La errática política migratoria del Gobierno de Sánchez: de la acogida del «Aquarius» a la condena del Supremo

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciara de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar porque ningún país europeo quería hacerse cargo. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas, especialmente a partir de 2018, efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés –incluidos menores– o el refuerzo de las relaciones con Marruecos a costa del pueblo saharaui. Son los bandazos de la política migratoria del gobierno socialista, que casi siempre protagoniza el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ahora, el que fuera juez de la Audiencia Nacional vuelve a estar en el punto de mira tras el fallo el pasado lunes del Tribunal Supremo (TS) confirmando que la devolución de menores migrantes marroquíes desde Ceuta en 2021 fue ilegal. Algo que ya advirtió LA RAZÓN durante la cobertura de este episodio. Tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, ratificada por España en el año 1990, como la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del menor, establecen que «el interés primordial del menor está por encima de cualquiera otro interés».

Tras conocerse el fallo, las críticas e incluso peticiones de dimisión han vuelto a rondar al titular de Interior. La oposición –PP– y los socios del Gobierno –Sumar, Bildu– reaccionaron ayer en la misma dirección y volvieron a reclamar responsabilidades e incluso que se vaya.

La realidad es que no es el único escándalo que le rodea. La tragedia de Melilla del 24 de junio de 2022 en la frontera de la ciudad autónoma con Nador, en la que al menos (de manera oficial) fallecieron 23 personas a consecuencia de la respuesta violenta de los oficiales marroquíes suscitó también críticas entre varios organismos, entre ellos, el Parlamento Europeo que solicitó la comparecencia del ministro, quien acudió después de la insistencia de este organismo, ya que en un principio rehusó acudir a dar explicaciones. Otra de las decisiones más escandalosas llevada a cabo por el Gobierno que alzó la bandera del «Refugees Welcome» a su llegada a Moncloa fue sustituir la alambrada de concertinas, que causaron muertos y heridos, por una valla de diez metros de altura. Una operación de maquillaje que escondía que en el lado marroquí se procedió a la instalación de las concertinas con fondos europeos. Este pago a Rabat ha tenido una consecuencia directa en los flujos migratorios, ya que ha desviado las rutas directamente hacia Canarias, por mar. 

Otra de las decisiones que persigue al titular de Interior fue la de mantener hacinadas durante semanas a miles de personas en el muelle de Arguineguín en el municipio grancanario de Mogán. El muelle se convirtió en un campamento improvisado de la vergüenza en el que llegaron a amontonarse bajo condiciones insalubres e inhumanas miles de personas, desatando las críticas del Defensor del Pueblo que pidió su cierre, alegando que se estaban vulnerando los derechos humanos.

Y es que los bandazos en migración de este gobierno progresista encuentran su máxima expresión en la defensa de la aplicación de las devoluciones en caliente tanto en Ceuta como en Melilla, a pesar de que Sánchez prometió derogarlas después de que el PP de Rajoy les diera encaje legal en la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como «Ley mordaza». También durante la pandemia estuvo en el ojo del huracán por su falta de transparencia con los vuelos de repatriación de inmigrantes desde las Islas Canarias hacia Marruecos, además, de toda la polémica por la decisión de alojar a los inmigrantes en hoteles de lujo. Como colofón a la incoherencia en política migratoria está el pacto europeo sobre migración y asilo, criticado por las ONGs porque, dicen, supone una restricción al derecho de asilo, además, de poner precio a los migrantes: una multa de 20.000 euros por recharzarlos.