El Gobierno acusa al PP de "consumar la vergüenza" en su pacto con Vox

Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 23 de julio, tras el batacazo de las municipales y autonómicas, ante la certeza de que el PP pactaría con Vox allí donde lo necesitase para alcanzar el poder. Esa foto de alianzas en varios territorios y ayuntamientos permitiría al Gobierno resucitar la amenaza, ya materializada, de la colonización por parte de la ultraderecha de las instituciones. Sin embargo, la capacidad de los populares para medir los tiempos no garantizaba que estas alianzas se fueran a materializar antes del 23-J.

En Moncloa contaban con que Alberto Núñez Feijóo dilataría el proceso para evitar acudir a las generales con esa mochila. Por ello, en el Ejecutivo ha sorprendido la "rapidez" con la que los populares quieren "asumir cuanto antes el control de las instituciones". El acuerdo entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana así lo certifica. En el Gobierno aseguran que los populares "consuman la vergüenza" en el pacto alcanzado en esta región y acusan al partido de "mercadear" con algo "tan grave" como la violencia de género para conseguir gobiernos. Sin embargo, el candidato de Vox en esta comunidad, Carlos Flores, condenado por violencia machista, ha dado un paso atrás y no formará parte del Ejecutivo regional.

Esto se produce después de que desde Génova se avanzase ayer por parte de su portavoz de campaña, Borja Semper, que esta condena era una línea roja para alcanzar un acuerdo que le incluyese. Lejos de valorar el paso atrás de Flores, en el Gobierno despachan en el PP la responsabilidad de haber "movido la línea roja de la Comunidad Valencia al Congreso", dado que Flores encabezará la lista de Vox por Valencia para las generales. "Traslada el problema al 23-J", aseguran fuentes gubernamentales.

En el Ejecutivo creen que "esto le pasará factura" al PP, porque se trata de "algo muy grave" como es todo lo relativo a la violencia de género, en un terreno en el que el principal partido de la oposición está dando la batalla cultural. "Es una línea roja muy grave, usar la violencia de género como moneda de cambio para conseguir gobiernos", inciden.