Un Gobierno de resistencia

 Pedro Sánchezconserva su núcleo duro en el Gobierno como asidero con el que hacer frente al temporal que acompañará a la ejecución de sus acuerdos de investidura con Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat huido de la Justicia española, y con los otros socios independentistas y nacionalistas. Por aquello de «hacer de la necesidad virtud», la situación política no le deja camino para arriesgar en nombramientos, y el contexto en el que nace el nuevo mandato tampoco ayuda para atraer talento de fuera, además de que la cantera del partido está seca, después del desastre de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Todos estos factores modelan un nuevo Gobierno que es una continuidad del que ha tenido en la pasada legislatura, en dimensión, mantiene los 22 ministerios, y en cuanto a armazón.

Es un Gobierno de resistencia, en el que Sánchez aparca a un segundo plano la economía para blindarse con sus «fontaneros» de Moncloa y con las dos piezas que han sido básicas en la negociación de la investidura, y que lo seguirán siendo en el diálogo con el independentismo: Félix Bolaños y María Jesús Montero. La política española se juega a partir de ya en una triple pista, la doméstica, Bruselas y Ginebra, y el alcance de lo pactado, y de las futuras conversaciones en la «mesa» de los verificadores, exige discreción, reserva, y que cuantos menos estén al tanto, mejor.

Por eso las dos figuras claves son la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asciende en el escalafón con las mismas competencias, y, sobre todo, el ministro Félix Bolaños, que lleva el peso de Moncloa, de Justicia y de las Relaciones con las Cortes. Un todopoderoso vicepresidente, sin ostentar oficialmente ese cargo, y que tendrá que asumir la gestión de los diversos acuerdos con el soberanismo, la aplicación de la amnistía y buscar una fórmula para desatascar la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), sin contar con el PP. Es una tarea hercúlea, de la que depende la estabilidad y el futuro del nuevo Gobierno de coalición.

Pero este Ejecutivo también tiene frentes abiertos en materia fiscal si quiere que Puigdemont mantenga su apoyo, y de financiación autonómica, si no quiere que su trato con el prófugo no se convierta en una rebelión autonómica debajo de la pancarta de la defensa de la igualdad.

Además, España tiene comprometida una reforma fiscal con la UE, para que siga llegando el maná de los fondos europeos, que debía haber implementado en la pasada legislatura. El pulso entre Junts y ERC; la división de Sumar con Podemos; la posible pinza económica de PNV, Junts, y podría unirse el PP; y la de ERC, Bildu, y podría unírseles Podemos, obliga al nuevo gobierno a limitar su ambición reformista. La debilidad parlamentaria del PSOE no le permitirá tener una agenda propia, sobre todo que trascienda puntuales cuestiones sociales que, por corrección política, todos los socios se vean obligadas a respaldar para no quedar mal ante la ciudadanía.

El gran reto, que juega a favor del Gobierno, es desplegar los miles de millones de euros que caerán de Bruselas y para los que Sánchez parece que ha tomado el modelo José Montilla, que primero pasó por el Ministerio de Industria antes de llegar a la Presidencia de la Generalitat. Colocar a Salvador Illa en ese puesto es un objetivo prioritario de Sánchez para los próximos meses y ahí es donde encaja el nombramiento del catalán Jordi Hereu como ministro de Industria, que conoce el sector catalán, controlará los Perte, y trabajará en Cataluña para ayudar electoralmente al PSC y a Salvador Illa.

El otro reto económico, pero que juega en contra, es que el nuevo equipo económico no se moverá ya en un clima de libertad de gasto, sino de ralentización económica y de ajuste fiscal en la UE por la puesta en marcha de las nuevas reglas fiscales.