colectivo. «Se generan anuncios y noticias que no producen ninguna certidumbre sino todo lo contrario», apunta Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). «En estos 100 días se deberían haber preocupado más por decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer», añade. Entre los reparos de los autónomos destaca el hecho de que considerar que los autónomos coticen por los ingresos no es una bajada de impuestos: «Las cotizaciones no son un impuesto sino un seguro que permite a futuro tener una prestación social». De llevarse a cabo el cambio esbozado por Iglesias, el 70% de los autónomos –los que declaran unos rendimientos superiores a la base mínima– pasará a pagar más. «Ese 70% vería subir sus cotizaciones. Al final este tipo de anuncios puede provocar que a muchos autónomos se les genere unas expectativas a futuro que pueden verse frustradas», destacan desde ATA. Han sido 100 días para este colectivo plagados de globos sonda: desconocen si la subida de impuestos a los carburantes les afectará o no, si la traifa plana se mantendrá y cómo se va aplicar en el caso de la tarifa plana rural. Todo ello, según Ferrero, da forma a un cóctel que resucita el fantasma del empleador desconfiado y con miedo: «Es esencial recuperar esa certidumbre y buscar el rigor en lo que se dice. Lo contrario no ayuda al emprendimiento ni a la creación de empleo». De seguir el rumbo actual, podría porlonagarse, advierten, la «tormenta perfecta» de este verano. En agosto se han destruido los récords históricos del primer semestre: 17.894 autónomos menos en un solo mes. Si entre enero y junio los autónomos crecieron a un ritmo de 382 diarios –68.880 más en todo el semestre–, entre julio y agosto la pérdida ha sido de 404 cada día, hasta sumar un total de 24.280.

También esta semana, los líderes de PSOE y Podemos acordaron abrir una nueva mesa, la quinta, dentro de su negociación. Abordarán en este foro los problemas relativos a la vivienda. Porque, tal y como sostiene Luis Chamorro, de la Plataforma Antidesahucios de Madrid, «la gente que pierde la vivienda porque no puede pagar la hipoteca, lejos de lo que dicen los titulares de Prensa, no ha bajado. Sigue estando en las mismas cifras y consecuencias vitales: ha habido 17.000 suicidios con causas económicas entre 2007 y 2016. A eso nosotros sumamos los muertos en accidentes laborales por precariedad». Este afectado por una ejecución hipotecaria demanda una actuación urgente por parte del Gobierno socialista: «Esta semana en un reportaje me preguntaba la BBC si el Gobierno podía hacer algo con el tema de las hipotecas. Nosotros decimos sí, otra cosa es que se atreva». Y pone deberes al presidente porque, argumenta, hay medidas que deben implementarse ya como la adecuación de la deuda a las circunstancias económicas sobrevenidas, esto es, «que la gente no pierda la propiedad porque los bancos han dado las hipotecas sabiendo que la gente no iba a poder pagar. Un diputado del PSOE nos preguntaba el otro día: ¿qué es lo más urgente? Lo más urgente es que la gente no se vaya a la calle. Que no la saquen de su casa porque se le ha acabado el contrato del alquiler».

Uno de los logros que se atribuye el Gobierno de Sánchez es la recuperación del diálogo con Cataluña. En estos meses, la crisis de los lazos amarillos y los planteamientos de ruptura avanzados por Torra han elevado la tensión hasta el punto de haberse abierto ya el debate en torno al artículo 155. «El Gobierno tiene que actuar en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y debe buscar fórmulas de convivencia entre los catalanes», señala Sixto Cadenas, de Sociedad Civil Catalana. A su juicio, en estos 100 días de Sánchez en Moncloa ha habido «un aumento de la crispación en las calles» provocado por el discurso de confrontación Torra, en el que insta al secesionismo a «tomar la calle». De momento, eso sí, no demanda al presidente que vuelva a intevenir la Generalitat: «Más allá de la gesticulación exagerada, no conocemos ninguna actuación concreta que diera lugar a la activación del artículo 155. Le corresponde al Gobierno velar para que el Govern y las instituciones catalanas no superen el marco legal».

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