García Castellón mantiene su demanda contra Belarra por llamarle "corrupto" y le reclama 240.000 euros

El exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón mantiene su demanda por vulneración del derecho al honor contra Ione Belarra por llamarle "corrupto" y prevaricador. Así lo ha puesto de manifiesto su abogada en la vista celebrada en el Tribunal Supremo (TS), en la que ha ratificado su petición de una indemnización de 240.000 euros por daños morales a la dirigente de Podemos. Una cantidad que la Fiscalía, que apoya la demanda, reduce a 40.000 euros.

La Sala, no obstante, ha planteado dudas sobre su competencia en este asunto y ha dado un plazo de 20 días a las partes para que se pronuncien sobre la competencia del alto tribunal para pronunciarse sobre las manifestaciones de una diputada realizadas en una red social como X (antiguo Twitter), ante las dudas de que esos comentarios se hayan realizado en el ejercicio de sus funciones como parlamentaria.

Y es que el Supremo tiene que esclarecer, según ha explicitado el presidente de la Sala, no solo si existió una vulneración del derecho al honor del exjuez de la Audiencia Nacional, así como analizar el contexto en el que se realizan esas manifestaciones, sino también valorar la condición de diputada de Belarra, dado que el ejercicio de su función representativa ampara las opiniones que realice en el ejercicio de su cargo.

En su intervención ante el tribunal, la abogada de García Castellón, Victoria Vega, ha recordado que hace unos días Belarra se ha ratificado en sus declaraciones en un programa de televisión al considerar que la demanda solo pretende "callarnos" para "que sigan mandado los que han mandado durante 40 años", reprochando al juez sus "ataques" a Podemos.

Por su parte, el abogado de Belarra ha negado que el tuit de la dirigente de Podemos haya supuesto una intromisión en el honor del magistrado jubilado, y en este sentido ha puesto de relieve que esos comentarios no han afectado a su prestigio profesional, porque con posterioridad ha seguido participando en diversas jornadas y ha recibido premios.

"Graves perjuicios"

García Castellón demandó a Belarra por tacharle de "corrupto" en un tuit publicado tras su jubilación el 2 de septiembre del pasado año. "Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", escribió la líder de Podemos.

El exjuez de la Audiencia Nacional le reclama 240.000 euros por "atentar gravemente contra su persona y su carrera profesional" teniendo en cuenta que esa publicación alcanzó las 662.000 visitas y sumó más de seis mil "me gusta", mil comentarios y 3.000 interacciones, abundando las "vejaciones, insultos y desprecios" a García Castellón.

Su abogada incidió en el "alcance mediático del comentario" debido a la condición de diputada y secretaria de un partido político" de Belarra, lo que le otorga "una capacidad de influencia infinitamente superior" a la que pueda tener cualquier otra persona. Sus comentarios, además, se multiplicaron porque varios medios de comunicación se hicieron eco de ese tuit, argumentó su defensa.

Para la letrada, esa publicación "vulnera flagrantemente el derecho al honor de mi representado, atentando gravemente contra su persona y contra su carrera profesional que, como es bien sabido, ha sido en todo momento intachable". "No existe ni una sola sentencia que condene al Sr. García-Castellón por un delito de corrupción ni por un delito de prevaricación, puesto que nunca ha sido juzgado por ello", destaca.

El tuit de la líder de Podemos -enfatiza- causó a García Castellón "graves perjuicios, alterando su tranquila y apacible retirada vida actual, así como menoscabando su salud" al utilizar expresiones "ultrajantes y ofensivas".

Posteriormente, el magistrado jubilado amplió su demanda a raíz de la reacción de Belarra, que el 20 de septiembre de 2024 manifestó en X (antigua Twitter): "García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena". A consecuencia de estas expresiones, su petición de indemnización pasó de 120.000 a 240.000 euros.