Interior

La exportavoz de los presos de ETA designada para instruir a Policías en derechos humanos

El SUP denuncia la designación del delegado del gobierno vasco que "constituye una humillación" para los agentes.

Manifestación en Pamplona a favor del acercamiento de los presos y la amnistía el pasado mes de abril
Manifestación en Pamplona a favor del acercamiento de los presos y la amnistía el pasado mes de abril. Eduardo SanzEuropa Press

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que la delegación del Gobierno en el País Vasco ha designado para formar a Policías en materia de derechos humanos a la exportavoz de las Gestoras ProAmnistía de ETA, Aitziber Bañuelos, el movimiento de apoyo a los presos de la banda terrorista.

Dentro de la lucha contra la violencia machista, la Delegación de Gobierno en el País Vasco, por segundo año consecutivo, ha previsto unas jornadas formativas dirigidas al personal de la Administración General del Estado en Euskadi para que, pese a carecer de competencias ni unidades especializadas en esta área, los funcionarios adscritos a este territorio adquieran “conciencia, conocimientos y herramientas para atender y orientar a quienes son víctimas de esta tipología delincuencial”.

La violencia contra cualquier persona y concretamente, en este caso, contra la mujer, constituye "una grave vulneración de los derechos humanos y en particular, de sus derechos a la vida, a la igualdad, a la dignidad y a la seguridad", destacan desde el SUP. Por ello, teniendo en cuenta que, “corresponde a los poderes públicos la prevención, detección, atención y erradicación de este tipo (y cualquier otro) de violencia así como la adopción de medidas para hacer efectivos y reales esos derechos fundamentales”, advierten de que resulta "un auténtico despropósito" que la Delegación de Gobierno en el País Vasco haya designado a para formar a policías y guardias civiles (entre otros funcionarios) a la que fuese portavoz de las Gestoras ProAmnistía, estructura dependiente de ETA-EKIN desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional a principios de la década de los 2000.

Recuerdan que, como tantos otros, ésta militante y activista ha sido durante años dinamizadora y participante habitual de las movilizaciones, manifiestos, comunicados de apoyo a los presos de ETA y cualquier otra iniciativa puesta en marcha contra el Estado desde la Izquierda Abertzale. Es por ello que "resulta difícil de encontrar una postura en la que alguien públicamente lidera la defensa el apoyo a los miembros de una organización terrorista -asesinos y autores de un sinfín de delitos cometidos en la mayoría de los casos contra miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- tenga encaje alguno como formadora de policías y guardias civiles en materia de Derechos Humanos".

Desde el SUP destacan que "puede que sea lícito" que personas condenadas por delitos de terrorismo o asesinato concurran como candidatos a unas elecciones, que en el País Vasco se conviva con homenajes y manifestaciones públicas de apoyo y agradecimiento a los autores de estos delitos, que se haya impuesto un modelo de olvido y blanqueamiento de más de 40 años de actividad terrorista solo con el fin obtener apoyos políticos, y "puede que, esta persona esté en posesión de la capacitación académica suficiente para impartir cursos de violencia machista”. Sin embargo, consideran desde el sindicato policial que "el mero hecho de poner al frente de unas jornadas orientadas a la protección de Derechos de las personas a quien jalea, apoya y persigue la amnistía para quienes vulneran los más esenciales y fundamentales por cuestiones étnicas, ideológicas o políticas, constituye un intento de sometimiento y un atropello" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a la memoria de las víctimas de ETA, y a la democracia.

"Resulta ofensivo, vejatorio y sectario". Desde el Sindicato Unificado de Policía subrayan que, además, todo ello "constituye una humillación sin precedentes para los profesionales de la seguridad pública y demás trabajadores de la Administración Central del Estado".