La Guardia Civil cree que el fallo de Navarra solo retrasa la cesión de tráfico

En las unidades de la Guardia Civil destinadas en el norte han estado acostumbrados durante muchos años de pasar de la alegría a la tristeza y viceversa. Pero siempre con el mismo espíritu de trabajo, servicio y disciplina. Y eso ha ocurrido en la comandancia de Navarra. No habían transcurrido muchos días desde las honras fúnebres por el agente del GAR asesinado en Barbate cuando se recibió la noticia de la resolución del Tribunal Supremo por la que se anulaba el traspaso de las competencias de Tráfico a la Policía Foral. Dadas las prisas del actual Gobierno en satisfacer a sus socios, en este caso a los de Bildu, lo habían hecho con un real decreto cuando se debía hacer con una ley orgánica.

Además, el Supremo señalaba en su resolución que «la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función auxiliar, subordinada, colaborativa o de cooperación». Algo que debería ser tenido en cuenta en la futuro texto legal que se apruebe en Navarra y en Madrid, porque mayoría tienen para eso, aunque en la España actual todo puede cambiar en función de pactos coyunturales.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por boca del propio presidente, no ha perdido un minuto en tranquilizar a los de Arnaldo Otegi, a los que tanto debe, y les ha transmitido que las promesas se van a retrasar un poco, pero que no se preocupen que los agentes de Tráfico de la Benemérita van a tener que abandonar, sí o sí, la Comunidad Foral. El mismo al que no se vio ni en la capilla ardiente ni en el funeral en la catedral de Pamplona por el agente del GAR asesinado en Barbate.

En las unidades de la Guardia Civil destinadas en el norte han estado acostumbrados durante muchos años de pasar de la alegría a la tristeza y viceversa. Pero siempre con el mismo espíritu de trabajo, servicio y disciplina. Y eso ha ocurrido en la comandancia de Navarra. No habían transcurrido muchos días desde las honras fúnebres por el agente del GAR asesinado en Barbate cuando se recibió la noticia de la resolución del Tribunal Supremo por la que se anulaba el traspaso de las competencias de Tráfico a la Policía Foral. Dadas las prisas del actual Gobierno en satisfacer a sus socios, en este caso a los de Bildu, lo habían hecho con un real decreto cuando se debía hacer con una ley orgánica.

Además, el Supremo recordaba en su resolución que «la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función auxiliar, subordinada, colaborativa o de cooperación». Algo que debería ser tenido en cuenta en la futuro texto legal que se apruebe en Navarra y en Madrid, porque mayoría tienen para eso, aunque en la España actual todo puede cambiar en función de pactos coyunturales.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por boca del propio presidente, no ha perdido un minuto en tranquilizar a los de Arnaldo Otegi, a los que tanto debe, y les ha transmitido que las promesas se van a retrasar un poco, pero que no se preocupen que los agentes de Tráfico de la Benemérita van a tener que abandonar, sí o sí, la Comunidad Foral. El mismo al que no se vio ni en la capilla ardiente ni en el funeral en la catedral de Pamplona por el agente del GAR asesinado en Barbate.

Tras el conocimiento de la sentencia, la satisfacción entre los 145 agentes del sector de Tráfico, y sus compañeros de comandancia en general, era patente, aunque dada la disciplina del Cuerpo, no se exteriorizó de ninguna manera.

Por cierto, que la plantilla debería ser de 215 y habría que explicar por qué se produce esta carencia: si las malas expectativas creadas por el Gobierno han influido en ello o es por otras razones. Interior debería preguntarse por qué no se piden determinados destinos, como ocurre con el Servicio Marítimo de las provincias andaluzas. Los dramáticos hechos criminales de Barbate pueden dar una pista de lo que ocurre.

Los agentes de Tráfico de Navarra se distribuyen en seis destacamentos (Noain, Estella, Tudela, Alsasua, Elizondo y Tafalla) además de la Plana Mayor del Sector en Pamplona.

Son conscientes, porque así se ha manifestado públicamente, de que la resolución del Supremo supone un retraso en los planes del Gobierno y sus socios. En cualquier caso, el periodo transitorio de cuatro años que se había establecido empezará a contar más tarde y ya se sabe que en tanto tiempo pueden ocurrir muchas cosas, sobre todo cuando elecciones por medio.

Todo este embrollo podía haber sido evitado si se hubiera hecho caso a destacados foralistas que hicieron llegar al Gobierno de Navarra razonados estudios en los que, como publicó LA RAZÓN en abril del año pasado, advertían de que se estaba produciendo un fraude de ley.

El Ejecutivo foral, con María Chivite a la cabeza, no hizo ni caso y ahí están los resultados, aunque ya ha anunciado que seguirán en su empeño. La asociación JUCIL sí los hizo suyos y es la que presentó el recurso que ha sido aceptado por el Supremo, por más que desde el Gobierno de Navarra, apoyado por EhBildu, se empeñaran en negarles representatividad para formular el mismo.

Lo que se venía a decir entonces y se ha confirmado ahora, gracias al extenso informe que el destacado foralista Jaime Ignacio del Burgo hizo llegar a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, y a los partidos representados en el Parlamento regional, es que «la presencia de la Guardia Civil está legitimada por el propio Amejoramiento del Fuero, cuando dice que en materia de tráfico se aplicarán los convenios vigentes».

«Es cierto que Navarra tiene derecho a ampliar sus competencias. Pero si no hay un convenio entre Navarra y el Estado que modifique el número 3 del artículo 49 del Amejoramiento no puede acordarse la privación a la Guardia Civil de las funciones que ahora realiza en materia de tráfico. Y eso solo puede hacerse mediante una Ley Orgánica», subrayaba el foralista y ahora ha confirmado el Supremo.

«El otro camino –añadía– sería que el convenio alcanzado con Navarra se incorpore al ordenamiento jurídico invocando lo dispuesto en el artículo 150,2 de la Constitución que permite al Estado, mediante Ley orgánica, la transferencia o delegación de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de trasferencia o delegación. Una vez alcanzado se resuelve cómo ha de incorporarse al ordenamiento jurídico. Lo que es indiscutible es que un simple acuerdo en la Junta de Transferencias, que se pone en vigor mediante un real decreto del Gobierno, no es el instrumento legal adecuado. De modo que solo mediante la modificación del Amejoramiento del Fuero es posible ejercer en exclusividad las competencias de ejecución en materia de tráfico que actualmente comparte la Policía Foral con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil». Más claro, agua, y Chivite prefirió mirar para otro lado.

De todo ello, del Burgo concluía que «es inaceptable que, con desconocimiento del principio esencial del régimen foral que requiere que para cualquier modificación del Amejoramiento del Fuero o del régimen foral que tiene su fundamento en la Ley Paccionada de 1841, el Gobierno pueda pactar fuera del procedimiento establecido con ninguna fuerza política de la Comunidad Foral o de cualquier otra Comunidad la fecha de entrada en vigor de una reforma que debe contar con la aprobación del Parlamento de Navarra y el refrendo de las Cortes Generales».

Siendo importante el aspecto legal del asunto, no lo es menos el humano, el de los agentes y sus familias sometidos durante tanto tiempo a la incertidumbre sobre cuál va a ser su futuro. Muchos han echado raíces en Navarra, han adquirido propiedades, sus hijos se han criado allí. Es verdad que se les ofrece una «pasarela» para integrarse en la Policía Foral que, hay que recordarlo, no cuenta con a día de hoy con los efectivos suficientes para hacerse cargo de la competencia. Pero son muchos los que prefieren seguir siendo guardias civiles.

«Actuaremos cada vez que se dañe a la Benemérita»

«Nuestra idea es seguir intentando obtener los apoyos necesarios para que no se produzca el traspaso de competencias a la Policía Foral, pero corresponde a los partidos políticos posicionarse y actuar. A pesar del amplio rechazo existente, salvo error, ningún partido político, ninguna otra asociación profesional, nadie a salvo de JUCIL, confió en acudir a los tribunales para impugnar la atropellada actuación realizada para llevar a cabo la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico, porque lo que se ha pactado no es un traspaso de competencias, es la expulsión de la Guardia Civil de Navarra con un nombre dulcificado. La Agrupación de Tráfico era solamente el inicio de una hoja de ruta. La expulsión de la Guardia Civil en Navarra no obedece a criterios objetivos, más bien políticos, pues ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional una eficiente y encomiable labor a lo largo de los años que en los que ha prestado y presta sus servicios». Así lo ha manifestado a LA RAZÓN Alberto Álvarez Arranz, secretario jurídico de la asociación, que ha obtenido este éxito legal.

«Estamos siendo moneda de cambio continua, y al menos con el actual Gobierno no parece que vaya a dejar de serlo. Navarra es un ejemplo claro y no el único, pero no solamente se hace mediante el traspaso formal de competencias a policías autonómicas, también se hace no respondiendo de manera contundente cuando éstas van intentando asumir ámbitos que no les corresponde, como es el caso de los Mossos d’Esquadra en Cataluña y el Servicio Marítimo. Cada vez que exista una actuación que perjudique a la Guardia Civil y a los guardias civiles, JUCIL interpondrá los recursos correspondientes. Como ya hemos dicho, estaremos vigilantes para que el Gobierno tenga claro que no todo vale, y que cuando actúe de manera inadecuada, que va a tener que responder de ello ante los tribunales», subraya.

«En cualquier caso, hay que destacar que el aspecto más relevante no está en la sentencia, sino en la reacción unánime de toda España al conocerla. Es increíble cómo todo un país, a excepción de unos pocos, se ha alegrado tanto de una resolución judicial que no les afectaba directamente, porque saben lo que representaba la expulsión de la Guardia Civil de tráfico de Navarra en un pacto con Bildu», destaca.

El letrado insiste en que «estaremos vigilantes y llegaremos hasta donde nos sea legalmente admitido para que, si fracasa nuestro intento de mantener la competencia sobre Tráfico, la afectación al personal y sus familias sea la menor posible. Defenderemos sus intereses de todas las formas posibles, como hacemos con todos los asociados».

Cabe señalar que el Gobierno de Navarra se ha dirigido al Tribunal Supremo para que le aclare si las competencias que ya había asumido, como las relativas a autoescuela, cobro de multas, autorizaciones para los centros médicos de reconocimiento, autorizaciones para los centros de recuperación de puntos del carnet, campañas divulgativas de seguridad vial, autorización de eventos con vehículos históricos y la elaboración de informes de pruebas deportivas que se desarrollen en carreteras navarras las pueden mantener o no. Parece que, de momento, es lo que realmente prepocupa al Ejecutivo de Chivite tras el revolcón legal que le ha propinado una asociación de la Guardia Civil, secillamente por ignorar los informes que le advertían del error .