Desprecio del Gobierno al Congreso: oculta por tercera vez los datos de cambio de sexo por la Ley Trans

El Gobierno se niega a dar datos sobre los efectos que está teniendo la nueva Ley Trans tras más de tres meses en vigor. Diferentes grupos parlamentarios han intentado en tres ocasiones saber cuántas personas han solicitado iniciar el procedimiento para el cambio de sexo tras la entrada en vigor de la norma (2 de marzo), pero se han dado de bruces con la falta de transparencia del Gobierno. Ahora ha sido el PP, pero anteriormente lo habían hecho Vox y el diputado independiente Pablo Cambronero.

En esta ocasión, el PP planteó dos preguntas por escrito en el Congreso a principios de mayo, firmadas por las diputadas Carmen Navarro, Marta González y María Jesús Moro. En la primera, en concreto, se preguntaba lo siguiente: «¿Cuántas personas han ejercido ese derecho (cambio de sexo) desde la entrada en vigor de la ley, desglosado por Comunidades Autónomas, sexo original y edad, en las oficinas del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia?». Y, en la segunda: «¿Cuántas personas han ejercido ese derecho (cambio de sexo) desde la entrada en vigor de la ley, desglosado por Comunidades Autónomas, sexo original y edad, entre la población reclusa?».

El Gobierno ha evitado la respuesta a la primera pregunta y ha respondido a la segunda, aunque ocultando los datos y prácticamente lo ha hecho con mofa. «En relación con la pregunta formulada, se informa que los centros penitenciarios no son el órgano competente al que una persona privada de libertad ha de dirigirse para un cambio de sexo. La población reclusa puede mantener comunicaciones formales con otras administraciones para el trámite que considere oportuno, sin que haya un registro específico del contenido de las mismas», responde el Ejecutivo.

Es decir, el Gobierno aprovecha que la segunda pregunta no hace referencia explícita a las oficinas del Registro Civil para escabullirse haciendo una interpretación sesgada y no ofrecer los datos. La pregunta sobre la población reclusa se ha elaborado porque uno de los peligros que tiene la Ley Trans es que las facilidades que da para el cambio de sexo puedan ser aprovechadas por los reclusos para ejercer la autodeterminación de género y poder mejorar su situación penitenciaria. Todas las alarmas se desataron con el caso de Isla Bryson en Escocia, una chica trans que violó a dos mujeres y aprovechó el cambio de sexo para estar encarcelada en una prisión femenina, hasta que la polémica cogió tanto vuelo que tuvo que ser trasladada a un centro penitenciario con hombres.

La Ley Trans ofrece muchas facilidades para ejercer el cambio de sexo, una circunstancia que ha desatado mucha polémica porque puede ser un agujero aprovechado para múltiples circunstancias, según alertan muchos críticos con la norma impulsada por Irene Montero: bien para delincuentes o bien, incluso, para aspirantes a puestos de trabajo en la administración ahora que hay cuotas reservadas.

En este sentido, como ya publicó este diario el 10 de marzo, pocos días después de que la Ley entrara en vigor, se había registrado una avalancha de peticiones de cambio de sexo en las oficinas del Registro Civil y casi la totalidad eran chicos que aspiraban a figurar como mujer sin cambiar el nombre.

Cabe recordar que, tras la entrada en vigor de la Ley Trans, para cambiar de sexo basta con la solicitud (entre 14 y 16 se requiere el beneplácito de los padres y entre 12 y 14 se precisa de autorización judicial). Una vez recibida la solicitud en el Registro Civil, se cita a la persona interesada para que comparezca. Realizado ese trámite, se vuelve a citar al interesado en un plazo máximo de tres meses y si ratifica su intención, en el plazo máximo de un mes se emite la resolución para materializar el cambio de sexo. Todo el trámite se puede hacer sin previo informe médico o psicológico que demuestre la disconformidad con el sexo, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos o quirúrgicos.

Tras tres meses con la ley en vigor, el Ministerio de Justicia tiene en sus manos recoger todos los datos de las solicitudes de cambio de sexo, ya que las oficinas del Registro Civil están bajo su responsabilidad. Sin embargo, la falta de transparencia del Gobierno es evidente ante el temor a que la Ley Trans se haya convertido en un nuevo fiasco legislativo, como el «sí es sí».