El Gobierno acusa a Leopoldo Puente de no respetar la separación de poderes

Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo a cargo del caso de José Luis Ábalos, llegó a sugerir el pasado miércoles una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para evitar que imputados como el ex número dos del PSOE puedan mantener el escaño. Sus palabras provocaron un verdadero revuelo político ayer en la Cámara Baja y condujeron a una llamativa dicotomía: la mayoría de socios del Gobierno está de acuerdo en que Ábalos no tiene que ser diputado, pero también en que Puente se sobrepasó con ese tipo de proposición. Sin embargo, quien más elevó la presión sobre el juez fue el propio Gobierno. «Lo que dijo es como si el Legislativo se mete en el Poder Judicial», asegura una fuente de Moncloa. «El Congreso es independiente y cada uno tiene que ceñirse a su ámbito», añade, apuntando así a que el juez no estaría respetando la separación de poderes.

La polémica nació a raíz del auto de Puente tras la declaración de Ábalos. El juez subrayó que el exministro imputado «ejerce a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley)» y llamó a la «reflexión» para dilucidar si sería conveniente «articular por ley algún mecanismo» que impidiera este tipo de situaciones, porque el exministro no perdería su escaño hasta ser condenado.

Pero esta idea no ha cuajado, ni a la izquierda ni a la derecha del arco parlamentario, lo que sirve para descartar ya al máximo que esto sea una posibilidad. Lo que sí ha cuajado es un rechazo unánime, al margen de la ideología política, de casi todos los socios. Desde el PNV explican que no les ha llegado ninguna propuesta de reforma del Reglamento, así que no se van a pronunciar hasta que alguien quiera dar ese paso. Sin embargo, sí subrayan que «los autos no son el espacio para que los jueces vuelquen sus opiniones políticas». «Los jueces aplican la ley y juzgan, el Poder Legislativo es quien debate las leyes, valora el interés general y las aprueba», añaden las fuentes. En Junts han aprovechado la ocasión para intentar ir más lejos y poner encima de la mesa un reclamo que piden desde hace tiempo. «Lo que debe pasar es que se derogue el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que se ha usado en contra de los diputados independentistas electos», piden desde la formación de Carles Puigdemont.

El artículo al que hacen referencia en Junts se aprobó después de que el preso de ETA Juan Carlos Yoldi pudiera asistir a un pleno del Parlamento vasco en 1987 y sirvió para suspender a los presos del procés e impedirles actuar como diputados, mientras estaban en prisión provisional, por estar procesados por rebelión. Es decir, que los postconvergentes no sólo no se abren a recortar el margen, buscarían ampliarlo.

También hay muchas voces en el Congreso que opinan que Ábalos debería dejar el escaño, por ejemplo Sumar como Movimiento, pero también los diputados de las pequeñas formaciones que pueblan la coalición. «En mi opinión de ciudadana y de política, que no de jurista, Ábalos sin duda alguna debería entregar su acta cuanto antes. De hecho, debería haberlo hecho ya hace tiempo», aseguró Verónica Barbero, la portavoz de Sumar. Sin embargo, no se mostró de acuerdo a que se le tenga que obligar y apuntó a que hacerlo incluso podría ir contra la Constitución.

«Ya está bien que los jueces, además de hacer política, se dediquen también a decir al legislador cómo y qué legislar. Es una cuestión de separación de poderes», aseguraba ayer Barbero. «Hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, más cuando estamos hablando del poder legislativo. Hay que respetarla», dijo, añadiendo que el artículo 24 de la Constitución apunta a que «la ley no puede obligar a una persona a renunciar a su cargo, salvo que haya una voluntad por su parte o, en su caso, una sentencia firme». Y añadió: «Lo contrario, que parece ser lo que se plantea, roza la inconstitucionalidad». En Izquierda Unida, ironizan con que «parece que cierto sector de la judicatura habla mucho de la separación de poderes» y que «resulta cada vez más sorprendente que haya que seguir recordando que el ejemplo empieza por uno mismo y que el Poder Judicial está para cumplir y hacer cumplir las leyes, no para hacer comentarios de texto sobre ellas, ni sobre reglamentos de instituciones democráticas sobre las que nada tienen que ver».