Los funcionarios de Justicia, expectantes: desconocen la propuesta de subida salarial del Gobierno

El próximo miércoles 21 de febrero será una fecha clave para los funcionarios de la Administración de Justicia. Ese día se abrirá la mesa sectorial de negociación, después de que a lo largo de enero se hayan concretado avances importantes. Estos se han materializado en un documento sobre las funciones y las modalidades de trabajo. Pero el Ministerio de Justicia aún no ha movido ficha y no ha adelantado ninguna oferta económica, a pesar de que los sindicatos han seguido la hoja de ruta que el secretario Manuel Olmedo les planteó el 10 de enero.

Los representantes de los funcionarios de Justicia están expectantes. Fuentes cercanas a la negociación confirman a LA RAZÓN que de momento se les ha convocado ese día, el 21 de febrero, pero sin más detalles. De momento, no saben ni a qué hora, ni quién acudirá ni los temas que se van a tratar. En la última reunión que mantuvieron el pasado 7 de febrero (una más de las planificadas inicialmente) lograron consensuar el texto que les servirá de base para solicitar los recursos a Hacienda para la mejora retributiva que llevan reclamando desde abril del año pasado.

El escrito incluye un análisis del impacto de las leyes de eficiencia y del proyecto Justicia 2030 en las funciones del personal de Justicia y una adenda en la que se establece una regulación básica, aplicable a todos los ámbitos de competencia que incluye la referencia al artículo 47 bis del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP”. Ahora es el momento de hablar de dinero y de concretar la subida salarial para todo el personal de los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

Vicente Navarro, presidente de STAJ, el segundo sindicato del sector, explicó a este periódico que el documento servirá de base para la negociación del reconocimiento retributivo que vienen reclamando, pero avisó que “no se trata aún de ningún acuerdo de tipo salarial", advirtiendo que "STAJ solo lo suscribirá si incluye la parte económica”. Y señala que los avances que se han registrado hasta ahora se deben a "las movilizaciones y huelga llevada a cabo por los funcionarios y funcionarias de los cuerpos generales y especiales durante el pasado año”.

También recordó que está pendiente la definición y los detalles de lo que se denomina el puesto de trabajo deslocalizado, un tema novedoso planteado por el ministerio en las últimas jornadas de diálogo entre las partes. Por ello, han optado por dejar los detalles de este aspecto para la negociación posterior, una vez esté cerrada la subida salarial.

La oferta económica es la clave para cerrar el conflicto, es “lo más importante”, según varias fuentes sindicales consultadas por este periódico. Sin un planteamiento de mejora retributiva por parte del ministerio que satisfaga sus demandas y que dé respuesta a lo acordado en el documento que tienen sobre la mesa, el acuerdo “solo servirá para envolver pescado”, asegura una fuente. Es decir, sin subida salarial, el conflicto se reactivaría.

“Tenemos la tranquilidad de que hemos sido leales en los que se nos pidió, hemos aportado nuestras propuestas a ese documento que servirá para armar la subida salarial. Ahora toca que la Administración mueva ficha y que ponga sobre la mesa una propuesta económica. Es lo que esperan los 43.000 funcionarios de Justicia”, explica Javier Jordán de Urriés, presidente de CSIF, el sindicato mayoritario.

Para asegurarse que esta reivindicación se cumplirá, el sindicato mayoritario ha planteado una propuesta de enmienda a la disposición adicional novena del proyecto de Ley de medidas para la ejecución del Plan de Recuperación (RDLey 6/2023), actualmente está en trámite. Ha pedido a los grupos parlamentarios que incluyan de manera expresa este reconocimiento retributivo mediante el texto: “reconocer, legal, laboral y retributivamente, este impacto en las funciones de los mencionados cuerpos en las cantidades incrementadas a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia”.

"Ese documento-acuerdo no deja de ser algo 'filosófico'. Nos reconoce el trabajo que hacemos y el cambio que supondrá el nuevo sistema, pero no incluye lo que queríamos. Nos hubiera gustado que terminara con algo inequívoco, que a mayores funciones, más retribuciones", señala Navarro. Y advierte que si no viene nadie de Hacienda a la reunión del 21 de febero, "sería un error".

Recordaron que fue el propio ministro Félix Bolaños quien, al comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso, reiteró el compromiso de negociar esta subida salarial el 21 de diciembre.

Respecto del teletrabajo, según informa STAJ, se ha perfilado un texto con las premisas básicas que regirán esta modalidad de trabajo a distancia que sirvan de base para el modelo que se regulará en la Administración de Justicia, sin tocar las competencias de desarrollo normativo de las comunidades autónomas.

También sigue abierta la opción de sellar un acuerdo de legislatura cuando se haya solucionado el conflicto, tal como señala CSIF, algo que planteó por el propio secretario de Estado. Entre los asuntos que se podrían acordar están las leyes de eficiencia organizativa, la implantación de los tribunales de instancia, el nuevo modelo de Registro Civil y la distribución funcional en las oficinas judiciales. Pero reiteran: lo prioritario es el ajuste salarial que esperan desde abril del año pasado.