Europa pide datos para que Francia entregue a «Anboto» en el caso de Miguel Ángel Blanco

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial (Eurojust, por sus siglas en inglés) ha pedido información sobre la entrega de la etarra María Soledad Ipaguirre, alias «Anboto», para la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco en la Audiencia Nacional. El juez busca perseguir la responsabilidad de la cúpula de ETA en el crimen del exconcejal de Ermua (Vizcaya) en 1997 y para ello ha pedido a Francia que permita procesar a «Anboto» que en ese momento formaba parte de la dirección de la banda terrorista. Por su parte, fuentes de la Fiscalía han confirmado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llevará a la próxima Junta de Fiscales el debate sobre la prescripción del caso para algunos de sus miembros.

En un documento del 14 de febrero el Juzgado Central de Instrucción número 6 expone que ha recibido un email de Eurojust solicitando información sobre la entrega de «Anboto» para que «remitan copia de la decisión francesa que acordó la entrega inicial de la misma a España». Fuentes jurídicas consultadas explican que se trata de un trámite para decidir si el país vecino da la venia para investigar a la etarra en este proceso. La situación de «Anboto» es particular porque fue entregada a España por las autoridades francesas con anterioridad a que se formalizara su imputación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La ley obliga a que el Estado de la UE que desee procesar o condenar a una persona por un delito cometido por algo distinto a lo que se entregó deberá obtener el consentimiento del país que acordó su entrega. Así las cosas el pasado 11 de enero el juez envió una Orden Europea de Detención a los franceses para conocer su respuesta.

La querella que interpuso la Asociación Dignidad y Justicia fue dirigida también contra José Javier Arizkuren, alias «Kantauri», Juan Carlos Iglesias («Gadafi»), Asier Oyarzabal («Baltza»), Miguel García («Mikel Antza), Vicente Goicoechea («Willy»), Jokin Echevarría, Carlos Ibarguren e Ignacio Miguel García («Iñaki de Rentería»). Sobre la imputación de este último la Sala de lo Penal acaba de pronunciarse desestimando que los hechos estén prescritos para él. Su defensa sostenía que si los hechos que se le atribuían eran de 1997 y el procedimiento contra él comenzó en 2022 (momento de la querella) ya habían transcurrido más de los 20 años que establece el Código Penal para la prescripción.

En el seno de la Fiscalía se generó un debate jurídico a cuenta de este asunto y el fiscal que llevaba el asunto Vicente González Mota fue relevado por discrepar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el actual fiscal general. Ahora el tema será sometido a la cúpula del Ministerio Público para componer un criterio conjunto. García Ortiz estaba esperando a la decisión de la Sala de lo Penal y a una documentación que el país vecino debía entregar. Ahora que está todo lo someterá a la próxima Junta de fiscales de Sala que todavía no tiene fecha.