Así afecta a España el nuevo pacto migratorio europeo

 Ocho años después de la ola migratoria procedente de Siria e Irak que tensionó el sistema de acogida basado en reglamento de Dublín por el que se establece que le corresponde examinar la solicitud de asilo normalmente al país por el que la persona accedió a la Unión Europea, los Veintisiete alcanzaron esta mañana el pacto migratorio europeo, que establece un mecanismo de solidaridad obligatoria para atender las demandas de los países de entrada, como España, Italia o Grecia. A falta de dos semanas para que finalice el año y con una cifra récord de 51.000 entradas irregulares, España es uno de los países con más interés en el nuevo marco regulatorio. De hecho, el acuerdo era una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. ¿Cuáles son las implicaciones para España?

En mi primer lugar, se ha logrado un acuerdo para reubicar a un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo, refugio o protección internacional. Ahora bien, se distingue entre aquellos que escapan de situaciones vulnerables ya sea persecución religiosa, étnicas, opiniones u orientación sexual de aquellos que solo buscan prosperidad económica. En el segundo de los casos la respuesta seguirá siendo la devolución a su país de origen. El nuevo pacto pone presupuesto a esta solidaridad compartida: 600 millones de euros. Esta solidaridad compartida es obligatoria, pero los países pueden optar por acoger o pagar una cuota, o combinar ambas fórmulas.

¿Qué ocurre en zonas tensionadas como Canarias?

Más de 350 personas han llegado en el día de hoy al archipiélago canario, unas cifras que este año son cotidianas por el elevado número de llegadas irregulares. De hecho, Canarias ha recibido un 118% más de inmigrantes que el año pasado, superando las 37.000 llegadas. Con estos números, si un estado miembro alega que afronta una afluencia excepcional que colapsa el sistema nacional de asilo, se pondrán en marcha mecanismos de solidaridad con dicho estado miembro y se le eximirá de sus obligaciones respecto a los demás.

¿Y si un país usa la inmigración irregular para desestabilizar a un país?

En julio de 2022, la OTAN acordó su concepto estratégico que citó a la inmigración con fines desestabilizadores como una amenaza híbrida. España recientemente había sido víctima de ello cuando alrededor de 10.000 inmigrantes cruzaron masivamente la frontera con Ceuta ante la pasividad de Marruecos y las quejas de España y la UE en plena crisis diplomática con Rabat tras la decisión de acoger en un hospital a líder del Frente Polisario. Si España sufriese otro ataque de esta naturaleza, los Veintisiete han acordado habilitar excepciones a los procedimientos de asilo y frontera, siempre con especial atención a los menores y vulnerables.

¿Afecta a los rescates en el mar?

El pacto migratorio prevé que aquellos países que asumen los rescates en el mar verán reconocido su esfuerzo en forma de porcentaje adicional a la solidaridad a la que tienen derecho. Nuestro país es responsable de la seguridad de 1,5 millones de kilómetros de los cuales, un millón se encuentra en el Atlántico, desde Canarias hasta Mauritania, precisamente donde a día de hoy se concentran el mayor número de rescates de pateras.

¿Sigue aplicándose el protocolo de Dublín?

Los países de entrada a la Unión Europea llevan años reclamando cambios porque supone un gran esfuerzo ya que la mayoría de las peticiones se presentan en el país por el que se entra a Europa y porque la UE prohíbe expulsar a los solicitantes mientras que tramita el expediente. Ahora el procedimiento será común y puede que no lo tramite el país al que llega el inmigrante. El solicitante no podrá elegir pero se puede asignar esa responsabilidad a cualquier estado miembro en función de si el migrante tiene familia o conoce la lengua de otro país. Cabe recordar, que a España llegan muchas personas cuyo destino final no es nuestro país sino reubicarse con otros familiares en otros lugares como Francia o Alemania.

¿Qué opinan las ONG?

Este periódico se ha puesto en contacto con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Desde Acnur acogen "con satisfacción los progresos realizados por los colegisladores" para alcanzar un acuerdo político sobre el Pacto y reiteran que "representa la mejor oportunidad para que se lleven a cabo reformas sostenibles y sensibles en materias de protección en toda la UE". Además, añaden, que "si se aplica con suficientes salvaguardias, supone una oportunidad para garantizar un enfoque global".

Por otro lado, desde son menos optimista y asegura que "socava aún más el derecho de asilo y los derechos humanos en la UE". Añaden que tras años de negociación "habrá una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo que en la práctica supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional". En su opinión "tendrán menos garantías y derechos por el mero hecho de proceder de un país o por estar indocumentados". En este sentido, son muy críticos con la solidaridad a la carta porque dicen que "no aliviará la presión migratoria ya que fija en situaciones de crisis un objetivo de 30.000 reubicaciones pudiendo los Estados intercambiar sus cuotas por 20.000 euros por cada persona no reubicada".