El líder del mayor sindicato de prisiones, suspendido tres años por incompatibilidades

José Luis Pascual Criado ha sido expedientado por Instituciones Penitenciarias por desarrollar actividades en el ámbito privado. Un juzgado le investiga también por malversación de caudales públicos.

Las cosas no le van bien a José Luis Pascual Criado. El que fuera durante muchos años líder del sindicato de prisiones Acaip (el mayoritario del sector) tiene problemas con la Justicia por haberse apropiado, presuntamente, de varios millones de euros a lo largo de su etapa como alcalde de Trabanca (Salamanca) gracias a la creación de asociaciones y sociedades pantalla a través de las que conseguía millonarias subvenciones públicas.

Pero además de sus presuntos “chanchullos” desde el Ayuntamiento salmantino del que fue primer edil desde 1999 hasta 2011, Instituciones Penitenciarias también le había abierto un expediente disciplinario el pasado 18 de octubre. Casi un año después, ya hay resolución, desfavorable para el funcionario.

Según publicó ayer el BOE, la subsecretaría de Interior le impuso el pasado día 12 una sanción de tres años de suspensión firme de sus funciones en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Consideran que ha cometido una falta "muy grave"tipificada en el artículo 95.2 apartado "N"del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: "El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a una situación de incompatibilidad". La notificación está firmada a 28 de septiembre por el subdirector general, José María Pérez Peña.

A pesar de la dura sanción, fuentes cercanas al funcionario aseguran que Pascual no ha salido del todo mal parado porque podría haber sido “condenado” a seis años. Fuentes de Instituciones Penitenciarias sostienen que su amistad con altos cargos de la actual ejecutiva socialista podrían haberle servido para reducir esa “condena” a la mitad. De hecho, a pesar de que su expediente lleva abierto desde el pasado mes de octubre, fue en cuanto llegó el PSOE al Gobierno cuando Pascual trató de paralizar su expediente. El pasado 5 de junio, sólo tres días después de que Pedro Sánchez tomara posesión de su cargo como nuevo presidente del Gobierno, el funcionario de prisiones solicitó la “suspensión” de la tramitación de su expediente disciplinario (número 2017/030), según se publicó en el BOE del 4 de julio. Sin embargo, mediante resolución del subsecretario de Interior fue desestimada su recusación dos días después y, por tanto, la investigación de su expediente continuaba su curso. Según el BOE, se trataba del cuarto incidente de recusación planteado por parte del funcionario y, de nuevo, le fue denegado. Además, le hacían saber que, en aplicación del artículo 46 de la ley de Administraciones Públicas, tenía 10 días de plazo para comparecer en la Inspección Penitenciaria, después de que no acudiera a multitud de citaciones. Una actitud similar a la mantenida en el procedimiento judicial ordinario abierto contra él por malversar presuntamente dinero público, donde alegó desconocer notificaciones para dilatar el procedimiento.

Ahora, Pascual deberá permanecer apartado de sus funciones públicas durante tres años. Muchos aseguran que llevaba 17 años liberado y que puede seguir viviendo sin problemas económicos gracias a todo lo que presuntamente ha malversado durante su etapa de alcalde y que, al parecer, seguiría haciendo con empresas a las que sigue vinculado aunque ya no figure en la junta directiva.

Respecto a este proceso judicial (también están implicados su mujer y su suegro), el pasado 12 de septiembre acudió a declarar ante la jueza instructora tras varios aplazamientos. Aunque por fin se presentó en el juzgado, lejos de colaborar con la investigación, sólo quiso contestar a las preguntas de su abogado. Según fuentes conocedoras del asunto, vinculó el procedimiento con guerras políticas para tratar de eludir su responsabilidad. Y es que la respuesta de Pascual ante todas las acusaciones de graves delitos es que se trat del “precio” que paga por haber sido “molesto” para el anterior responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Desde el sindicato iniciaron una serie de movilizaciones para luchar por una mejora de las condiciones laborales de los funcionarios pero, mientras los trabajadores se jugaban mucho, hubo muchas voces críticas contra Pascual, y fue acusado de utilizar la lucha sindical para sus intereses personales y achacar cualquier revés judicial a su papel como líder sindical.